Maria Isabel Castellanos Gudiño

Expediente 1377/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1377/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Isabel Castellanos Gudiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la cual se negó el amparo solicitado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de conservación. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es conservable y será transferido al archivo de concentración una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se negó el amparo solicitado. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Incidental

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que por auto de esta fecha se ordenó el archivo en el juicio de amparo de donde deriva la presente incidencia, por estar concluido; por tanto, se provee lo relativo al incidente de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, al haberse negado la suspensión definitiva del acto reclamado. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el precitado Acuerdo General. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos, en original, a la incidencia en que se actúa.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA, NO OBSTANTE, EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL DOS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, LA RESOLUCIÓN A NOTIFICAR SEÑALA: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1377/2023, promovido por ****, por propio derecho y en representación de A.M.C. y P.M.C., contra actos que reclama de la Jueza Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ****, por propio derecho y en representación de A.M.C. y P.M.C., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por el acto y contra las autoridades siguientes: Autoridades responsables: I. Jueza Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; Acto reclamado: I. Acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio civil ordinario 616/2022. SEGUNDO. Tramitación del juicio. De dicho juicio toco conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el que auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, admitió la demanda propuesta, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó dar vista a la representante social de la adscripción; se emplazó a la tercera interesada. Posteriormente, en auto de siete de junio de dos mil veintitrés, remitió a este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, los autos del presente juicio de amparo, al considerar que se actualiza un conocimiento previo. Así las cosas, una vez substanciado el procedimiento administrativo de conocimiento previo, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se avocó al conocimiento del asunto, asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; así como los diversos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, se hacen consistir en: A. Acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio civil ordinario 616/2022, por el que se decreta como medida cautelar un régimen de convivencias entre el tercero interesado Mario Alberto Martínez Martínez, con sus menores hijos A. y P. de apellidos M.C. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las diversas constancias que remitieron tales autoridades en apoyo a su informe justificado, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Consideraciones previas al estudio del fondo. I. Oportunidad de presentación de la demanda. El veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, le fue notificado el acto reclamado a la parte quejosa; en tal virtud, el plazo para presentar la demanda trascurrió del veintiocho de marzo al veinte de abril de dos mil veintitrés. De ahí que al haberse presentado la demanda el diecisiete de abril del año en curso, debe estimarse oportuna, pues fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Sin que en dicho plazo se cuenten los días uno, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, quince y dieciséis de abril, de dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles acorde a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. II. No se actualiza causa de sobreseimiento. En virtud no actualizarse alguna causa de improcedencia, ni las partes las hicieron valer, y del estudio de las constancias del sumario, no se advierte que se actualice causa de sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por lo que se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucional del acto reclamado. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. I. Fijación de la litis. Se centra en determinar si el acto reclamado transgrede el principio de legalidad contemplado en el numeral 14 y 16 Constitucional. II. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es menester destacar los antecedentes principales de los actos reclamados, los cuales se desprenden de las constancias del juicio de origen, siendo los siguientes: 1. En la estadística del Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, se encuentra radicado el juicio civil ordinario 616/2022, promovido por ****, contra ****, demandando, en la vía civil ordinaria la disolución del vínculo matrimonial así como la convivencia provisional y definitiva con los menores A.M.C. y P.M.C.. 2. Por auto de cinco de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda civil y se registró con el número de juicio 616/2022. 3. Con fecha ocho de abril de dos mil veintidós, se emplazó a la tercero interesada María Isabel Castellanos Gudiño. 4. Por auto de trece de junio de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, se proveyeron escritos del abogado patrono del actor en el juicio de origen, y se señaló fecha y hora para el desahogo de la escucha de menores. 5. La mencionada escucha de menores de edad, tuvo verificativo el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la que en lo que interesa, se obtuvo en cuanto al menor de edad A.M.C.: ".que tiene muchos juguetes, los cuales se los han dado su papi y su mami." ".si desea que lo acompañe su mamá o su papá, quien responde que su "papi"." ".Se le pregunta si le gusta convivir con su papi y responde: sí, pocas veces." ".se le pregunta al menor quienes son las personas que dibujó y menciona que su mamá, su papá, su hermano Paolo y su amigo de la escuela Rafa. [.] El infante se presenta vestido y aseado con prendas de calidad y limpias, además bien peinado, se mostró tímido y con pocas ganas de platicar, máxime que por su edad de tres años, resulta difícil entablar una plática con el infante.- - - Sin embargo, se advierte que el niño se mostró cariñoso con su papá a quien abrazó durante toda entrevista y jugaba con él.". 6. Finalmente, mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, fijó el régimen de convivencias provisional en que el progenitor Mario Alberto Martínez Martínez, debía convivir con los menores de edad. III. Conceptos de violación. La parte quejosa, aduce medularmente en sus conceptos de violación, que: a) Que la autoridad responsable pasó por alto la edad de los menores, sus necesidades y costumbres, la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio, pues la responsable desconoce los horarios escolares de los menores de edad, asimismo desconoce el horario laboral del actor en el juicio de origen. b) Que no se consideró la manifestación del menor de edad A.M.C. al momento de la escucha en la que manifestó que si le gusta convivir con su papi, a lo que contestó que sí, pocas veces. IV. Decisión sobre la litis constitucional. Los argumentos vertidos en el concepto de violación señalado son infundados de conformidad con lo que se verá a continuación. Para lo que sigue, conviene tener presente el contenido de los artículos 567 y 568 del Código Civil del Estado de Jalisco, que disponen lo siguiente: "Artículo 567. Niñas, niños y adolescentes deben ser objeto de especial atención, cuidado y reconocimiento. Son niñas y niños las personas menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad." "Artículo 568. Niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que México sea parte, la Constitución Política del Estado, la legislación general y estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, este código y todas aquellas disposiciones que atiendan el interés superior de la niñez." De los textos legales en comento se obtiene, en lo que interesa, que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de interés superior, puesto que deben ser objeto de atención, cuidado y reconocimiento; principio que a su vez se encuentra consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, ello por encima del interés de los progenitores. De igual manera es necesario traer a colación el interés superior del menor y con fundamento en los 1 "Artículo 4. - .En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. .". artículos 4°, Constitucional2; 3° y 4° de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes3; 2°, fracción I y 4°, fracción I de la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco4, en concordancia con los diversos preceptos 3°, 4, 9° y 12°, de la Convención sobre los Derechos del Niño5, ponderando que la convivencia entre 2 "Artículo 4°. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios (.). 3 Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: A. El del interés superior de la infancia.(.)" "Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 4 "Artículo 2. La presente ley tiene por objeto: I. Promover y garantizar los derechos de las niñas, los niños y adolescentes; (.)" Artículo 4. Son principios rectores en la observancia, interpretación y aplicación de esta ley, los siguientes: I. La atención prioritaria de las niñas, los niños y adolescentes, prevaleciendo siempre el interés superior de éstos;(.)" 5 "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su la familia extendida paterna (ante la restricción judicial de convivencia con el padre) y los menores es un derecho preponderante de estos últimos, y tiene como fin último el fortalecer los lazos afectivos de los involucrados. De lo anterior se evidencia que los intereses que se ventilan en el juicio natural son de orden público e interés superior, por lo que debe prevalecer el interés de los menores sobre el interés particular de sus progenitores y la familia extendida. personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada." "Artículo 4 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional." "Artículo 9. 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas." "Artículo 12. 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. --- 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.". Por consiguiente, con el fin de resolver sobre la cuestión planteada, resulta menester tomar en cuenta que el derecho de convivencia de los menores, que es en donde repercutirá el acto reclamado, está protegido por el artículo 4º de la Constitución Federal, el cual está por encima de cualquier interés que pudiera surgir entre las partes contendientes en el procedimiento natural. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: CONVIVENCIA CON ABUELOS Y FAMILIA AMPLIADA. ESTE DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EXIGE UN MAYOR NIVEL DE PROTECCIÓN EN CONTEXTOS EN LOS QUE EL RESPECTIVO PROGENITOR NO ESTÁ PRESENTE POR DIVERSAS RAZONES QUE IMPOSIBILITEN O DIFICULTEN EL CONTACTO FÍSICO. Hechos: La madre y el padre de una persona menor de edad fallecieron. Sus abuelos paternos y maternos reclamaron su guarda y custodia; mientras que una pareja de tíos paternos, quienes materialmente tenían bajo su cuidado a la infante, solicitaron su adopción plena. Luego de desahogarse diversas secuelas procesales, finalmente, en resoluciones emitidas en juicios de amparo directo resueltos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se determinó que la persona menor de edad seguiría bajo la guarda y custodia de sus tíos, quienes podrían tramitar su adopción plena, pero se conservaría el contacto con los abuelos maternos y la respectiva familia extendida, mediante un régimen de convivencia que fuere claro, amplio y suficiente, en aras de favorecer el derecho a la identidad de la persona menor de edad. La adopción de la niña fue decretada por resolución judicial; y respecto del régimen de convivencia con los abuelos maternos, el Juez del conocimiento estableció sus términos, los que fueron modificados en apelación. Contra esta última determinación los abuelos maternos promovieron juicio de amparo directo al que se adhirieron el padre y la madre adoptivos. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento negó el amparo a los quejosos principales y declaró sin materia el adhesivo, para ello, atribuyó determinados contenidos al derecho de convivencia de niñas, niños y adolescentes. Los abuelos maternos interpusieron amparo directo en revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el derecho de convivencia de niñas, niños y adolescentes con abuelos y familia ampliada, en contextos en que el respectivo progenitor no está presente, ya sea por circunstancias excepcionales como la distancia, por reclusión, o cualquier otra que implique imposibilidad o mayor dificultad de contacto físico o por fallecimiento, salvo prueba en contrario conforme a su interés superior, exige un mayor nivel de protección. Justificación: Con base en el principio del interés superior de la infancia, el derecho a la protección y asistencia de la familia para la asunción de sus responsabilidades, el derecho de las personas menores de edad a vivir en familia y a mantener relación con sus progenitores, así como a preservar sus relaciones familiares sin injerencias ilícitas, los cuales encuentran alojo en los artículos 5, 7, 8 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 4o. constitucional, la Primera Sala considera que el derecho de convivencia de niñas, niños y adolescentes con sus abuelos es un ejercicio importante que contribuye a su sano desarrollo integral, salvo prueba en contrario, pues estos ascendientes, por lo general, son un factor estabilizador y emocionalmente enriquecedor para ello, y se entienden parte del círculo familiar más cercano con el que las personas menores de edad suelen mantener un contacto frecuente y estrechar lazos afectivos que les permiten identificarse y desarrollar su pertenencia a determinado grupo familiar. La protección a esta convivencia se actualiza cuando existe un contexto de separación de los progenitores que dificulta el contacto frecuente con el que no ejerce la guarda y custodia y con ello, con la familia ampliada, pero se acentúa y exige mayor nivel de garantía, cuando se está en supuestos fácticos en los que el padre o madre respectivo no está presente, ya sea por circunstancias excepcionales de distancia, por reclusión, o cualquier otra que implique una imposibilidad o por lo menos una mayor dificultad de contacto físico, o bien, ante el fallecimiento, dado que en estas condiciones, si no se procura mantener y fortalecer las relaciones del infante con los ascendientes y demás familia de ese progenitor ausente, impedido o fallecido, o dichas relaciones se problematizan, se torna más factible que éstas se debiliten y desaparezcan con posible afectación a la persona menor de edad, quien verá reducido o destruido su vínculo con una parte de su grupo familiar. Por tanto, la convivencia con abuelos y familia extendida en estos últimos casos, no debe ser vista, por sí misma, como negativa y disociada de la vida de la persona menor de edad con el núcleo primario en que se ejerce su guarda y custodia, sino con una vocación y propósito integradores de su vida familiar con presumible efecto positivo en su desarrollo, a menos que se demuestren circunstancias fácticas que evidencien que resulta contraria a su interés superior. Así, un régimen de convivencia con abuelos en los supuestos indicados, ha de establecerse: a) con la mayor regularidad posible para propiciar su efectividad en el fortalecimiento de los lazos afectivos, pues ello es un factor relevante para ese fin, en la medida en que los menores de edad requieren la constancia en el contacto personal para crear ese tipo de vínculos; b) pueden emplearse para la convivencia, además del contacto físico, cualquier medio que sea apropiado al caso, cuando se dificulta por razones de distancia o cuando se deba cuidar no distraer al niño, niña o adolescente de sus rutinas cotidianas (teléfono, correo y en general medios electrónicos); c) la temporalidad, espacio y demás modalizaciones que se establezcan para la convivencia, deben responder al bienestar del infante; y, d) una eventual negativa de éste a la convivencia con sus abuelos, debe ser cuidadosamente examinada y ponderada conforme a los criterios de escucha de los menores de edad en los asuntos que les conciernen, inclusive, sus causas deben ser indagadas y recabado el material probatorio necesario, para que la decisión judicial al respecto sea absolutamente acorde a su interés superior, sin injerencias extrañas o que jueguen en contra del mayor beneficio de aquél, dados los deberes de protección reforzada que exige ese derecho fundamental." Así, establecido que en tratándose de las medidas cautelares de convivencia, debe privilegiarse el interés superior de los menores de edad y que éste interés es aún superior sobre el de los progenitores o la familia extendida. Bajo el anterior parámetro, como se adelantó, son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en esta instancia constitucional. En síntesis, la quejosa refiere que es ilegal el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, pues la autoridad responsable inadvirtió la edad de los menores, sus necesidades y costumbres, la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio, que la responsable desconoce los horarios escolares de los menores de edad, asimismo desconoce el horario laboral del actor; que además no se consideró la manifestación del menor de edad A.M.C. al momento de su escucha ante la pregunta de si le gusta convivir con su papi, a lo que contestó que "sí, pocas veces". Lo infundado radica en el hecho de que del auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, luego de enunciar los numerales aplicables al caso tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Código Civil del Estado de Jalisco, de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de la Convención sobre los Derechos del Niño; de la Ley de los derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, la autoridad procedió a analizar la doctrina aplicable, citando a los autores y el beneficio considerable en el desarrollo de todo menor de edad, ante el convivio con sus progenitores considerando la teoría del apego, así como la edad en que éstos son más afectos a llevar a cabo dicho convivio (cuatro y seis años), lo que les permitirá desarrollar su autocontrol, capacidades de comunicación verbal y el establecimiento de buenas relaciones con la figura de apego al comprender y aceptar sistema de valores, normas y comportamientos sociales. Luego, procedió a analizar el caso particular, valorando a los menores de edad A. y P. de apellidos M. C., y la conveniencia de la interacción con el ascendente paterno quien no es custodio de dichos infantes, sino la progenitora, hoy quejosa. Además, valoró que la medida precautoria que se dictaba en el auto controvertido, lo era en su modo provisional, sujeta a las pruebas que se ofrecieran durante la tramitación del juicio de origen y valoradas al momento de fijar las convivencias definitivas. Finalmente, dictó las directrices en que habrían de llevarse a cabo las convivencias, señalando los días y horas en que el progenitor habría de recoger y devolver a su hogar materno a los citados menores de edad, estableciendo que: ".sin que dicha convivencia altere sus actividades escolares o extracurriculares, en el entendido de que, si los niños de edad realizan alguna actividad escolar, deportiva o extracurricular dentro de los días en que se ha decretado la convivencia provisional según se desprende del presente párrafo dicha circunstancia no será impedimento para la convivencia se lleve a cabo de forma efectiva, por lo que únicamente será obligación del ascendiente paterno, el privilegiar que sus menores hijos asistan a las actividades escolares o extracurriculares que lleve a cabo dentro de los días en que se desarrollará el derecho de convivencia materno filiar, recayendo bajo su más estricta responsabilidad dicha obligación de presentar a los niños en los días y horas y ante las instituciones públicas o privadas en que éstos desarrolle dichas actividades, situación que incluso fomentará el sentido de responsabilidad y apego entre madre e hijos al momento en que éstos en su conjunto asistan o desarrollen las actividades escolares o extracurriculares de que se trate." (sic) Misma situación aconteció en cuanto a los periodos vacacionales y de semana santa y pascua conforme a los calendarios escolares de la Secretaría de Educación Pública. Por lo anterior, es que son infundados los conceptos de violación, pues el hecho de que la autoridad responsable determine los horarios y días en que el progenitor ha de convivir con sus menores hijos, no viola sus derechos fundamentales, pues dicha convivencia es a sabiendas de que los menores de edad tienen horarios para clases de lunes a viernes, así como las extracurriculares a que hace referencia la parte quejosa. Lo anterior, se pone en evidencia en la parte considerativa del auto controvertido en que la autoridad responsable advierte al progenitor que los horarios de convivio se deben adaptar a los usos y costumbres de los menores de edad conforme a su rutina diaria y, le insiste en que no se le faculta a la entrega o retención de los niños por un tiempo mayor, ni a trasladarlos al extranjero salvo la autorización de la ascendiente materna o del Juzgado de Origen. Es decir, en modo alguno la autoridad responsable descuida los intereses superiores de los menores de edad, pues fue clara en establecer los horarios y restricciones del convivio. Sin que abone al interés de la quejosa la manifestación de la escucha de menores en relación a que al menor de edad A.M.C., refirió que si le gusta el convivio con su papá, "pocas veces", pues atendiendo la propia dilgiencia, existen más datos para considerar la conveniencia del convivio entre los menores de edad con su progenitor, pues de dicha escucha de menores se desprende que: 1. ".que tiene muchos juguetes, los cuales se los han dado su papi y su mami." ".si desea que lo acompañe su mamá o su papá, quien responde que su "papi"." ".Se le pregunta si le gusta convivir con su papi y responde: sí, pocas veces." ".se le pregunta al menor quienes son las personas que dibujó y menciona que su mamá, su papá, su hermano Paolo y su amigo de la escuela Rafa.[.] El infante se presenta vestido y aseado con prendas de calidad y limpias, además bien peinado, se mostró tímido y con pocas ganas de platicar, máxime que por su edad de tres años, resulta difícil entablar una plática con el infante.- - - Sin embargo, se advierte que el niño se mostró cariñoso con su papá a quien abrazó durante toda entrevista y jugaba con él.". Es decir, la figura del progenitor no lo es de un padre ausente, pues relaciona el menor que las posesiones (juguetes), le son otorgados porque papá y mamá se los dan, que al momento en que para calmar al menor se le dice quién quiere que lo acompañe, elige que sea su papá. Por tanto, lejos de beneficiar al interés de la quejosa el análisis de la escucha de menor, pone en evidencia lo beneficioso que resulta el convivio de los menores de edad con su progenitor, con el fin de lograr lazos más fuertes entre éstos. Por lo anterior, este Juzgado federal, advierte que el auto controvertido en esta instancia constitucional, sí se apega a una debida fundamentación y motivación conforme el artículo 16 Constitucional, consecuentemente, al no haberse acreditado en la especie infracción al derecho común y a los derechos fundamentales consagrados en los artículos invocados por la parte quejosa, y al no encontrar motivo de la queja deficiente que suplir, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, por propio derecho y en representación de A.M.C. y P.M.C., contra actos que reclama de la Jueza Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, indicado en el considerando segundo, por los motivos precisados en el considerando último de esta sentencia.

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