María Isabel Castañón Delgado
Expediente 1227/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1227/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Isabel Castañón Delgado
Actuaciones
- Principal
En tres de agosto de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veintisiete al treinta y uno de julio de dos mil quince, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de quince de julio de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 1227/2015.- DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de quince de julio de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida por María Isabel Castañón Delgado; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. ARS
- Principal
En quince de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el oficio y anexos registrados con el número 14003.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de julio de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Pleno de dicho órgano jurisdiccional, en sesión de nueve de julio de dos mil quince, en el amparo en revisión laboral 130/2015, los autos del juicio de amparo número 77/2015, así como el juicio ordinario laboral 105/2013, en un tomo; acúsese recibo y agréguese el cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes, debiendo hacerse del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito, de acuerdo a su punto resolutivo primero se revocó la sentencia de dieciséis de abril de dos mil quince; y en su lugar, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. En ese orden, con fundamento en el artículo 192 de la ley en consulta, requiérase a las autoridades responsables Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, así como su Presidente, para que dentro del término de TRES DÍAS den cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remitan las constancias con las que lo justifiquen, apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo vigente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza.- DOY FE. ARS
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EN QUINCEDE JULIO DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "Zacatecas, Zacatecas, el quince de julio de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el escrito de demanda registrada con folio 13956.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de julio de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por María Isabel Castañón Delgado, contra el acto que reclama del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Zacatecas; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1227/2015 que por su orden le corresponde; en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." (.) Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente claro conforme a la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". En el caso concreto, este Juzgador considera que la acción de amparo intentada se ubica en el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así pues, como cuestión previa al ejercicio de la acción de amparo, el impetrante de garantías debió de interponer el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto reclamado, como medio óptimo y eficaz para modificar, revocar o nulificar los efectos perjudiciales sobre su esfera jurídica ocasionados por el acto reclamado. Dichos dispositivos legales textualmente disponen: C.P.E.U.M.: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:" (.) "IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley." "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" (.) Ley de Amparo: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) "XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." (.) Lo anterior es así, pues, como cuestión previa a la promoción del juicio de amparo, el impetrante de garantías debió de acudir al procedimiento contencioso administrativo federal, como juicio ordinario, óptimo y eficaz para modificar, revocar o nulificar los efectos perjudiciales sobre su esfera jurídica ocasionados por el acto reclamado. En el caso sometido a examen, el acto reclamado, se hace consistir en la resolución cuatro de junio de dos mil quince emitido por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Zacatecas, que declara infundado el recurso de inconformidad intentado por la quejosa, en su carácter de beneficiaria, y, en consecuencia, confirma la diversa resolución 349001051100/Q588/14, pronunciada por la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente de dicho instituto el dieciséis de octubre de dos mil catorce, que negó la devolución de las cantidades erogadas con motivo de la compra del medicamento denominado "Yondelis Trabectadina 2.8 mg.", como tratamiento al cuadro clínico de metástasis pulmonar presentado por su difunto esposo Pedro Damián Rodríguez Martínez. Sin embargo, se reitera, tal acto debió ser impugnado de forma previa mediante la promoción del juicio de nulidad, regulado por la Ley Federal de lo Contencioso Administrativo Federal, en concordancia lo estatuido por la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su numeral 14, fracción XI, al tratarse de una resolución dictada por una autoridad administrativa que resuelve una instancia, como lo es en la especie, el procedimiento administrativo seguido ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de la formulación de queja administrativa ante su Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente, con motivo de la solicitud de devolución o reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, y su posterior impugnación optativa mediante recurso de inconformidad formulado ante el Consejo Consultivo Delegacional de dicho instituto, que culmina con la dilucidación de petición planteada. "Artículo 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:" (.) "XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;" (.) Lo anterior es así, pues se trata de un medio de impugnación ordinario con efectos suficientes para revocar, modificar o nulificar los producidos por la resolución que constituye el acto reclamado, traduciéndose así en un recurso sencillo y rápido, cuya eficacia resulta acorde a los requisitos establecidos por el ordinal 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno. Sin que se perciba se esté ante el caso de excepción establecido en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ello es así, ya que de acuerdo a la legislación indicada, en esencia, se establecen requisitos idénticos a los exigidos por la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para el otorgamiento de la suspensión definitiva, sin rebasar el plazo de veinticuatro horas, un día hábil, para la concesión de la suspensión provisional. Robustece la presente determinación la tesis aislada I.7o.A.767A, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado del en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1195, tomo XXXIII, materia común, mayo de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta del tenor literal siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CONTRA SU RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DERIVADO DE LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES, DEBE PROMOVERSE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIO AL AMPARO, AUN CUANDO AQUÉLLA SE FUNDE EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 129/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 224, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES.", sostuvo que cuando un particular plantee la acción de reembolso de gastos médicos extrainstitucionales directamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, primero mediante queja administrativa y luego a través del recurso de inconformidad, tal circunstancia indica que decidió someterse al imperio del referido organismo y lo obligó a resolver la instancia planteada, razón por la que contra la resolución emitida por éste al conocer de tal medio de defensa, procede el juicio de garantías, en tanto que dicho acto proviene de una autoridad administrativa, independientemente de que conforme al principio de definitividad deba agotarse previamente otro medio de defensa. Por su parte, el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que ese órgano jurisdiccional conocerá de los juicios promovidos contra las resoluciones emitidas por autoridades administrativas que pongan fin a una instancia en los términos de la citada legislación; hipótesis normativa que se surte tratándose de la resolución recaída al señalado recurso de inconformidad. Por tanto, contra la resolución del Instituto Mexicano del Seguro Social dictada en el recurso de inconformidad, derivado de la determinación de la instancia de queja en la que se reclamó el reembolso de los mencionados gastos médicos, debe promoverse el juicio contencioso administrativo, previo al amparo, a fin de observar el principio de definitividad, sin que impida adoptar esa postura la circunstancia de que la resolución al recurso de mérito se funde en la Ley del Seguro Social, en razón de que conforme a su artículo 5, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de organismo público descentralizado y, por tanto, dicha determinación debe entenderse pronunciada en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, atento a que el segundo párrafo de su artículo 1 señala: "El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad." De igual manera, resulta aplicable en el caso concreto la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 2a./J.19/2015(10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, localizable en la página 783, libro 17, tomo I, materia administrativa-común, abril de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se trascribe: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." En consecuencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por María Isabel Castañón Delgado, contra el acto del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Zacatecas, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en los términos ya expuestos. Por otra parte, en términos del numeral 12 de la ley de la materia, se tienen como autorizados de la parte quejosa a los licenciados Juan Miguel Bernal Núñez y Nadia Muñoz Sánchez; en tanto que como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Torreón número trescientos trece, segundo piso, interior cuatro, de esta ciudad capital. Finalmente, en términos del artículo 3° de la nueva Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
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