María Isabel Bravo Madrigal

Expediente 873/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
873/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • María Isabel Bravo Madrigal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARÍA ISABEL BRAVO MADRIGAL. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintitrés de octubre del presente año, que DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo promovida por María Isabel Bravo Madrigal, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; en consecuencia, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, asiéntese en la carátula los datos precisados con antelación. En otro orden de ideas, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el sumario, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARÍA ISABEL BRAVO MADRIGAL. Visto el escrito de la quejosa María Isabel Bravo Madrigal, por el cual cumple con la prevención formulada el quince de octubre de dos mil dieciocho (fojas 11 a 15), expresando bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: El estado procesal que guarda el juicio sucesorio intestamentario número 567/2017 del Juzgado Quinto Civil, que se está promoviendo la tercera sección del intestado. se promovió ningún medio de defensa establecido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Ahora, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por la citada quejosa, no ha lugar a registrarla en el libro de gobierno ni en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, dado que ello se hizo con anterioridad bajo el número VI-873/2018. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ? Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En esa tesitura, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, conviene precisar que la parte quejosa, en su escrito de demanda, manifestó, bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de antecedentes, que fue presentado juicio sucesorio intestamentario a bienes de María Madrigal Ramos, promovido por Alfredo Francisco Bravo Madrigal, cuyo número es 567/2017, y que se tramita ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, en esta ciudad. Asimismo que en dicho juicio se nombró como albacea definitivo a Alfredo Francisco Bravo Madrigal. Además, que inconforme con el procedimiento y actos del albacea definitivo, promovió incidente de remoción de albacea. Precisó en el apartado de acto reclamado, que éste es la resolución interlocutoria dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, en esta ciudad. Asimismo, en su escrito aclaratorio, entre otras cosas, refirió que en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de María Madrigal Ramos, promovido por Alfredo Francisco Bravo Madrigal, cuyo número es 567/2017, se está promoviendo la tercera sección. En ese orden de ideas, se obtiene que el juicio sucesorio de origen se encuentra en trámite, en específico, en la tercera sección denominada de "administración". Ahora, se considera que en el presente asunto, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107-interpretado en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: En efecto, los citados dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Ahora, respecto a la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen actos dictados en juicio -en el particular, dentro de la substanciación de alguna de las etapas del juicio sucesorio-, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) , que modificó la diversa P./J. 4/2001 , para regir bajo el rubro y contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". El criterio jurisprudencial invocado marca la pauta para determinar la procedencia del amparo indirecto respecto de los actos que surgen dentro de la substanciación del juicio, estableciendo cuándo y en qué casos se puede combatir dichos actos. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido la postura de que en la etapa de juicio el elemento de "afectación directa a derechos sustantivos" del promovente es determinante para la procedencia del juicio de amparo indirecto, que representa una salvedad para no esperar al dictado de la sentencia definitiva o la que ponga fin al juicio, como condicionante para recurrir a la vía constitucional, como acontece con las determinaciones emitidas en juicio que afectan derechos sustantivos como son la propiedad, vida, posesión, salud, etcétera. Es pertinente indicar que de acuerdo a la legislación adjetiva del Estado de Michoacán, el juicio sucesorio intestamentario consta de cuatro secciones . Así, de lo dispuesto en la legislación de la entidad se obtiene que la sección cuarta se encuentra integrada por diversas etapas de las cuales las dos últimas son precisamente la resolución del proyecto de partición y la aplicación de los bienes de la herencia. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cada una de las secciones del juicio sucesorio tiene un objeto especial y se resuelve por separado, por lo que no hay una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento, asimismo, ha sustentado que la sentencia de adjudicación sí tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del amparo directo. En esa línea de pensamiento, aquellas determinaciones que se dicten durante la substanciación de cada una de las secciones que integran el juicio sucesorio intestamentario -resoluciones intermedias o de trámite-, de no ubicarse dentro de aquellas que afectan derechos sustantivos como son la propiedad, posesión, libertad, etcétera, deberán esperar a combatirse de manera conjunta o concomitante con la resolución que resuelva en definitiva la sección correspondiente, para ser reclamadas en amparo indirecto. En efecto, es posible que alguna de las determinaciones que se dictan dentro de la tramitación de alguna de las secciones del juicio sucesorio intestamentario, pueda afectar derechos sustantivos de alguna de las partes y, tener el carácter de autónomas, caso en el cual podrán ser combatidas a través del juicio de amparo biinstancial, ello en atención a que al tratarse de un acto que guarda independencia con la resolución definitiva, lo que se hubiera resuelto en él no podría ser materia de estudio como violación procesal en el amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva correspondiente a la sección en que se haya verificado dicha violación. Esto es, es importante tomar en cuenta que los juicios sucesorios, como aquel del que emana el acto reclamado, son procedimientos de carácter universal y peculiar, que se componen de cuatro etapas, las cuales se deciden por separado; a saber, 1) sucesión, 2) inventarios, 3) administración y 4) partición y adjudicación. En ese orden de ideas, la acción de amparo indirecto, por regla general, es procedente en cada una de las tres primeras fases, hasta que se decide el fondo de cada una de ellas, momento en el que pueden hacerse valer las violaciones de carácter adjetivas, o bien, si el acto reclamado constituye un obstáculo para su conclusión. Plasmadas las premisas anteriores, se detalla que en la resolución aquí controvertida, la autoridad responsable declaró improcedente el incidente de remoción de albacea derivado del sumario natural, de ahí que el tema abordado en la determinación reclamada no produce efectos de imposible reparación, ni constituyen el pronunciamiento que finalice el indicado periodo procesal tercero del juicio sucesorio intestamentario, por ende, la presente instancia constitucional deviene improcedente en su contra; pues también es importante señalar que tampoco puede considerarse que la resolución combatida obstaculice la culminación de la tercera fase del procedimiento sucesorio de origen. En efecto, la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad que se está promoviendo la tercera sección del intestado, esto es, que en la tercera sección denominada "de administración", todavía no concluye con el auto que determine la aprobación o reprobación de la totalidad de las cuentas rendidas por dicha albacea, cuyos efectos son los que podrían causar un daño irreparable al quejoso. Luego, la parte inconforme debe estar a lo que se decida al cierre de la sección tercera del procedimiento de origen, esto es, en el momento en que se autorice o no la aludida etapa del sucesorio natural y en caso de no obtener una resolución favorable, podrá impugnar lo conducente en la instancia extraordinaria. En efecto, para decretar la procedencia del juicio de amparo y analizar las violaciones que a juicio del quejoso se cometieron, era necesaria la conclusión de la tercera sección del juicio sucesorio, en virtud de que la resolución reclamada sólo incide en aspectos adjetivos o procesales respecto al cargo de albacea. Ello es así, pues para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tratándose de un juicio sucesorio, conviene destacar que las violaciones cometidas en cada una de las tres primeras etapas, sólo podrán reclamarse en el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que decida el fondo de las mismas o le ponga fin. De tal forma que la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos, en virtud de que sus consecuencias no son de tal gravedad que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que en todo caso sólo podría producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o.C. J/316, Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Tomo XXX, del mes de Diciembre de 2009, Materia Civil, página 1311, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Además, sirve de apoyo la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes : "SUCESIONES, SENTENCIAS DEFINITIVAS PARA EFECTOS DEL AMPARO EN LAS. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que procede el amparo directo contra la resolución de las secciones del juicio sucesorio en que se decide la división y partición de la herencia y ha establecido que las resoluciones de las otras secciones no son definitivas en los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, y no deben reclamarse en amparo directo sino indirecto". Así como por identidad jurídica, la Jurisprudencia VI.3o.J/20, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, título y contenido: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." También, en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "SUCESIONES. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE NO OPERA PARA DESECHARLA. Si de la demanda de garantías no aparece claramente definido en cuál de las tres primeras secciones del juicio intestamentario de que se trata, se hizo valer el incidente de nulidad de actuaciones que, según la parte quejosa, se hubiere resuelto ilegalmente por la responsable, sin que tampoco exista constancia en ese libelo tendiente a acreditar si el incidente se interpuso en la cuarta sección del sucesorio, resulta más prudente sostener que, de momento, no se puede determinar en cuál de las cuatro secciones correspondientes, se hubiese deducido el incidente de cuenta, ya que si se hizo en las tres primeras, es procedente el amparo indirecto contra los actos reclamados, y si fue en la cuarta, sólo podía impugnarse la violación consecuente en amparo directo, todo lo cual permite concluir que, en tales condiciones, debe admitirse la demanda de garantías, para que con lo que se desprenda después del informe justificado y de las pruebas que aporten las partes, decida el Juez de Distrito lo que en derecho proceda, esto es, sobreseer el amparo si el incidente se promovió en la cuarta sección, o dictar la sentencia de fondo que corresponda, si se hizo valer en cualesquiera de las tres primeras secciones, siendo obvio que, ante la falta de informe justificado y de otras pruebas, no se está realmente frente a un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que amerite desechar de plano la demanda de amparo." Y, en la cuarta sección, la única hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto se da, cuando se trate de la resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 37/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 264, tomo XXX, Julio de 2009, materia civil Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "JUICIO SUCESORIO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARTICIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia dictada en la cuarta sección del juicio sucesorio es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, porque no es de aquellas que pongan fin al juicio o lo den por concluido, toda vez que la consecuencia de que no se apruebe dicho proyecto consiste en que no pueda dictarse la sentencia de adjudicación hasta que se elabore otro proyecto que cumpla con los lineamientos precisados en el juicio sucesorio. Luego entonces, se trata de una resolución intermedia, mientras que en ese juicio solamente la sentencia de adjudicación es la que tiene el carácter de definitiva en términos del criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación". Por tanto, el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la resolución interlocutoria dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, en esta ciudad, donde resultó improcedente el incidente de remoción de albacea, promovido por la aquí quejosa, y que atendiendo a las constancias que anexó a su escrito de demanda, consistente en copia simple de dicha determinación (fojas 7 a 10), se advierte que la solicitud de remoción de albacea realizada por María Isabel Bravo Madrigal se basó en que el albacea Alfredo Francisco Bravo Madrigal no rindió las cuentas mensuales de administración; lo que revela el eventual incumplimiento a uno de los diversos deberes procesales en la administración a su cargo, empero no la afectación a un derecho sustantivo, como para estimar que la negativa de remoción autorizaría la continuación de una afectación sustantiva. Además, debe precisarse que las obligaciones del albacea son a consecuencia de la administración, distribución y disposición de los bienes materia de la herencia; todo lo cual se determinará una vez que se dicte la resolución que corresponda en la tercera sección del juicio sucesorio, pues a la fecha no se ha emitido, esto es, no ha concluido esa etapa, siendo con el dictado de la resolución conclusiva contra la que, en su caso, procedería el juicio de amparo. Así, dicho acto de ninguna manera afecta en forma directa, inmediata y material los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque son meramente intraprocesales, y no se trata de una resolución que de por concluida alguna de las etapas del juicio sucesorio. Esto es, no afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Sostener lo contrario, alentaría a que se diversificara la promoción de amparos y, en consecuencia, no es factible reclamar las posibles transgresiones sufridas, ya que ello sólo en su caso se justificará hasta que se dicte la resolución respectiva que concluya la etapa del juicio sucesorio correspondiente; caso en el cual, sin prejuzgar, procedería el juicio de amparo indirecto contra la resolución con que culminara esa fase, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, las violaciones acaecidas dentro de aquélla; lo que lleva a estimar que los actos reclamados no causan una afectación de carácter irreparable que justifique la procedencia del juicio biinstancial, precisamente porque la tercera sección de administración -rendición de cuentas- del juicio sucesorio testamentario aún no ha sido resuelta. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.439C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, en relación con el diverso numeral 113, todos de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por María Isabel Bravo Madrigal, por actualizarse, de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia examinada. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1º constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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