María Isabel Becerra Amaro

Expediente 957/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
957/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • María Isabel Becerra Amaro

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta, intégrese el oficio firmado por la Juez Civil de Partido especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso del índice de este juzgado, enviado para devolverle los dos tomos de pruebas y el sobre con documentos que remitió en este asunto.-

  2. Principal

    Vista la cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto de dieciocho de julio del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo promovida por María Isabel Becerra Amaro, por conducto de su apoderado legal Mario Alberto Corona Rodríguez. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Este asunto no se considera de relevancia documental. Finamente, devuélvanse al Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, los dos tomos de prueba que se formaron con el expediente del juicio de origen F0273/2020 y un sobre cerrado con documentos.

  3. Principal

    Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en la capital, devuelve diligenciado exhorto, se tiene notificada a la parte quejosa del auto de dieciocho de julio del año en curso, en que se desechó su demanda de amparo. Dese de baja tal comunicación y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).-

  4. Principal

    ntégrese el oficio firmado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, con el cual remite la demanda de amparo firmada por promovida por María Isabel Becerra Amaro, por conducto de su apoderado legal Mario Alberto Corona Rodríguez, contra actos de la Juez Civil de Partido especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, así como los autos originales del juicio de origen F0273/2020, en dos tomos, un sobre cerrado con documentos y copias certificadas de actuaciones relativas a dicho juicio. Acúsese recibo. Este juzgado se avoca al conocimiento del asunto; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese con el número 957/2022-VI. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Antecedentes y precisión del acto recamado. Analizada la demanda y los autos del juicio natural, se aprecia medularmente lo siguiente: El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Juez Civil de Partido Especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, dictó sentencia en el juicio oral ordinario civil F0273/2020, en la cual condenó a Bartolomé Liñán García al pago de una indemnización compensatoria a favor de María Isabel Becerra Amaro (aquí quejosa), por el veinticinco por ciento de los bienes que se adquirieron únicamente durante su matrimonio en este país; asimismo, determinó dejar la acreditación del valor actual de esos bienes para la ejecución de la sentencia. Mediante resolución emitida el siete de julio de dos mil veintiuno, en el toca 306/2021, la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato confirmó la sentencia descrita en el párrafo anterior. En auto de treinta y uno de agosto del año anterior, la Juez Civil de Partido Especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, admitió el incidente de ejecución de sentencia promovido por la parte aquí quejosa, y ordenó correr el traslado respectivo al demandado incidental Bartolomé Liñán García. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo contestado el incidente descrito y se indicó a las partes que debían presentar a sus peritos en la hora y fecha que se señalaran para la audiencia de juicio incidental, a fin de desahogar las pruebas periciales en materia de avaluó que ofrecieron respectivamente. En proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se señalaron las trece horas con cuarenta y cinco minutos del tres de marzo de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia incidental comentada. En audiencia de tres de marzo de este año, se admitió la prueba pericial en materia de avalúo ofrecida por ambas partes; empero, se tuvo precluido el derecho de María Isabel Becerra Amaro (aquí quejosa), para desahogar la prueba que ofreció, toda vez que no compareció a dicha diligencia; asimismo, se suspendió tal actuación, y se señalaron las trece horas con treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós, para su reanudación. El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se difirió la reanudación de la audiencia precitada, y se fijaron las doce horas del siete de abril del año actual, para su verificativo. El siete de abril de este año, se reanudó la audiencia expresada, por lo que se desahogó la prueba pericial en materia de avaluó ofrecida por Bartolomé Liñán García, por su parte, se reiteró precluido el derecho de María Isabel Becerra Amaro (aquí quejosa), para desahogar la prueba pericial que ofreció, y se citó a las partes para oír la resolución incidental correspondiente. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, la Juez Civil de Partido especializada en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, resolvió el incidente de ejecución de sentencia, en el cual determinó que Bartolomé Liñán García debe pagar a María Isabel Becerra Amar, la cantidad de ciento setenta y seis mil pesos moneda nacional, como pago de la indemnización compensatoria del veinte por ciento, al que fue condenado en la sentencia dictada en el juicio natural, pues con base en la prueba pericial en materia de avalúo desahogada en la audiencia incidental correspondiente, estimó que los bienes adquiridos durante el matrimonio en este país tienen un valor de ochocientos ochenta mil pesos; asimismo, estableció que una vez que causara ejecutoria esa interlocutoria, se requeriría al demandado para que pagara dicha indemnización y de no hacerlo, se le embargarían bienes de su propiedad que garantizaran ese pago. Esta última determinación constituye el acto reclamado. Causa de improcedencia. En ese contexto, este juzgado advierte que en relación con el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección constitucional. Ello obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, se traduce en garantizar al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si estos llegan a producirse, le será protegido y reparado en la lesión que se cause a sus derechos; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187016, del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Ahora, el acto examinado es susceptible de impugnarse a través de un recurso ordinario, pues el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, prevé un medio de defensa con el cual pueden revocarse o anularse las determinaciones. Es así, pues el Libro Sexto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, denominado "De los Juicios Orales", contiene los principios y reglas que rigen tanto al procedimiento oral ordinario como al procedimiento oral especial. En el Título Cuarto de dicho libro existe el apartado titulado "De los Recursos", el cual dispone en el artículo 891 lo siguiente: "Artículo 891. Las resoluciones que se emitan dentro de los juicios orales serán impugnables a través del recurso de revocación, apelación o denegada apelación, según corresponda, los que se tramitarán y sustanciarán conforme a las disposiciones del Título Sexto del Libro Primero de este Código, con excepción de las reglas especiales previstas en el presente Capítulo". (Énfasis añadido) El numeral transcrito regula lo relativo a los recursos que pueden hacerse valer en los procedimientos orales; en ese sentido, establece que, por regla general, al impugnarse una resolución emitida en estos procedimientos se aplicará lo dispuesto por el Título Sexto, Libro Primero de dicho ordenamiento legal, que corresponde al apartado denominado "Recursos", y contiene la regulación de los recursos de apelación, revocación y denegada apelación, aplicables a todo tipo de procedimientos previstos en el código foral de la materia. No obstante, el artículo 891 citado contiene una excepción, pues dispone que se observarán las reglas especiales contenidas en el propio Libro Sexto. Los numerales 892 a 896 de dicho código contemplan las disposiciones especiales, los cuales establecen: "Artículo 892. Los decretos y autos pronunciados en las audiencias que no se contemplen como revocables o apelables en el presente Capítulo, serán irrecurribles. Artículo 893. Dentro de las audiencias en los juicios orales, el recurso de revocación sólo procede en contra de las siguientes resoluciones: La que no admita prueba; y La que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes. La revocación deberá plantearse oralmente expresando los agravios, dentro de la etapa de la audiencia en que se hubiere pronunciado la resolución recurrida. El juez dará vista a la contraria para que en el acto la desahogue y resolverá sin más trámite. Artículo 894. Dentro de la audiencia en los juicios orales la apelación sólo procede en contra de: El auto que resuelva sobre excepciones procesales y cosa juzgada; Los autos que resuelvan incidentes de nulidad de actuaciones y notificaciones y el de recusación de peritos; III. Las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio; y La determinación que niegue alguna medida.". (Énfasis añadido) Como se observa, la generalidad de las reglas especiales se encuentran dirigidas a actuaciones verificadas durante las audiencias, verbigracia, los autos y decretos dictados en las audiencias serán irrecurribles, a menos de que los artículos 893 u 894 contemplen dichas determinaciones como apelables o revocables; sin que la resolución reclamada encuadre en alguno de esos supuestos, toda vez que se trata de una determinación que resolvió un incidente de ejecución de sentencia. Asimismo, dichas disposiciones no deben entenderse en el sentido de que, si determinada actuación emitida en un procedimiento oral fuera de audiencia no se encuentra contemplada en las hipótesis de los artículos citados, entonces, será irrecurrible; pues como lo establece el artículo 891, el resto de los autos y decretos dictados en juicios orales podrán ser impugnados conforme a las reglas generales de los recursos, previstas en el Título Sexto del Libro Uno. Expuesto lo anterior, resulta necesario traer a colación los numerales 225, 236, 245, 816 y 817 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, los cuales disponen, respectivamente, lo siguiente: "Artículo 225. Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias: decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio. (.) Artículo 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados. (.) Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos. (.) Artículo 816. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias, dándose vista a la contraria para que en el mismo acto manifieste lo que a su derecho convenga. Si las partes no promovieren pruebas, ni el juez las estimare necesarias, se resolverá de inmediato. Si el incidente se origina en un hecho anterior a una audiencia, sólo podrá interponerse hasta la conclusión de la misma. Los incidentes que surjan después de celebradas las audiencias o en ejecución de sentencia, se tramitarán conforme a las disposiciones comunes para el procedimiento oral especial; debiendo correr traslado con la demanda incidental por tres días a las partes. Artículo 817. Al plantearse el incidente se ofrecerán las pruebas, las cuales se desahogarán en la propia audiencia cuando ello sea posible. En caso contrario, se suspenderá la misma por lo que se refiere a la incidencia planteada, señalándose día y hora para su continuación en la que se recibirán las pruebas admitidas, acto seguido se resolverá por el juez el fondo de la cuestión incidental. Cuando el incidente se refiera a actos sucedidos en la propia audiencia, no se admitirán más pruebas que la documental." Como se aprecia, la legislación en materia civil otorga a la gobernada un medio de defensa idóneo para dejar insubsistente el acto reclamado, ya que la apelación es el recurso de impugnación para revocar o modificar la resolución del incidente de ejecución de sentencia promovido en el juicio natural. De manera que si la quejosa no interpuso el medio de defensa ordinario, no es factible que primeramente acuda al juicio de amparo, ya que debe observar el principio de definitividad, esto es, agotar el referido medio de impugnación. Por tanto, si la legislación que rige el acto de autoridad prevé un medio ordinario de defensa por el cual aquél puede ser confirmado, revocado o modificado, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Además, en este caso, no operan las excepciones al principio de definitividad: a) No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como incorporación forzada a las fuerzas armadas. b) No se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. c) No se trata de actos en que sea tercera extraña a juicio, en virtud de que la promovente es la demandada principal en el procedimiento de origen, por lo que no tiene esa calidad. d) La procedencia del recurso de revocación está debidamente previsto en la legislación aplicable al caso, por tanto, no existe insuficiencia normativa que precise la procedencia de tal medio de defensa. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175624, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.". En tales condiciones, se desprende que, en el caso, como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse previamente el recurso de apelación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, para cumplir con el principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Isabel Becerra Amaro.

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