María Isabel Bautista Nava
Expediente 292/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Isabel Bautista Nava
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo... transcurrió para el promovente del siete al trece de marzo de este año, sin que lo hubiera hecho. se declara que ha causado estado el referido proveído. archívese el presente como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno... Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos sin mayor proveído, la minuta del oficio... en virtud de que es copia simple, aunado a que no se encuentra dirigido a este órgano, de ahí que carezca de valor probatorio... Por otra parte, visto el estado de autos... han sido omisas en acreditar haber dado cumplimiento al fallo protector. En consecuencia... requiérase al Consejo de Honor... para que en el plazo de TREINTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, de acuerdo a sus funciones remitan las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento al fallo protector. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dos de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por María Isabel Bautista Nava y Rosa María Bárbara Bautista Nava; contra actos del Director General Jurídico de la Delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) y otra autoridad. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 292/2017. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez analizada la demanda y sus anexos, este órgano jurisdiccional estima que debe desecharse de plano, toda vez se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, ya que previo a presentar la presente demanda, se debió agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Para justificar lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 citado establece lo siguiente: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y los anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, cuestión que implica el análisis no sólo del escrito inicial de demanda, sino de los escritos aclaratorios de ella, los cuales no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, con fundamento en la jurisprudencia P./J. 35/2001, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA." Expuesto lo anterior, resulta importante destacar los siguientes antecedentes: 1. El trece de febrero de dos mil diecisiete, las quejosas acudieron al inmueble de su propiedad ubicado en la calzada Desierto de los Leones número cuatrocientos diecisiete, colonia Pueblo de Tetelpan, delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México y se percataron que en la puerta de acceso se encontraban varias hojas adheridas, las cuales contenían una resolución administrativa de siete de febrero de este año, dictado en el expediente número 460/UDVO/2016, que ordenaba la clausura total temporal del inmueble referido, así como el oficio DAO/DGJ/DVA/UDVO/0638/17 que contenía la orden de clausura total temporal número 011/C/UDVO/17. Inconforme con lo anterior, las quejosas promovieron el juicio de amparo que ahora se analiza. Ahora bien, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". En efecto, previamente a la promoción del juicio de amparo se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el cual constituye un medio ordinario de defensa. En el artículo transcrito de la Ley de Amparo se establece la improcedencia del juicio de amparo cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso concreto, los actos reclamados se atribuyen a autoridades dependientes del Gobierno de la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México), razón por la cual, este Juzgador concluye que en contra de dichos actos procede el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Para evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar lo dispuesto por los artículos 4° y 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), que establecen: "4. La presente Ley se aplicará de manera supletoria a los diversos ordenamientos jurídicos que regulan a la Administración Pública del Distrito Federal; excepto en lo siguiente: en lo relativo al recurso de Inconformidad previsto en esta Ley, que se aplicará a pesar de lo que en contrario dispongan los diversos ordenamientos jurídicos; en lo que respecta a las Visitas de Verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto por esta Ley y el Reglamento que al efecto se expida, en las materias que expresamente contemple este último ordenamiento; y en lo referente al procedimiento de revalidación de licencias, autorizaciones o permisos, así como a las declaraciones y registros previstos en el artículo 35 de esta Ley. (...)" "108. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección interponer el recurso de inconformidad previsto en esta Ley o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal. El recurso de inconformidad tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora, confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido." De igual forma, es necesario señalar el contenido del artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que prescribe: "31. Las Salas del Tribunal son competentes para conocer: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; (...)" La interpretación sistemática de los artículos transcritos, lleva a concluir que, los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas de la actual Ciudad de México, pueden a su elección interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 108 de la "Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal" o en su caso el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, en términos de lo previsto por el artículo 31, fracción I de la Ley Orgánica de ese Tribunal, medios de defensa en los que se puede lograr su anulación, modificación o revocación. Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto que la interposición del recurso de inconformidad previsto por el artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal es optativa, también lo es que el propio dispositivo establece como medio de defensa ordinario el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, lo que además se corrobora del contenido del artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica de ese Tribunal. Además, en el caso no se actualiza ninguna excepción de las que prevé el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, para que se agote el principio de definitividad aludido, es decir, que la ley que rija al acto reclamado prevea la suspensión de sus efectos con los mismos alcances que la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los señalados en ésta para conceder la medida cautelar, ni plazo mayor al que establece para el otorgamiento de la suspensión. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J.125/2011, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL". Incluso, este Juzgador advierte que en el juicio contencioso referido, se puede obtener la suspensión de los actos impugnados con los mismos alcances que la Ley de Amparo, razón por la cual, se cumple con la exigencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley referida y, en consecuencia, se vuelve obligatorio agotar ese medio de defensa. En efecto, al interpretar ese artículo de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos, lo que implica que la sola la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, únicamente es un alcance que tiende a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva De hecho, la propia Segunda Sala ha sostenido que dicha disposición no tiene como propósito que el texto de la Ley de Amparo se repita en todos los demás ordenamientos, razón por la cual, si en el juicio contencioso se puede obtener la suspensión del acto impugnado para preservar la materia del juicio, es indudable que tiene los mismos alcances que la suspensión en el juicio de amparo Aunado a lo anterior, es importante atender a lo dispuesto en los artículos 90 y 101 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), que son del tenor literal siguiente: "90.- Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue turnada, el Magistrado que corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada (.) "101.- El Magistrado Instructor podrá acordar la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes. "Cuando se solicite la suspensión para la realización de actividades reguladas, que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso y el actor no exhiba dicha documental no se otorgará la misma". En ese sentido, de los artículos citados se desprende que en el juicio contencioso administrativo local es posible obtener la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios cuando los actos combatidos impidan el ejercicio de su única actividad. De manera que si en el caso concreto las quejosas combaten la orden de clausura impuesta a un inmueble en el procedimiento administrativo, debe considerarse que la normatividad que rige el juicio contencioso administrativo de la Ciudad de México prevé los mismos alcances que la Ley de Amparo, atendiendo a que en el caso concreto el acto reclamado impide el acceso al inmueble citado, por lo que en esa instancia puede obtener la medida cautelar con efectos restitutorios, tal como lo prevé la Ley de Amparo. De igual manera, importa destacar que si bien, el acto reclamado se impugna como de imposible reparación, también lo es que esa circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad que rige el presente juicio. Sustenta lo anterior, la tesis II.1o.3 A (10a.), cuyo rubro es "ORDEN DE CLAUSURA, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES O SERVICIOS, DECRETADA PREVENTIVAMENTE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. AÚN CUANDO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ESTA CIRCUNSTANCIA NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, este juzgador considera que no se actualiza ninguna otra excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, puesto que del acuerdo impugnado se advierte claramente que para sustentar su determinación, la responsable citó diversos preceptos y expuso argumentos en los que apoyó su actuar. De igual manera, porque el quejoso no solo reclama violaciones directas a la constitución, pues de los argumentos que formula en sus conceptos de violación, puede advertirse que controvierte el oficio reclamado por cuestiones de mera legalidad, como lo es, bajo su perspectiva, la indebida fundamentación y motivación de ese acto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sin número, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN." Asimismo, porque el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México no está previsto en un reglamento, sino en una ley formal y material. En consecuencia, toda vez que no se advierte la actualización de alguna excepción al principio de definitividad y; sin embargo, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Isabel Bautista Nava y otra. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque basta imponerse del acto reclamado para determinar su actualización. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la causa de improcedencia que amerita el desechamiento de una demanda de amparo, se justifica cuando aún de admitirse y tramitarse el juicio, no se podría arribar a una conclusión diversa, siendo que en este caso, la causa de improcedencia es notoria y manifiesta porque deriva de la naturaleza del acto reclamado, es decir, no se tiene duda sobre dicha naturaleza e, incluso, ésta no variará a pesar de tramitarse el juicio. Por esa razón, no resulta aplicable la tesis aislada sin número, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA". Como se advierte esa tesis alude a "la posibilidad de la existencia de un recurso"; sin embargo, en el caso que nos ocupa, la existencia de un medio ordinario de defensa no sólo es posible, sino que está plenamente evidenciada, esto es, no hay duda sobre la existencia del juicio contencioso administrativo como un medio ordinario de defensa contra los actos reclamados. Aunado a ello, como ya se ha demostrado, ese medio ordinario de defensa no solo es posible, sino que es idóneo y eficaz para lograr la anulación, revocación o modificación del acto aquí reclamado. Por último, se debe destacar que la sola posibilidad de un recurso no puede dar lugar a desacatar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo; puesto que sobre dicha posibilidad debe imperar el texto constitucional, particularmente su artículo 107, fracción IV, que establece que en materia administrativa, será necesario agotar los medios de defensa. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. De conformidad con el artículo 13 de la ley de la materia, se designa como representante común a María Isabel Bautista Nava. Por autorizado, en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Alejandro Ledesma García; y, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza al quejoso el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley en cita, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 87 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Se hace del conocimiento al quejoso que, en términos de los artículos 8° y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los numerales 6° y 8° del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil catorce, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes o sus representantes, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa, en el entendido de que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por autorizada su publicación. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del Secretario Juan Edgar Mejía Martínez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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