María Isabel Barrera Cruz

Expediente 791/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 27 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
791/2023
Año
2023
Actuaciones
27
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • María Isabel Barrera Cruz
  • 3. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, por medio del cual acusa de recibo de los autos originales relativos al juicio en el que se actúa, que fue remitido por este órgano jurisdiccional e informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto radicándolo con el número 1167/2023; asimismo, solicita se realice la vinculación del expediente 791/2023, del índice de este juzgado, con el expediente 1167/2023, de su índice. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. GUSTAVO ANTONIO VILLANUEVA CERVANTES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7f.77 07/10/23 11:25:01 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 791/2023-VI JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 2 - B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 19, fracción I, inciso a) y b), en relación con el precepto 34, de dicho acuerdo2, pues se trata de un asunto en el que este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo; además, de no advertirse la actualización de alguna de las hipótesis de relevancia documental ni contener documentación clasificada como reservada, para su conservación, establecida en los párrafos penúltimo y final, del numeral 20 en mención3. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del citado cuerpo normativo4. 1 "Artículo 12. Valoración de expedientes. Las personas titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo. [.]" 2 ""Artículo 19. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; b) Incompetencias; " "Artículo 34. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar mediante sello en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia." 3 "[.] No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo. En el supuesto regulado en este artículo, no serán susceptibles de destrucción los documentos de un expediente judicial o auxiliar que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información." 4 Artículo 21. Documentos necesarios para formalizar la baja documental de expedientes. Para la destrucción de los expedientes se deberán generar los documentos siguientes: I. Acta en formato digital suscrita con firma electrónica de la persona titular del órgano jurisdiccional y la o el servidor público designado para dar fe de la desintegración material. Excepcionalmente, podrá generarse en formato impreso con firma autógrafa de ambas personas servidoras públicas. El acta de destrucción deberá incluir el acuerdo de desincorporación; y II. Listado en formato digital y, de manera excepcional, en formato impreso, de los expedientes o constancias que se destruyen, suscrito con firma digital o autógrafa, según corresponda, por la persona titular del órgano jurisdiccional y la o el servidor público designado para dar fe de la desintegración material. GUSTAVO ANTONIO VILLANUEVA CERVANTES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7f.77 07/10/23 11:25:01 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 791/2023-VI JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 3 - Amparo indirecto 791/2023 C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente se formó incidente de suspensión, mismo que fue remitido junto con el expediente principal, al juzgado oficiante, por tanto se deja de proveer al respecto. D.REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos susceptibles de devolución exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Por otra parte, se hace de su conocimiento, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el presente juicio de amparo indirecto 791/2023, con el expediente 1167/2023 de su índice, de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran; de Artículo 22. Acta y listado de destrucción. Las personas titulares de los órganos jurisdiccionales remitirán un ejemplar en formato electrónico o impreso del acta de baja documental y de los listados de los expedientes destruidos a la Dirección General de Archivo y Documentación. Adicionalmente, realizarán las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes. Artículo 23. Destrucción de expedientes por órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales serán los encargados de destruir los expedientes a que se refieren los artículos 19 y 20 de este Acuerdo, en los términos señalados en éste. Para la realización de este proceso los órganos jurisdiccionales contarán con el apoyo de las Administraciones Regionales, Delegaciones Administrativas o de las Administraciones de los Edificios del Consejo, según corresponda. Estas unidades administrativas se encargarán de hacer las gestiones correspondientes para la realización de las actividades relacionadas con la desintegración material de dichos expedientes, de conformidad con la normatividad aplicable. GUSTAVO ANTONIO VILLANUEVA CERVANTES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7f.77 07/10/23 11:25:01 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 791/2023-VI JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 4 - conformidad con lo establecido en el artículo 113, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice la captura correspondiente del recurso citado supralíneas; asimismo, los trámites correspondientes para la vinculación y consulta del presente expediente de manera electrónica. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos de los cuales se advierte que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés se tuvo por recibido el informe justificado del Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, con sede en esta ciudad, y de los anexos exhibidos, se puede advertir que la quejosa fungía como Policía Tercero en la Ciudad de Tonalá, Chiapas, además que de las constancias se advierten que la parte aquí quejosa tiene como domicilio señalado el ubicado en ***, Chiapas, por lo que, es en aquél lugar donde deberán ser analizados los actos reclamados por el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en dicho lugar. Al efecto, se acuerda: ANÁLISIS DE COMPETENCIA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33, de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Precisado lo anterior, es menester señalar que en el escrito de demanda, específicamente en el apartado relativo a los actos reclamados, manifestó lo siguiente: El artículo 84, fracción VII del Reglamento de la Ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, así como, su aprobación, refrendo, promulgación, publicación y publicación (vicios propios). El acto de aplicación que se traduce en la orden preventiva de pago a partir del treinta de abril de dos mil veintitrés. Dichas manifestaciones, constituyen una confesión de prueba plena en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 201, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. De ahí que, este órgano carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho. Lo anterior, de conformidad con las siguientes razones: - La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. - La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino solo en aquellos para los que está facultado por la ley; es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de materia, cuantía, grado y territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, debido a que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación y de los Juzgados de Distrito. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37, de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando esta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, los numerales 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, de la Ley de Amparo, corroboran las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, será competente el juez de distrito ante quien se presente la demanda, esto es, el que haya determinado los primeros trámites de urgencia en el asunto; 3. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y se sigue ejecutándose en otro, de igual manera, será competente el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda; y 4. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37, de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." En ese tenor, de los datos del informe justificado que remite el Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, con sede en esta ciudad, y de los anexos exhibidos, se puede advertir que la quejosa fungía como Policía Tercero en la Ciudad de Tonalá, Chiapas; además que de las constancias se advierten que la parte aquí quejosa tiene como domicilio señalado el ubicado en calle principal dieciocho Nueva Pumpuapa, Tapachula, Chiapas, por lo que, es el lugar en el que se está ejecutando el acto de aplicación reclamado, lo anterior, toda vez que tiene su adscripción en la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, en Tonalá, Chiapas; asimismo, los descuentos se encuentran realizando en esa ciudad, por tanto, es en aquél lugar donde deberán ser analizados los actos reclamados por el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en dicho lugar, de ahí que, debe considerarse competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito del lugar en que se encuentre ejecutando el acto. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37, y 48, de la ley de la materia, este juzgado de Distrito carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo, y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto, dado que como se adelantó, es el lugar donde se está ejecutando el acto reclamado, misma que se encuentra dentro de los límites territoriales donde aquel juzgado de distrito ejerce jurisdicción. Por los motivos antes señalados, se determina que este órgano jurisdiccional es incompetente por razón de territorio; por ello el conocimiento del presente juicio no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 antes mencionado, se estima que este juzgado carece de competencia legal para conocer del mismo y se ordena remitirlo al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, en turno, por considerar que el Juez de Distrito de aquella demarcación es el legalmente competente para conocer del asunto; por ende, para los efectos del artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para constancia legal. Solicítese al Juez y/o Jueza competente, de no existir inconveniente alguno, se sirva acusar el recibo correspondiente. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el oficio de cuenta signado por la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, promoviendo en representación de esa Secretaría y del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa a esta autoridad que mediante auto de cinco de septiembre del año en curso, llevó a cabo la audiencia de ley dentro del procedimiento disciplinario administrativo adversarial ********************, en el que determinó que la parte aquí quejosa, deberá presentarse el dieciséis de septiembre del año en curso, ante esa Subsecretaría, para la asignación de sus actividades de acuerdo a las necesidades del servicio. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. Atento a lo anterior, con el contenido de dichas documentales DÉSE VISTA a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses legales convengan. Asimismo, con sustento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que adjunta la autoridad responsable, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto, el oficio de cuenta signado por la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación de dicha Secretaría y del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia, con sede en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento realizado en acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, remite las constancias solicitadas por este órgano jurisdiccional, consistente en copia certificada de citatorio de espera, cedula de notificación de veintiocho y veintinueve de junio del año en curso, respectivamente. Al efecto se acuerda. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio y anexos de cuenta. Atento a su contenido, téngase por desahogado el requerimiento, y por cumplimentado lo solicitado a la autoridad responsable, en proveído de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, con sustento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que adjunta la autoridad responsable, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe

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