María Isabel Ayala Benítez
Expediente 987/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 987/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Isabel Ayala Benítez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desecha la demanda de amparo promovida por María Isabel Ayala Benítez, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido Transferencia. NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 987/2021 Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicase en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que, existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 987/2021 NOTIFÍQUESE.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por María Isabel Ayala Benítez, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 987/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 987/2021 2 Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Estudio de la demanda De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Del contenido de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa, reclama de las autoridades que señaló como responsables: "IV. Actos Reclamados: Lo constituye la ilegal notificación que se haya realizado a mi persona, dentro del juicio de Controversia sobre el estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar- Incidente de Cesación de Pensión Alimenticia- bajo el número de expediente 833/2000. Acto que trastoca las garantías de seguridad y certeza jurídica, así como el derecho fundamental al debido proceso y de tutela judicial efectiva, toda vez que se trasgrede directamente lo establecido en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con lo dispuesto por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Asimismo, del capítulo de antecedentes del acto reclamado se advierte que bajo protesta de decir verdad manifiesta que habita en el domicilio ubicado en calle Ejército del Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 987/2021 3 ??????????????? Trabajo, manzana 9, lote 12, colonia Ejército del Trabajo II, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, desde hace más de veinte años; que el veinte de septiembre de dos mil, promovió por su propio derecho y en representación de sus menores hijos, demanda de pensión alimenticia en contra de Apolonio Uribe Martínez, la cual fue radicada con el consecutivo 833/2020, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, expediente en el que el veinte de febrero de dos mil uno, se dictó sentencia definitiva, condenando a éste último, al pago de una pensión alimenticia definitiva. Que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, al llegar a su domicilio encontró tiradas en el piso del patio de su casa, dos hojas que en la parte superior dicen "INSTRUCTIVO", mismas que se encuentran membretadas con la Leyenda "Tribunal Superior de Justicia del Estado de México", de cuyo contenido pudo advertir que existe una demanda en su contra, sin embargo no se adjunta copia de la demanda; afirma que no recibió notificación personal alguna, por ende, no ha sido debidamente emplazada. Además, de las copias que adjuntó a su demanda de amparo se advierte que corresponden al instructivo a través del cual se notifica a la quejosa el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 833/2020, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, que ordena notificar el diverso auto de veinticuatro de agosto del año en curso, en el que se ordenó a Apolonio Uribe Martínez, enderezar su petición en contra de la ahora quejosa, es decir, de la solicitud de cancelación parcial de pensión alimenticia. Precisado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, cuyo texto a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 987/2021 4 Conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y sólo es procedente cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativa o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar las actuaciones del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueden revocar, nulificar o modificar; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la Ley de Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 987/2021 5 ??????????????? Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia I.6o.C. J/37, Novena Época, con registro digital 187016, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, materia común, página 902, que señala: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." También se invoca la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a diciembre de 1990, Octava Época, página 361, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Así también, robustece a lo aquí dicho, la tesis de la Séptima Época, con registro digital 254245, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 82, sexta parte, materia común, página 77, que señala: "RECURSOS ORDINARIOS. Conforme al artículo 73 fracción V, de la Ley de Amparo, antes de acudir al juicio de amparo en principio se deben agotar los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, pero para ello se requiere: a) que mediante ellos el acto pueda ser modificado, revocado o nulificado, y b) que conforme a la misma ley se conceda el beneficio de la suspensión del acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para obtener la suspensión definitiva. Y es de notarse que para que el precepto no resulte contrario al espíritu de la Ley de Amparo, protectora de derechos Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 987/2021 6 constitucionales, es requisito necesario que el recurso esté previsto en forma expresa en la misma ley que fundó el acto, o que fundó el procedimiento del que emanó dicho acto, pues no se trata de favorecer la subsistencia de actos posiblemente inconstitucionales mediante rigorismos de técnica que funcionen como trampas procesales." En efecto, de sus propias manifestaciones se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, fue notificada de los autos de veinticuatro de agosto y veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dictados en el juicio 833/2020, sobre pensión alimenticia, a fin de hacerle de su conocimiento de la petición de reducción de pensión definitiva solicitada por Apolonio Uribe Martínez, expediente en el que tiene el carácter de parte actora en el principal, lo cual le da la oportunidad de hacer valer los medios de defensa que la ley contempla para combatir las determinaciones dictadas en dicho procedimiento, conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, esto es, está en aptitud de hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho humano de audiencia. Así las cosas, es evidente que en contra del acto que reclama la quejosa, procede el incidente de nulidad de actuaciones, conforme a lo establecido en los artículos 1.113 y 1.114 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que señalan: "Artículo 1.113.- Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley, y que por esta falta quedare sin defensa cualquiera de las partes, así como en los demás casos que este Código determine; pero no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella. Artículo 1.114.- La nulidad deberá ser reclamada en incidente, dentro del plazo de tres días a partir de que el interesado tenga conocimiento del vicio o nulidad. Se entiende que una parte tiene conocimiento del vicio o nulidad de las actuaciones judiciales, cuando después de ellas hace alguna promoción o concurre a alguna diligencia o actuación subsecuente. De no promoverse el incidente en el plazo señalado o cuando se satisfaga la finalidad procesal del acto o actuación, quedarán revalidados de pleno derecho y el incidente se desechará de plano." De la interpretación literal de tales preceptos, se aprecia que las actuaciones que carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley, serán nulas, la cual deberá ser reclamada en incidente, dentro del plazo de tres días a partir de que se tenga conocimiento del vicio o nulidad. En tal virtud, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues las actuaciones que se reclaman en esta instancia constitucional fueron emitidas en el Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 987/2021 7 ??????????????? expediente 833/2000, del índice del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el que la quejosa es parte; con lo cual se cumple con el primero de los requisitos relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 1.113 y 1.114 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, de los cuales se advierte la procedencia de un medio de impugnación que puede hacer valer en el procedimiento, como lo es el incidente de nulidad de actuaciones. En este orden de ideas, el código adjetivo invocado señala expresamente en una de sus disposiciones la procedencia del medio de defensa respecto de las actuaciones que carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley; por tanto, resulta inconcuso la procedencia de un medio de defensa por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas las actuaciones dictadas en el procedimiento 833/2000 del índice del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, cuando se estima que carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley; esto es, el incidente de nulidad de actuaciones previsto en los artículos en mención. La tercera hipótesis en estudio, también se actualiza en la especie, pues el incidente de nulidad de actuaciones, resulta procedente contra los actos reclamados que surgen del procedimiento en que se emitieron, puesto que debe presentarse ante el juez del conocimiento en los términos a que se refiere el artículo 1.114 citado. La última de las hipótesis relacionadas, también se actualiza, en virtud de que las actuaciones reclamadas pueden ser modificadas o nulificadas, a través del incidente de nulidad de actuaciones, pues dada su naturaleza tiene como finalidad, en el caso que nos ocupa, que el juez nulifique las actuaciones que se estima fueron realizadas sin las formalidades legales, si así fuera procedente. Por tanto, como los actos reclamados de que se trata pueden ser impugnadas mediante el incidente referido, previsto en la ley mencionada, es obvio que hubo la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de garantías; por lo cual, Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 987/2021 8 resulta inconcuso que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Además, se debe destacar que tampoco se está en presencia de una persona extraña al procedimiento, pues de sus propias manifestaciones y conforme se advierte de las constancias que anexó a su demanda se advierte que en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a su contraparte para que enderezara su petición en contra de la peticionaria de amparo, a quien se le deberá correr traslado y emplazarla para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda y ofrezca pruebas; prevención que se le tuvo por desahogada el veintiuno de septiembre último; de lo que es claro que dicho juicio aún no se encuentra concluido. De lo anterior puede concluirse que a la aquí quejosa no le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación al juicio 833/2020, ya que el mismo no se encuentra concluido; por lo que se estima que pudo comparecer a dicho juicio, e incluso promover el medio de defensa ordinario que estimara procedente en contra del emplazamiento que tilda de ilegal, del cual derivan los actos reclamados en el presente juicio. La anterior circunstancia, esto es, el hecho de que la promovente de amparo, además de ser parte en el juicio del cual deriva la reclamación y de haber promovido el presente juicio de amparo cuando en el juicio de origen aún no se dicta sentencia interlocutoria que concluya la incidencia promovida por su contraparte, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, este juzgador advierte que en el presente asunto, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1, fracción I, 5, fracción II y 107, fracción VI del propio ordenamiento legal Por lo antes expuesto, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por María Isabel Ayala Benítez, por propio derecho. Notificaciones por lista a la quejosa. Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 987/2021 9 ??????????????? Con fundamento en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le deban hacer incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizado. Por cuanto hace a la profesionista que refiere en su demanda de amparo, téngase por autorizada para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acredite haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Promociones duplicadas y acuses Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicado de informes; y c) acuses de recibo. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 987/2021 10 en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 987/2021 11 ??????????????? Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Finalmente, también se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 987/2021 12 sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.
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