Maria Isabel Alavez Cruz

Expediente 1200/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1200/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
15/01/2018

Partes del expediente

  • Maria Isabel Alavez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa María Isabel Alávez Cruz, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto) de conformidad con el numeral 258 de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se ordena notificar este proveído al Gobernado del Estado de Oaxaca, como superior jerárquico de la responsable, para que le ordene cumpla con la ejecutoria de amparo, bajo apercibimiento que de no demostrar que se dio la orden correspondiente, dentro de igual término al antes señalado, se le impondrá igual multa a la especificada en el párrafo que antecede, además de que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1200/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. MARÍA ISABEL ALAVÉZ CRUZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, consistente en: el segundo acto de aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, expedida el 28 de enero de 2012 y publicada mediante decreto número 885 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, acto contenido en el comprobante de pago de su pensión por jubilación del mes de noviembre de 2017, entregado el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en el cual la autoridad señalada como responsable le aplica dos descuentos por la cantidad de $1,214.55 (un mil doscientos catorce pesos 55/100 moneda nacional) cada uno, por concepto FDO.D PENSIONES, más los subsecuentes descuentos que se pretendan aplicar cada mes por el mismo concepto, los cuales estimó violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, y 123, párrafos primero y segundo, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito, admitió la demanda de garantías, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Acuerdo número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un asunto en materia administrativa que corresponde a la jurisdicción de este Tribunal. SEGUNDO. Del informe justificado rendido por el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, se advierte la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que anexó la parte quejosa a su demanda de amparo, las que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de este último ordenamiento legal. TERCERO. Aduce la quejosa que los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, son violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, dado que restringe el derecho que tiene el pensionado por jubilación a disfrutar íntegramente el monto de su pensión, pues la obligan a aportar un 9% de la misma para el fondo de pensiones. Es fundado el sintetizado concepto de violación. En efecto, los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, señalados como inconstitucionales, disponen: "Artículo 6. El Fondo de Pensiones se constituirá con: . III. Las cuotas de los jubilados, equivalentes al 9% de su pensión"; "Artículo 18. . Por lo que respecta a los jubilados y pensionados, la Oficina de Pensiones descontará del monto de sus respectivas pensiones, las cuotas a las que se refieren las fracciones III y IV del artículo 6 de esta Ley. Asimismo, el Gobierno del Estado de Oaxaca hará su entrega quincenal a la Oficina de Pensiones del total de aportaciones a que se refiere el artículo 6 correspondiente a trabajadores, jubilados y pensionados". "TRANSITORIO: [.] Octavo. A partir de que los trabajadores incorporados antes de la vigencia de esta Ley adquieran el carácter de Jubilados o pensionados, contribuirán con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión, importe que la Oficina de Pensiones retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18 de esta Ley, debiéndose encargar de hacer los descuentos respectivos al momento de cubrirles sus numerales.". De dichos preceptos se advierte, que los trabajadores jubilados bajo la vigencia de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, deberán de aportar una cuota equivalente al 9% de su pensión para constituir el fondo de pensiones, mismo que la oficina correspondiente retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18. Asimismo, cabe destacar que la reforma al artículo 123 constitucional, y por ende, la creación del apartado B del mismo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, el precepto indicado en lo interesante es del tenor siguiente: "Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B.- Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de los Territorios Federales y sus trabajadores: (.) XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. (.)" En el citado numeral se establecieron las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos el principio de previsión social, que obliga a establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos; principios éstos entre los que se contempla el derecho al disfrute de una pensión, cuya finalidad es garantizar que el trabajador que ha prestado sus servicios por determinado número de años y ha llegado a una edad avanzada, pueda retirarse de su trabajo, con la confianza de que tendrá derecho a recibir ese beneficio, el cual le permita vivir con dignidad la etapa más difícil de la vida humana. La citada garantía, tiene rango constitucional, a fin de procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares, y ha adoptado bases mínimas de seguridad social con igual propósito, en el sentido que éstas pueden ampliarse pero nunca restringirse. Así, la garantía de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, incluye la pensión por años de servicio, que no puede ser restringida sin justificación legal válida, pues hacerlo conllevaría a la privación del pensionado del derecho de subsistir dignamente en su retiro, máxime cuando ésta constituye su única fuente de ingreso. Ahora bien, los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce, fueron declarados inconvencionales e inconstitucionales por el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, al emitir la jurisprudencia por reiteración, visible en la página 2512 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Octubre de 2014, Tomo 3, Registro 2007629, que dice: "PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. Los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto Número 885 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 28 de enero de 2012, conforme a los cuales, quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones, desatienden los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, los cuales autorizan dos casos de afectación: a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas. Lo anterior, porque si bien es cierto que la norma internacional, en su dimensión caracterizada como derecho humano a la seguridad social, autoriza la fijación de dichos topes, también lo es que la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas señaladas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, encaminado a constituir el fondo monetario con el que se cubrirá ésta, por lo cual los preceptos indicados son inconvencionales. Asimismo, violan el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo y, por ende, se le da el trato de trabajador en activo." Obligatoriedad de la jurisprudencia invocada que se establece en términos del artículo 217 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos previstos por el artículo 224 de la misma ley, por cuanto se sustenta un mismo criterio (inconstitucionalidad de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, al violar el derecho humano a la igualdad, pues dejan de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo, dándose por consiguiente el trato de trabajador en activo), en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario (amparos en revisión 101/2014, 92/2014, 116/2014, 110/2014 y 146/2014), resueltas en diferentes sesiones (de tres, diez, diecisiete de junio y veintiséis de agosto de dos mil catorce), y en todos los casos por unanimidad de votos; sin que sea óbice que se hubiesen resuelto cada una en diversas sesiones, ya que una vez integrada la jurisprudencia, el Tribunal Colegiado, no se ocupará nuevamente del tema; además de ser en beneficio de una protección más amplia en favor de las personas (principio pro homine), contemplado en el artículo 1º Constitucional. Así, al haber establecido el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, que los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto número 885 en el Periódico Oficial local el 28 de enero de dos mil doce, son inconvencionales e inconstitucionales, pues al fijar a los jubilados aportaciones al fondo de pensiones equivalente al 9% de su pensión, desatienden los artículos 26, numerales 3 y 67, inciso B) del Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual fija los topes al derecho de seguridad social, tales como a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas; siendo que en ellas no se establece el descuento a que se refieren los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, además de violar el derecho humano de igualdad, pues a los jubilados se les da el trato de trabajadores en activo. Además, del contenido del artículo 30, fracción II, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se advierte que la pensión por vejez es una prestación que sólo se otorga previa satisfacción de determinados requisitos, o de forma proporcional aquélla en que éstos se hayan satisfecho, supuesto en el cual resulta evidente que no se trata de una concesión gratuita, ya que su derecho se gesta durante su vida laboral, con las aportaciones periódicamente efectuadas a fin de garantizar aunque sea en parte, una subsistencia para cuando ya no esté en posibilidad de contribuir activamente al desempeño laboral. Por tanto, una vez precisados los motivos que dieron origen a la tesis de jurisprudencia antes citada, en la cual se decretó la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante decreto 885, el veintiocho de enero de dos mil doce, que prevén el descuento del 9% por ciento sobre el monto de su pensión, los cuales son aplicados a la pensión por jubilación de la aquí quejosa MARÍA ISABEL ALAVÉZ CRUZ; lo procedente es concederle la protección federal, para el efecto de que el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, no le siga realizando los descuentos a su pensión; lo que tiene como consecuencia, que no le sean aplicados en lo presente y en lo futuro los preceptos declarados inconstitucionales, esto desde luego, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad que contienen las normas legales citadas; así también, para que reintegre a la quejosa, en una sola exhibición, las cantidades descontadas al monto de su pensión por concepto de fondo de pensiones, a partir del mes de noviembre de dos mil diecisiete (primer descuento). Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a MARÍA ISABEL ALAVÉZ CRUZ, contra el acto reclamado al Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; consistente en el segundo y subsecuentes actos de aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial de esta Entidad Federativa el veintiocho de enero de dos mil doce; para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por la autoridad responsable, mediante el cual rinde su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, asimismo, con apoyo en el artículo 9° de la citada ley, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando como delegados a las personas que menciona. NOTIFÍQUESE.

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