Maria Isabel Alatorre Estrada

Expediente 242/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
242/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
13/04/2018

Partes del expediente

  • Maria Isabel Alatorre Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, a través del cual se Desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintitrés de marzo actual, que en lo conducente dice: Por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, Capital, por medio del cual remite el original y siete copias del escrito de la demanda de amparo promovida por María Isabel Alatorre Estrada, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato y otra autoridad, así como copia certificada del oficio número 687/2018 y los autos originales del expediente número *** (un tomo), un cuadernillo de amparo (un tomo) y un sobre con documentos, por haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la misma; por tanto, dada la voluminosidad de las constancias citadas, se ordena la apertura de dos tomo de pruebas para glosar dichas documentales. Acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, en acatamiento a la determinación de la Superioridad este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 242/2018-IV.1, anótese su ingreso en el Libro de Control de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Como cuestión previa, cabe señalar que las tesis aisladas y de jurisprudencia que se citarán en el presente acuerdo, se aplican en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a dicha legislación. La parte promovente del amparo señala como acto reclamado, lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA La violación grave a los ordinales 14 16 y 17 de la carta magna contenida en la resolución auto de fecha 14 de febrero y 19 de febrero 2018 autos que de manera totalmente ilegal la responsable ordenadora omite pronunciarse de manera expresa sobre la calificación que hace a la ilegal diligencia de cercioramiento embargo y emplazamiento realizada por la ministro ejecutor de fecha 10 de enero 2018 así mismo y no obstante lo anterior el día 19 de febrero 2018 ordena la inscripción en el registro público de la propiedad de diversos embargos recaídos sobre bienes de mi propiedad sin respaldo jurídico alguno resolución emitida por la responsable ordenadora así como las consecuencias directas indirectas mediatas e inmediatas dictadas por EL JUEZ CUARTO CIVIL DE CELAYA GTO DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO *** y del cual acabamos de tener notificación el día de hoy 20 de febrero 2018. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLE EJECUTORA RECLAMO La materialización de los actos de registro ordenada por el juez cuarto civil de Celaya gto derivados de la cuerda procesal número *** tendientes a ocasionar actos de molestia innecesaria a personas ajenas a la Litis principal. Acto reclamado que endilga al Juez Cuarto Civil de Partido, residente en esta ciudad de Celaya, Guanajuato y al Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Pénjamo, Guanajuato. En ese orden de ideas, este Juzgador Federal advierte que con relación a los actos reclamados, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal antes citado. Lo anterior, es así toda vez que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, textualmente dice: ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:.. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo anteriormente trascrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, la parte quejosa previo a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. En el caso que nos ocupa, por una parte la promovente del amparo se duele de la emisión del proveído de catorce de febrero del año en curso, por parte del Juez Cuarto Civil de Partido residente en esta ciudad de Celaya, Guanajuato dentro del expediente ***, a través del cual aprobó las diligencias de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, asimismo acordó el escrito en el que se tuvo a la solicitante del amparo, por contestando la demanda entablada en su contra. La aprobación de las diligencias citadas se fundamentó en el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, por disposición expresa de tal precepto; por tanto, dicha resolución resulta apelable. En cuanto al diverso auto de diecinueve de febrero del año en curso, emitido por la autoridad que ha quedado ceñida, dentro del expediente antes mencionado, a través del cual se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Pénjamo, a fin de inscribir el embargo; de conformidad con el numeral 1334 del Código de Comercio, dicho auto resulta revocable. Por lo anteriormente expuesto, es claro que la promovente del amparo no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, toda vez que contra el auto de catorce de febrero del año en curso, estaba obligada agotar el RECURSO DE APELACIÓN a que se refiere el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato; y contra el diverso proveído de diecinueve de febrero del año en curso, estaba obligada a agotar el RECURSO DE REVOCACIÓN que establece el artículo 1334 del Código de Comercio. Los preceptos legales invocados señalan lo siguiente: Artículo 69. La cumplimentación de que se trata el artículo anterior será revisada, de oficio, por el Juez. La revisión tendrá por objeto ordenar que se subsanen los errores cometidos en la cumplimentación. La resolución que pronuncie será apelable. Art. 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Ello es así, toda vez que la solicitante de la protección constitucional es parte en el juicio de origen, de ahí que debió interponer los citados medios de impugnación, previo a la instauración del juicio de amparo, pues éstos tienen como efecto, modificar o revocar los actos reclamados y, al no hacerlo así, es claro que soslayó agotar el Principio de Definitividad, conforme a los cuales, los actos reclamados deben ser atacados previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige los actos, siendo por ende, indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común; de ahí que no se cumpla con el requisito de definitividad rector de todo juicio de amparo, además que en el caso concreto, no se está en el caso excepcional a que se refiere el artículo 107, fracción VII, de nuestra Carta Magna, actualizándose así la causal de improcedencia invocada. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 401, Libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Es aplicable la jurisprudencia número 986, impresa a fojas 678, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También es aplicable, la tesis de jurisprudencia consultable a fojas 361, Tomo VI, segunda parte-1, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN.- Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal para los terceros extraños y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, de deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, es procedente desechar la demanda de amparo promovida. Toda vez que de las constancias relativas al expediente ***, de donde deriva el acto reclamado, se advierte que la solicitante del amparo puede ser notificada del presente proveído en el domicilio ubicado en ***, de esta ciudad de Celaya, Guanajuato; consecuentemente, se ordena turnar los presentes autos al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal a fin de que se constituya en el domicilio al efecto indicado y notifique el presente proveído a la promovente del amparo. Por lo anteriormente expuesto: ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por *** por propio derecho, de conformidad con las consideraciones formuladas en el presente proveído.

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