Maria Irma Becerril Cornejo

Expediente 1923/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1923/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
20/06/2019

Partes del expediente

  • Maria Irma Becerril Cornejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1923/2018, y testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de revisión 136/2019, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: ".PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo 1923/2018, promovido por María Irma Becerril Cornejo, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído al Tribunal de Alzada, en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, así como el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de abril de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por MARÍA IRMA BECERRIL CORNEJO, por conducto de su autorizado, y quedó registrado con el número RA(P) 136/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.*NMTG*MEAM

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve; por tanto, téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en Turno, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este órgano jurisdiccional cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la parte recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1923/2018-VI, promovido por MARÍA IRMA BECERRIL CORNEJO, por derecho propio; y RESULTANDO PRIMERO. DEMANDA. La quejosa MARÍA IRMA BECERRIL CORNEJO, por demanda presentada el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada ese mismo día a este juzgado federal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Fiscal Regional del Área Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. TRÁMITE. Previo a subsanar prevención, por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades señaladas como responsables y se presentó la demanda. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir de la quejosa, precisa que reclama: Los oficios de veintiuno y veintidós de junio de dos mil dieciocho, signados por la Fiscal Regional del Área Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos mediante los cuales hizo del conocimiento del Coordinador Estatal de la Policía Federal en Morelos, los criterios de diversos Jueces de Control y Juicios Orales de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, concernientes a la puesta a disposición, cadena de custodia, responsables de la cadena de custodia y aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito en hechos de tránsito. El oficio PF/DSR/CEM/EC/3690/2018, de cinco de febrero de dos mi dieciocho, del titular de la Estación Cuautla de la Policía Federal, que en cumplimiento a lo ordenado por el Comisario de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Morelos, le remite copia del oficio de veintidós de junio de dos mil dieciocho, signado por la Fiscal Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, mediante el cual hace de su conocimiento lo criterios de diversos Jueces de Control y Juicios Orales de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto reclamado a la Fiscal Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, pues así lo informó al rendir su informe justificado, al que anexó copia certificada concerniente a oficios emitidos por la entonces Fiscal Regional Metropolitana de veintiuno y veintidós de junio de dos mil dieciocho, dirigidos al Titular de la Coordinación de la Policía Federal en Morelos (fojas 53 a 59). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por cuanto a las diversas autoridades señaladas como responsables Coordinador Estatal de la Policía Federal en Morelos y Titular de la Estación Cuautla de la Policía Federal, toda vez que fueron omisas en rendir el informe con justificación, a pesar de estar debidamente notificados (fojas 51 y 52); con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. CUARTO. ANÁLISIS RELATIVO A LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al estudio de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. Apoya lo anterior por analogía, el criterio sustentado en la jurisprudencia 814, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos setenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, dadas las vicisitudes del presente asunto, el análisis respectivo a la improcedencia del juicio de amparo, habrá de realizarse en dos vertientes: a) Por cuanto hace a la Fiscal Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, ya que de la interpretación efectuada a contrario sentido del artículo 5º, fracción II, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se puede concluir que el juicio de garantías es improcedente cuando se reclaman actos que no se desarrollan en una relación de supra a subordinación en perjuicio de la parte quejosa, es decir, cuando no se combaten actos de autoridad. A criterio de quien resuelve no se está ante dicha relación, tomando en cuenta que la parte quejosa le atribuye a la Fiscal Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en el considerando segundo punto uno como acto reclamado, los oficios de veintiuno y veintidós de junio de dos mil dieciocho, dirigidos al Comisario titular de la Coordinación de la Policía Federal en Morelos, de los que deriva la afectación a su derecho como permisionaria en el servicio auxiliar de transporte de grúa y depósito de vehículos, en lo relativo a los criterios que adoptó de diversos Jueces de Control y Juicios Orales de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, refiriendo que los vehículos asegurados sólo podrán ser trasladados en depósito a corralones ubicados dentro de la periferia correspondiente a la zona metropolitana, es decir en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Tepoztlán y Huitzilac del Estado de Morelos. Atento a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, así, el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con potestades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2ª. XXXVI/99 publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página: 307, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máxima intérprete de la ley, a través de diversos criterios, ha definido lo que debe entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas en la tesis 2ª. CCIV/2001, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 39, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. En síntesis, es necesario establecer que el juicio de amparo es un medio de protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier gobernado; la teleología que persigue es la de proteger y preservar el régimen constitucional; así, jurídicamente la acción constitucional de mérito no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Constitución (artículos 103 y 107); va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de garantías y no la ley común; no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes, sino que va dirigida a hacer respetar la Ley Suprema cuando la autoridad ha rebasado sus límites; motivo por el cual, las sentencias de amparo sólo deberán decidir sobre la constitucionalidad del acto que se reclama y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales ordinarios, sean del fuero común o del fuero federal. Ahora bien, en el caso en particular se advierte lo siguiente: 1.- Mediante oficios de veintiuno y veintidós de junio de dos mil dieciocho, dirigidos al Comisario titular de la Coordinación de la Policía Federal en Morelos, la Fiscal Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, hizo de su conocimiento distintos criterios de diversos Jueces de Control y Juicios Orales de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que a su vez los informara a los elementos a su cargo, concernientes a la puesta a disposición, cadena de custodia, responsables de la cadena de custodia y aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito en hechos de tránsito (fojas 56 a 59). 2.- Por oficio PF/DSR/CEM/EC/3690/2018, de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, signado por el Encargado Suplente de la Estación Cuautla de la Policía Federal (diverso acto reclamado), en cumplimiento a lo ordenado por el Coordinador Estatal de la Policía Federal en Morelos, se remitió a la parte quejosa copia del diverso oficio de la Fiscal Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de veintidós de junio de dos mil dieciocho, por el que hizo del conocimiento los criterios aludidos y en particular, lo relacionado a que los vehículos asegurados sólo podrán ser trasladados en depósito, a corralones ubicados dentro de la periferia correspondiente a la zona metropolitana, es decir en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Tepoztlán y Huitzilac del Estado de Morelos, que es precisamente, la supuesta afectación de que se duele la parte quejosa (foja 17). Precisado lo anterior, se advierte que la afectación que aduce la quejosa como permisionaria que reprocha a la Fiscal Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que bajo su concepto se genera a razón de los oficios de veintiuno y veintidós de junio de dos mil dieciocho, antes indicados, no puede ser materia de análisis en un juicio de garantías ya que no revisten las características propias de un acto de autoridad para efectos del amparo, al no trastocar la esfera jurídica de derechos de la aquí recurrente; en la medida que solo se trata información que la referida fiscal adoptó e informó a la Policía Federal, en relación a lo que calificó como criterios de los jueces ahí indicados, comunicándoselo a la citada dependencia federal, sin que se aprecie que ello se encontrare dirigido o presentado en relación o de manera directa, sobre algún derecho legítimamente tutelado de la aquí quejosa. En tales circunstancias, se reitera, que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de lo que se sigue, que autoridad es todo aquél ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Lo anterior, conforme a lo expuesto en la tesis XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos siete, Tomo IX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de mil novecientos noventa y nueve, del texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." En consecuencia, si como ya quedó establecido la parte quejosa instó a la justicia federal, impugnando los oficios de veintiuno y veintidós de junio de dos mil dieciocho, signados por la Fiscal Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con los cuales remitió al Coordinador Estatal de la Policía Federal en Morelos, la información en ellos asentada, previamente descrita; es indudable, que la actuación de la aludida Fiscal Metropolitana, no se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, al no encontrarse en un plano superior a la aquí promovente, dado que los efectos jurídicos que pudieran derivar del actuar reclamado en el presente juicio, lo serían respecto del Coordinador Estatal de la Policía Federal en Morelos, esto es, en el caso que éste se hubiere sometido a la potestad de la fiscalía y con ello, acatando las indicaciones que le fueron informados, los cuales, aduce la quejosa le generan afectación; quedando de manifiesto, que es con el Coordinador Estatal de la Policía Federal en Morelos, con quien, de ser el caso, se generaría la obligación, de atender o acatar lo comunicado por la fiscalía responsable en los oficios combatidos y no así con la particular aquí quejosa; pues en relación con ésta no existe fuerza vinculatoria alguna que le obligue a sujetarse a los lineamientos transmitidos, al ser evidente que no fue dirigido a ella en ese sentido, sino a la diversa autoridad policíaca para que ésta decidiera si los atendía o no. Por lo tanto, los aludidos comunicados, no pueden considerarse como actos unilaterales de dicho ente, dado que la afectación que en su caso sostiene la quejosa le pueden producir los oficios indicados; aún en el supuesto de verificarse, derivaría indefectiblemente de que la Policía Federal en el ejercicio de sus funciones decida atender la información que le transmitió la Fiscal Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos; por lo que éstos (oficios), no tienen el alcance para estimar que con tal conducta se geste una relación de supra a subordinación respecto de la aquí promovente, pues no constituye el resultado obtenido al ejercicio de un derecho de manera autónoma por parte del gobernado, aquí parte quejosa, sino como se dijo, en todo caso al Coordinador Estatal de la Policía Federal en Morelos, en el hipotético asentimiento a los aludidos criterios informados por la referida Fiscal Metropolitana. Motivo por el cual, si la acción constitucional de amparo no es un derecho de acción procesal ordinario, ya que no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes, sino que va dirigida a hacer respetar la Ley Suprema cuando la autoridad ha rebasado sus límites; es indudable que el controvertido de garantías que se revisa deviene improcedente, cuenta habida de que, si lo pretendido por la impetrante era que se estudiara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los oficios elaborados por la Fiscal Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos señalada como responsables; lo cierto es, que no revestía el carácter de autoridad responsables para el juicio de amparo, en términos del ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5 de la Ley de Amparo, dado que con dicha actuación no materializó afectación directa a la aquí quejosa. Por ende, en caso de que eventualmente se produjera la afectación como peticionaria o prestadora del servicio de transporte de grúa, salvamento y depósito de vehículos, referente a que los vehículos asegurados en depósito sólo fueran trasladados a corralones ubicados dentro de la periferia correspondiente a la zona metropolitana, en la que la quejosa no se ubica; tal afectación, de ser el caso, tendría que atribuírsele a la Policía Federal, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 A del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, de no estar presente el usuario o estar imposibilitado para elegir un permisionario de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, es quien deberá llamar al permisionario más próximo, de conformidad con el rol registrado, ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y en ese hipotético caso, al prescindir llamar a la aquí quejosa para servicios de arrastre y depósito de vehículo bajo las circunstancias precisadas, por no estar en la zona metropolitana, podría en determinados casos sí vincularse a la esfera jurídica de la quejosa; todo lo cual, trae como consecuencia, que el acto reclamado no afecta de manera directa la esfera jurídica de derechos de la recurrente, al no revestir el carácter de acto de autoridad para el efecto del amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y a contrario sentido, 5°, fracción II, de la Ley de la materia, es procedente SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por cuanto hace al acto reclamado a la Fiscal Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos. b) Este Juzgado considera que respecto al acto reclamado a las diversas autoridades señaladas como responsables Coordinador Estatal de la Policía Federal en Morelos y Titular de la Estación Cuautla de la Policía Federal, consistente en el oficio PF/DSR/CEM/EC/3690/2018, de cinco de febrero de dos mi dieciocho, del titular de la Estación Cuautla de la Policía Federal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Del primer artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, y que la afectación a su esfera jurídica sea real y actual, ya sea de manera directa o bien por su especial situación frente al orden jurídico. El segundo numeral invocado toma como base para establecer la improcedencia del amparo la inexistencia del agravio personal y directo. Interpretando a contrario sensu la disposición legal contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se infiere que para que proceda el juicio de amparo contra un acto de autoridad se requiere que éste afecte de manera real y actual la esfera jurídica del quejoso, es decir, que le produzca un agravio. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo, y por perjuicio, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Es decir, no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que por ese solo hecho se tenga por acreditada la comprobación del interés jurídico de la parte quejosa, pues para ello es necesario que se demuestre, en este caso, que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos, así lo consideró la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis 3ª./J. 28/90, cuyo contenido es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4º. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Atento a lo anterior, el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame y, en tal virtud, la legitimación a que se refiere el artículo 5, fracción I, de la Ley de la Materia para iniciar y seguir el juicio de amparo debe fundarse en el agravio causado por el acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Esto es, el agravio debe recaer en la persona que ocurre al juicio constitucional, concretarse en ésta y no ser abstracto o genérico, así como también el mismo debe ser de realización pasada, presente o inminente, esto es, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético, en razón de que los actos simplemente probables no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquéllos existan o que haya elementos de los que pueda deducirse su realización futura con certeza. En el presente caso, se actualiza la referida causal de improcedencia, pues la inconforme no acredita que el oficio reclamado le cause perjuicio, ni que se le cause alguna afectación a sus derechos. De la lectura integral del oficio PF/DSR/CEM/EC/3690/2018, de cinco de febrero de dos mi dieciocho, dirigido a la parte quejosa por el titular de la Estación Cuautla de la Policía Federal, en cumplimiento a lo ordenado por el Comisario de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Morelos, le remitió a la quejosa copia del diverso de veintidós de junio de dos mil dieciocho, signado por la Fiscal Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, mediante el cual informó sobre los criterios de diversos Jueces de Control y Juicios Orales de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; si bien se hace destacar lo referente a que los vehículos asegurados sólo podrán ser trasladados en depósito a corralones ubicados dentro de la periferia correspondiente a la zona metropolitana, es decir en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Tepoztlán y Huitzilac del Estado de Morelos. También cierto es, que del mismo no se advierte disposición alguna dirigida a la parte quejosa como permisionaria del servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, que tengan como finalidad establecer términos y condiciones bajo las cuales se ejecutarán los criterios informados por la referida Fiscal Metropolitana, en su esfera de derechos subjetivos como permisionaria, prescindiendo de sus servicios al no pertenecer a la denominada zona metropolitana. En efecto, del aludido oficio de la Policía Federal, únicamente se advierte que se le hizo de su conocimiento lo informado por la Fiscal Metropolitana en alusión, pero de manera alguna, se desprende se fijaran requisitos o determinaciones que en esencia tuvieran que ver con la eventual afectación que planteó la promovente del presente juicio de amparo; ya que no se estableció determinación alguna dirigida a los permisionarios para la operación y explotación del servicio auxiliar de arrastre y salvamento de vehículos, en el sentido de prohibirles la explotación del servicio por no situarse en la zona metropolitana que comprende los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Tepoztlán y Huitzilac del Estado de Morelos; máxime que la Policía Federal debe de ceñir su actuar en lo concerniente a dichos servicios, con lo establecido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, en concordancia con el artículo 45 A del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. Tan es así que a la fecha de la presente resolución la parte quejosa no acreditó que materialmente se le haya impedido la prestación del servicio del que es permisionaria por las consideraciones precisadas en el oficio de mérito. Por tanto, no se acredita la afectación real y actual en la esfera jurídica de la quejosa en este juicio de amparo, el cual debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones; ya que corresponde la carga de la prueba de ese extremo a la parte quejosa. Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia 1ª./J. 1/2002, registro 187777, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, febrero de 2002 página 115, que indica: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4º. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto" Por ello, aun cuando la quejosa MARÍA IRMA BECERRIL CORNEJO, acredita su carácter de permisionaria para la operación y explotación del servicio auxiliar de arrastre, salvamento y depósito de vehículos por la ruta autorizada de jurisdicción federal, con copias certificadas del permiso para prestar el servicio de autotransporte federal de carga número 04012003170752574 de cuatro de julio de dos mil tres, otorgado por el Director General del Centro SCT, Morelos (foja 23 a 25) y el permiso conferido en oficio 103.0724 de trece de febrero de mil novecientos noventa y siete, otorgado por el Director General de Autotransporte Federal SCT, Morelos, para operar el depósito de vehículos (foja 21); las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo; se itera, el acto que reclama consistente en el referido oficio PF/DSR/CEM/EC/3690/2018, de cinco de febrero de dos mi dieciocho, signado por el titular de la Estación Cuautla de la Policía Federal, no afectan de manera real y actual ningún derecho subjetivo de ésta, pues solo tiene que ver con los criterios que adoptó la aludida Fiscal Metropolitana, que como ya se estableció, no le resulta ningún perjuicio de manera directa ni tangible en la forma en que fue combatida. Con base en lo anterior, ante la inexistencia del agravio personal y directo a la parte quejosa, por el acto que les reclamó al Coordinador Estatal de la Policía Federal en Morelos y Titular de la Estación Cuautla de la Policía Federal, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y por ende procede decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de biinstancial con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MARÍA IRMA BECERRIL CORNEJO, por cuanto hace a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe hasta hoy veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano