Maria Irene Pan Caballero

Expediente 2459/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2459/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2022

Partes del expediente

  • Maria Irene Pan Caballero

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil veintidós.Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la quejosa María Irene Pan Caballero, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda; y, en atención a lo que solicita, dígasele que, no habiendo impedimento legal alguno, se accede a la devolución a la parte quejosa de la documentación que solicita por conducto de las personas que menciona, previa realización del cotejo y certificación correspondiente, entréguesele, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el acuerdo mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo que desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido.Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Por último, toda vez que en autos obran documentos originales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda; por tanto, prevéngasele para que acuda a este Juzgado de Distrito con identificación oficial, a fin de recogerlos, dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida, que de no recogerlos, serán destruidos junto con el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el escrito signado por la promovente XXXXXX, con seis copias de la misma y catorce anexos, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de dieciséis de diciembre del año en curso, por ende, déjese sin efecto legal el apercibimiento señalado en dicho auto. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio promovida por MARÍA IRENE PAN CABALLERO, contra el acto que reclama del Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, y de otras autoridades, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, lo que procede es desechar de plano la demanda de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte, la existencia de una causal de improcedencia, cuyo estudio es previo y preferente, en observancia a lo dispuesto en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1° y 113 de la Ley de Amparo y 8° Constitucional, respecto del acto que se reclama, consistente en la omisión de las autoridades municipales señaladas como responsables, de darle respuesta fundada y motivada, al escrito que presentó el veintitrés de noviembre del año en curso, donde la promovente solicitó expresamente, que se le haga la entrega material del local número veintiséis, ubicado en planta baja, radio A1, del Mercado San Benito, de esta ciudad, que aduce es de su posesión. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, intitulada: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, de acuerdo al aludido artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Órgano Jurisdiccional de examinar, con todo detenimiento el escrito de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, en la demanda de amparo que se analiza, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades municipales señaladas como responsables, de darle respuesta fundada y motivada, al escrito que presentó el veintitrés de noviembre del año en curso, donde la promovente solicitó expresamente, que se le haga la entrega material del local número veintiséis, ubicado en planta baja, radio A1, del Mercado "San Benito", de esta ciudad, que aduce es de su posesión. En ese sentido, se obtiene que la quejosa se duelen de la omisión de las autoridades responsables de dar contestación de su escrito presentado ante las autoridades responsables, el veintitrés de noviembre del año en curso, en la que le solicitó expresamente, que se le haga la entrega material del local número veintiséis, ubicado en planta baja, radio A1, del Mercado "San Benito", de esta ciudad, que aduce es de su posesión. Sentado lo anterior, se estima que en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Federal. En ese sentido, el artículo 8º del Pacto Federal al efecto establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del citado dispositivo constitucional trascrito se desprende, que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento de la promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al peticionario. En el caso, la demanda de amparo fue presentada por la peticionario de amparo, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta localidad, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno y como se vio, en ésta se señaló como acto reclamado, la omisión de las autoridades responsables de dar contestación a su escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Al respecto, es menester tomar en consideración que la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, que rige el actuar de las autoridades responsables, tratándose de las peticiones que realicen las, personas, en su artículo 18, establece lo siguiente: "Artículo 18.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca un plazo distinto, las autoridades administrativas deberán de resolver de manera fundada y motivada las peticiones que les sean presentadas dentro de los tres meses contados a partir del día hábil siguiente al día en que fue presentada la petición, siempre y cuando se hubieran cumplido los requisitos señalados en los artículos 29 y 30 de esta Ley. Una vez transcurrido el plazo, si la autoridad administrativa no ha emitido la resolución correspondiente opera la afirmativa o la negativa ficta, de conformidad con lo que establece este título." De conformidad con el precepto que antecede, se establece el plazo de tres meses para que las autoridades administrativas resuelvan de manera funda y motivada las peticiones que se les sean presentadas. Como puede verse, el citado dispositivo, establece un plazo legal máximo para que la autoridad dé respuesta a una petición, y en caso, de no hacerlo operara la afirmativa o negativa ficta. Ahora bien, en el caso, no existe violación al derecho de petición que reconoce el artículo 8º constitucional, toda vez, que el escrito de marras, fue presentado el veintitrés de noviembre, por lo que entre el día hábil siguiente de la fecha en que las autoridades señaladas como responsables recibieron el ocurso de petición de la parte quejosa, esto es, entre el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, y la de presentación de la demanda de amparo que se analiza (catorce de diciembre de dos mil veintiuno), han transcurrido quince días hábiles, por lo que es evidente, que la autoridad responsable no ha excedido el plazo de tres meses establecido en el artículo 18 de Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado, con que cuenta para dar contestación a la petición de la quejosa, y emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación, como establece el artículo 8 constitucional, pues si bien debe de realizarse en breve término, ello es conforme a los plazos legales establecidos. Por tanto, se considera que no existe violación al derecho de petición que aquí se reclama en esta vía constitucional, pues como ya se indicó, en la especie aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que la autoridad responsable analice la solicitud de la parte inconforme, de contestación a la misma y notifique el acuerdo o acuerdos recaídos, en razón de que el lapso transcurrido entre la presentación del escrito a la autoridad y la promoción de la demanda de amparo que se analiza no ha transcurrido el plazo legal máximo que tiene la responsable para atender la petición. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Parte III, Sección Administrativa, en el Semanario Judicial de la Federación, a foja 767, que a la letra dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Por consiguiente, aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo que se analiza, la inexistencia del acto reclamado no podría ser desvirtuada, en razón de que es incuestionable que a la fecha de presentación de la referida demanda constitucional, la omisión reclamada no existe pues, como ya quedó asentado, en la especie se encuentra transcurriendo un término prudente, para que la autoridad responsable analice las solicitudes planteadas por la parte quejosa, den contestación a las mismas y notifique el acuerdo o acuerdo recaídos y, por ende, no existe la violación al derecho de petición reclamado. En mérito de lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XXIII y 217, ambos de la Ley de Amparo en relación con lo previsto en el numeral 8° de la Constitución Federal, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio RAN/YUC/SR/DJ/3055/2021, de diez de diciembre del año en curso, signado por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, con anexo que adjunta, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, y señala que la parte quejosa se presentó a las instalaciones de dicha dependencia, a las doce horas con treinta minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno, y se le hizo entrega de la documentación correspondiente al título de propiedad de la ********************En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con las documentales de referencia, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplida o no la sentencia ejecutoriada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*

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