Maria Irene Navarro Conde
Expediente 375/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 375/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria Irene Navarro Conde
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa dl Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se envió el juicio de amparo 375/2020, e informa que acepta la competencia del asunto. Toda vez que no existe trámite pendiente por realizar, se provee: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21 inciso j), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó plantear incompetencia; una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Hágase las anotaciones correspondientes.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitió los autos del juicio de amparo 375/2020, en virtud de que este órgano jurisdiccional resolvió carecer de competencia legal para conocerlo. Asimismo, se toma nota de que el referido juicio quedó registrado ante la autoridad oficiante con el número de amparo directo 622/2020. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de noviembre de dos mil veinte. Demanda de Amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***e I.M.R.N., contra el acto que reclama del Juez Primero de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 4º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 375/2020. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Incompetencia. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se desprende que este órgano de control constitucional, por razón de vía, no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, párrafo primero, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" De los anteriores preceptos se consigna una regla concreta de competencia, en la que excluye del conocimiento del Juez de Distrito a tal clase de resoluciones previstas en los preceptos relacionados, al establecer que pueden reclamarse ante un Tribunal Colegiado de Circuito. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170 de la Ley de Amparo, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito opera cuando confluyen tres elementos: a) El acto reclamado se trate de una sentencia definitiva o laudo y resoluciones que pongan fin al juicio; b) Éstos sean dictados por tribunales judiciales, agrarios, administrativos o del trabajo; y, c) Se agoten previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Consecuentemente en la especie debe atenderse a los citados requisitos para justificar el presente pronunciamiento de incompetencia; luego, conviene precisar que por sentencias definitivas o laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, debe comprenderse las que dan por terminado o concluido el juicio, o que impiden o paralizan definitivamente la prosecución de éste, independientemente de si se ocupan o no de la cuestión planteada. En el caso la parte quejosa reclama, bajo protesta de decir verdad: La sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada en el juicio de tramitación especial de divorcio incausado 531/2019 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles; por lo que resulta incuestionable que en esta vía de amparo indirecto lo que reclama es una sentencia definitiva que decide el juicio en lo principal. En las relatadas consideraciones, se considera que la determinación reclamada por la promovente es de las previstas en el artículo 170 de la Ley de Amparo, razón por la cual dicho acto no se ubica en las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto y obliga al pronunciamiento de incompetencia, puesto que lo procedente es que la acción constitucional que se hace valer se tramite en la vía directa ante el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia San Luis Potosí, en turno, a fin de lograr el examen constitucional que este juzgado está legalmente impedido a realizar, por no ser el acto reclamado objeto o materia de la competencia de este órgano de control constitucional en la vía indirecta, dado que las sentencias definitivas que ponen fin al juicio de que se trata, una vez agotado el ulterior recurso ordinario que pueda hacerse valer en su contra, escapan a la materia del estudio de este juzgado de distrito por disposición expresa de la ley; sin prejuzgar lo que determine el correspondiente órgano colegiado respecto de su procedencia. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que en dicha sentencia, aduce la parte quejosa, se haya resuelto lo relativo a la disolución del vínculo matrimonial y se dejaron a salvo los derechos de las partes respecto de cuestiones inherentes a éste, para ser tramitadas en la vía incidental; sin embargo, dicha determinación constituye una sentencia definitiva y no un auto intermedio que haga procedente la vía de amparo indirecto. Se afirma lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 561 NONIES y 561 DECIES, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, se advierte, en lo que interesa, que se permite la escisión del proceso de divorcio -disolución del vínculo matrimonial y regulación de cuestiones inherentes a ésta-; en consecuencia, cada una de las determinaciones que se dicten sobre dicho proceso constituyen sentencias definitivas, tal y como se dispone en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Las porciones normativas citadas se transcriben a continuación: "ART. 561 NONIES.- De no llegar a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio, o de no asistir a la audiencia respectiva el cónyuge citado, el Juez calificará los puntos del convenio en los que hubo acuerdo y no contravengan la ley, y ordenará se cite para resolver lo relativo al divorcio solicitado, debiéndose aprobar las cuestiones sobre las que hubo acuerdo y que previamente haya calificado de legales y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal; apercibiendo a las partes en la sentencia definitiva de abstenerse de ocultar, enajenar, dilapidar bienes y efectos patrimoniales generados durante el matrimonio, hasta en tanto se liquide la sociedad conyugal. En cuanto a los puntos sobre los que no hubo acuerdo, se dejarán a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía incidental. En la propia audiencia se decidirá sobre las medidas precautorias y provisionales, entre otras las referentes a los alimentos, guarda y custodia de niños y niñas o incapaces y, régimen de convivencia. ART. 561 DECIES.- Si la sentencia niega la pretensión de divorcio, o resuelve cuestiones inherentes al o los convenios presentados en que no haya habido conformidad de ambas partes, es recurrible en apelación. Contra la resolución de disolver el vínculo matrimonial no procede recurso alguno." Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, página 597, registro 2021695, de rubro y texto siguientes: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito." También sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, registro 2008791, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Cabe precisar que razonamientos similares a los anteriores, fueron pronunciados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo civil 65/2020 del índice de dicho órgano jurisdiccional. Sentencia que constituye un hecho notorio para este juzgado federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, toda vez que su consulta es posible realizarla a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con que cuenta este órgano jurisdiccional. Lo anterior, con fundamento en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, registro 2017123, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, considerando que el competente para ello lo es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la Ciudad de San Luis Potosí, en turno, por lo que remítasele el expediente relativo al presente juicio de amparo, por conducto de su oficina de correspondencia común, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole que una vez que obre en su poder, se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo, mediante el cual comunique si acepta o no la competencia planteada. Para los efectos relatados fórmese el cuaderno de antecedentes a que haya lugar. Autorizados. Se autoriza, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pedro Balderas Palomo, toda vez que se proporcionó el número de registro único que tiene en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, por lo que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho. Por otra parte, se tiene a José Luis Gallegos del Castillo y Martha Patricia Carrillo Antonio, como autorizados de la parte quejosa, únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 del citado ordenamiento legal, es decir, a efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que no proporcionaron el número de cédula profesional que los acredite como licenciados en derecho, consultable en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Orienta lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, registro 2021840, que es del siguiente tenor: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Domicilio. Del mismo modo, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Morelos, número 104, interior 16, zona centro, de esta ciudad. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL).La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídanse a costa de las partes, las copias de las constancias que integren el presente juicio, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1253, Libro XVI, de Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Kenia Alejandría Hernández Flores, Secretaria que autoriza y da fe. (Firmado electrónicamente)
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de noviembre de dos mil veinte. Demanda de Amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***e I.M.R.N., contra el acto que reclama del Juez Primero de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 375/2020. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Incompetencia. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se desprende que este órgano de control constitucional, por razón de vía, no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, párrafo primero, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" De los anteriores preceptos se consigna una regla concreta de competencia, en la que excluye del conocimiento del Juez de Distrito a tal clase de resoluciones previstas en los preceptos relacionados, al establecer que pueden reclamarse ante un Tribunal Colegiado de Circuito. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170 de la Ley de Amparo, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito opera cuando confluyen tres elementos: a) El acto reclamado se trate de una sentencia definitiva o laudo y resoluciones que pongan fin al juicio; b) Éstos sean dictados por tribunales judiciales, agrarios, administrativos o del trabajo; y, c) Se agoten previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Consecuentemente en la especie debe atenderse a los citados requisitos para justificar el presente pronunciamiento de incompetencia; luego, conviene precisar que por sentencias definitivas o laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, debe comprenderse las que dan por terminado o concluido el juicio, o que impiden o paralizan definitivamente la prosecución de éste, independientemente de si se ocupan o no de la cuestión planteada. En el caso la parte quejosa reclama, bajo protesta de decir verdad: La sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada en el juicio de tramitación especial de divorcio incausado 531/2019 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles; por lo que resulta incuestionable que en esta vía de amparo indirecto lo que reclama es una sentencia definitiva que decide el juicio en lo principal. En las relatadas consideraciones, se considera que la determinación reclamada por la promovente es de las previstas en el artículo 170 de la Ley de Amparo, razón por la cual dicho acto no se ubica en las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto y obliga al pronunciamiento de incompetencia, puesto que lo procedente es que la acción constitucional que se hace valer se tramite en la vía directa ante el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia San Luis Potosí, en turno, a fin de lograr el examen constitucional que este juzgado está legalmente impedido a realizar, por no ser el acto reclamado objeto o materia de la competencia de este órgano de control constitucional en la vía indirecta, dado que las sentencias definitivas que ponen fin al juicio de que se trata, una vez agotado el ulterior recurso ordinario que pueda hacerse valer en su contra, escapan a la materia del estudio de este juzgado de distrito por disposición expresa de la ley; sin prejuzgar lo que determine el correspondiente órgano colegiado respecto de su procedencia. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que en dicha sentencia, aduce la parte quejosa, se haya resuelto lo relativo a la disolución del vínculo matrimonial y se dejaron a salvo los derechos de las partes respecto de cuestiones inherentes a éste, para ser tramitadas en la vía incidental; sin embargo, dicha determinación constituye una sentencia definitiva y no un auto intermedio que haga procedente la vía de amparo indirecto. Se afirma lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 561 NONIES y 561 DECIES, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, se advierte, en lo que interesa, que se permite la escisión del proceso de divorcio -disolución del vínculo matrimonial y regulación de cuestiones inherentes a ésta-; en consecuencia, cada una de las determinaciones que se dicten sobre dicho proceso constituyen sentencias definitivas, tal y como se dispone en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Las porciones normativas citadas se transcriben a continuación: "ART. 561 NONIES.- De no llegar a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio, o de no asistir a la audiencia respectiva el cónyuge citado, el Juez calificará los puntos del convenio en los que hubo acuerdo y no contravengan la ley, y ordenará se cite para resolver lo relativo al divorcio solicitado, debiéndose aprobar las cuestiones sobre las que hubo acuerdo y que previamente haya calificado de legales y, en su caso, la terminación de la sociedad conyugal; apercibiendo a las partes en la sentencia definitiva de abstenerse de ocultar, enajenar, dilapidar bienes y efectos patrimoniales generados durante el matrimonio, hasta en tanto se liquide la sociedad conyugal. En cuanto a los puntos sobre los que no hubo acuerdo, se dejarán a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía incidental. En la propia audiencia se decidirá sobre las medidas precautorias y provisionales, entre otras las referentes a los alimentos, guarda y custodia de niños y niñas o incapaces y, régimen de convivencia. ART. 561 DECIES.- Si la sentencia niega la pretensión de divorcio, o resuelve cuestiones inherentes al o los convenios presentados en que no haya habido conformidad de ambas partes, es recurrible en apelación. Contra la resolución de disolver el vínculo matrimonial no procede recurso alguno." Cabe precisar que razonamientos similares a los anteriores, fueron pronunciados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo civil 65/2020 del índice de dicho órgano jurisdiccional. Sentencia que constituye un hecho notorio para este juzgado federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, toda vez que su consulta es posible realizarla a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con que cuenta este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, considerando que el competente para ello lo es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la Ciudad de San Luis Potosí, en turno, por lo que remítasele el expediente relativo al presente juicio de amparo, por conducto de su oficina de correspondencia común, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole que una vez que obre en su poder, se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo, mediante el cual comunique si acepta o no la competencia planteada. Para los efectos relatados fórmese el cuaderno de antecedentes a que haya lugar. Autorizados. Se autoriza, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pedro Balderas Palomo, toda vez que se proporcionó el número de registro único que tiene en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, por lo que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho. Por otra parte, se tiene a José Luis Gallegos del Castillo y Martha Patricia Carrillo Antonio, como autorizados de la parte quejosa, únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 del citado ordenamiento legal, es decir, a efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que no proporcionaron el número de cédula profesional que los acredite como licenciados en derecho, consultable en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Domicilio. Del mismo modo, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Morelos, número 104, interior 16, zona centro, de esta ciudad. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídanse a costa de las partes, las copias de las constancias que integren el presente juicio, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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