María Inzunza Romero

Expediente 926/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
926/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • María Inzunza Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de donde se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo.

  2. Principal

    Agréguese únicamente a los autos el alegato signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual formula alegatos, toda vez, que en auto de veintiséis de septiembre de este año, sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por otra parte, en cuanto a las copias que solicita de la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia simple de las constancias que índica, previa razón de recibo que se deje asentada en el expediente.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado, signado por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y mediante el cual, remite copia certificada de constancias que integran el juicio de nulidad 1518/2020-III. En consecuencia, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia naturaleza jurídica dicha probanza. Por otra parte, glósese al expediente en que se actúa para que obre como corresponda el diverso oficio de cuenta, signado por la Actuaria de dicho órgano jurisdiccional, mediante el cual remite copia certificada del auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual, el Magistrado de ese Tribunal, entre otras cosas, ordena se rinda el informe justificado solicitado y se remita las constancias que lo sustentan. Ahora bien, en el presente juicio de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la Magistrada Instructora de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa: a) La omisión de atender el escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó se dictara sentencia en el juicio de nulidad 1518/2020-III; y, b) La omisión de dictar sentencia el juicio citado en el párrafo que antecede. Precisado lo anterior, se tiene que de la documental que en copia certificada anexa al informe justificado de cuenta la autoridad responsable Magistrada Instructora de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, se advierte que el ocho de septiembre del año que transcurre, se dictó sentencia en el juicio de nulidad 1518/2020-III. En consecuencia, en relación con el acto reclamado precisado en el inciso a) consistente en la omisión de atender el escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, pues aun cuando el acto subsiste, materialmente no puede surtir efecto legal alguno al dejar de existir el objeto o materia del mismo. A su vez, respecto al acto reclamado precisado en el inciso b) relativo a la omisión de dictar sentencia en el juicio de nulidad 1518/2020-III, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de dicho acto. Por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Precisado lo anterior, se tiene que en relación con el acto reclamado indicado en el inciso a) consistente en la omisión de atender el escrito presentado por el quejoso el veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó se dictara sentencia en el juicio de nulidad 1518/2020, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada al resolver el amparo en revisión 3044/98, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, agregó la citada Sala que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Además, refirió ese Máximo Tribunal que, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo expuesto, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora, como se indicó previamente, respecto al acto reclamado a la Sala responsable indicado en el inciso a) consistente en la omisión de atender el escrito presentado por el quejoso el veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó se dictara sentencia en el juicio de nulidad 1518/2020-III, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que en el informe justificado de cuenta, la Magistrada Instructora de la Sala responsable, allegó diversas constancias relativas al juicio de origen, de las que se advierte que el ocho de septiembre del año que transcurre, dictó sentencia en el juicio de nulidad 1518/2020-III. En consecuencia, aún cuando de las constancias que remitió la Sala responsable, se aprecia que el veintidós de junio del año en curso tuvo por recibido el escrito presentado por el quejoso mediante el cual solicitó se dictara sentencia en el juicio referido conforme al sello que obra al margen inferior derecho, sin que de dichas constancias se advierta que la responsable hubiera emitido pronunciamiento al respecto. Sin embargo, materialmente no se podría restituir al solicitante del amparo en el derecho cuya vulneración reclama -la falta de atender la solicitud que presentó el veintidós de junio del año en curso- precisamente porque la Sala responsable el ocho de septiembre del año en curso, dictó sentencia en el juicio de nulidad 1518/2020- III, cuyo objeto era la solicitud que presentó el quejoso. De ahí que, en caso de que aun cuando el acto reclamado resultara inconstitucional, se tornaría jurídicamente imposible restituir al promovente del amparo en el goce del derecho que estima vulnerado o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria por haberse dictado sentencia en el juicio de origen. Por tanto, ninguna razón jurídica tendría analizar si la omisión de la responsable de emitir pronunciamiento respecto del escrito presentado el veintidós de junio del año en curso, vulnera derechos del promovente, pues si lo que pretende a través del juicio de amparo es que con una eventual concesión se ordene a la Sala responsable emita pronunciamiento en relación con el escrito en que solicitó se dictara resolución en el juicio de nulidad 1518/2020-III, y durante el proceso de derechos fundamentales el órgano responsable emitió sentencia en dicho juicio; es inconcuso que la omisión que reclama ya no puede surtir efecto en perjuicio de la parte promovente, lo cual era el objeto o materia del acto. Conforme a lo expuesto, es claro que el juicio de amparo indirecto promovido contra la omisión de atender el escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó se dictara sentencia en el juicio de nulidad 1518/2020-III, es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. A su vez, respecto al acto reclamado precisado en el inciso b) consistente en la omisión de dictar sentencia en el juicio de nulidad 1518/2020-III, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, como se precisó, la parte quejosa reclama de la Sala responsable la omisión de dictar sentencia en el juicio de nulidad 1518/2020-III. Al respecto, se tiene que de las constancias que remitió la Sala responsable en el oficio de cuenta, se aprecia que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (cinco de septiembre de este año), dicha autoridad, el ocho de septiembre del año en curso, dictó sentencia en el juicio referido. Lo expuesto revela que los efectos dilatorios del acto reclamado han cesado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo). En consecuencia, como se adelantó, procede sobreseer fuera de audiencia respecto de los actos reclamados, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En vista de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efecto legal alguno la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sin que obste lo anterior, de que las constancias que remitió la autoridad pudiera revestirle el carácter de parte tercero interesada al Director General y Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y al Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, sin embargo, el hecho de que no se encuentre emplazada a juicio, atento que, dado el sentido de este fallo, no resulta de trascendencia en su perjuicio.

  4. Principal

    FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo signada por la parte quejosa, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente 926/2022-VII-B, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo promovida por********************, contra los actos reclamados a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con el artículo 117, de la invocada ley, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, siguiente al en que se reciba el oficio correspondiente. En caso de ser cierto el acto reclamado, deberá anexar a su informe justificado copia certificada de las constancias conducentes, pues la omisión de dicha obligación se encuentra sancionada con una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO Por otro lado, las partes habrán de tener en cuenta lo previsto en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten." OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se hace del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que el artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, la obliga a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente su existencia, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. De igual manera se informa a las autoridades responsables, que no habrá necesidad de remitir oficio para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia que justifica una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página web https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/ acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 176/2012, con número de registro digital 2002576, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental allegada en el escrito inicial de demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio y autorizados de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, en atención a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias, constancias, diligencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presente en forma electrónica, se proceda su impresión para ser incorporada al expediente impreso. OFICIOS Asimismo, se autoriza a la Secretaria actuante, para que firme los oficios que deriven de este asunto. Se instruye a la secretaria y al oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envío efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde. EXHORTACION PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.

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