María Inés Torres Martínez

Expediente 1030/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 25 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1030/2016
Año
2016
Actuaciones
25
Última actuación
11/04/2017

Partes del expediente

  • María Inés Torres Martínez
  • Sala Civil del Tribunal de Justicia del estado, con sede en Campeche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    Visto el estado procesal de los presentes autos, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, último párrafo, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se NEGÓ tanto la suspensión provisional como la definitiva; además a juicio del suscrito no tienen relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que oportunamente desahogaran la vista; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196 segundo párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, y el seis de enero de dos mil diecisiete, se emitió la sentencia respectiva, en la que en su único punto resolutivo, se concedió a la parte quejosa la Protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a MARÍA INÉS TORRES MARTÍNEZ, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para los efectos apuntados en el último considerando de la misma. En síntesis, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para los efectos de que la autoridad responsable: a) Deje insubsistente la interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el toca 346/15-2016, S.C., formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintinueve de enero del mismo año, dictado en el Juicio Civil de Consignación de Renta 213/10-2011/J3°CI, promovido por Ruth Karime Estrella Aguirre, a favor de Román Torres Arjona, en el cual la Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, desecha de plano la solicitud formulada por María Eugenia Trinidad Torres Martínez, Rosalía Herminia Torres Mendoza, María Inés Torres Martínez -quejosa-, y Juan Carlos Zapata Acosta, en su carácter de apoderado legal de éstas, con excepción de Torres Mendoza. b) Emita otra en la que, declare fundados los conceptos de violación formulado por los apelantes en el toca de referencia, y ordené a la Jueza Civil de origen, deje insubsistente el proveído de veintinueve de enero del mismo año, dictado en el Juicio Civil de Consignación de Renta 213/10-2011/J3°CI, promovido por Ruth Karime Estrella Aguirre, a favor de Román Torres Arjona, y tomando en consideración las documentales existentes en el mismo, que acreditan que Claudia Yanire Vanessa Torres Martínez, es la albacea definitiva de los bienes del de cujus Román Torres Arjona; provea sobre la petición formulada por la aquí quejosa María Inés Torres Martínez y otros, en su ocurso de diez de diciembre de dos mil quince, relativa a la entrega del depósito de rentas realizado por Ruth Karime Estrella Aguirre, en el juicio civil de consignación en cita. En auto de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento con la sentencia concesoria de amparo. Atento a lo anterior, por oficio 1042/16-2017, S.C., de treinta de enero de dos mil diecisiete, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimento al fallo protector y para tal efecto remitió copia certificada de la resolución de misma fecha, en la cual dicha autoridad en su parte resolutiva, dijo: PRIMERO. Se deja insubsistente la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dictada por esta Sala. SEGUNDO. Resultan fundados los agravios expuestos por el LIC. JUAN CARLOS ZAPATA ACOSTA, apoderado legal de las CC. MARÍA INÉS MARTÍNEZ GARRIDO, CLAUDIA YANIRE VANESSA, MARÍA EUGENIA TRINIDAD y MARÍA INÉS TORRES MARTÍNEZ. TERCERO. Se ordena a la Jueza de origen, que deje insubsistente el proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 213/10-2011/J3°CI, relativo a la Consignación de Renta promovida por la C. RUTH KARIME ESTRELLA AGUIRRE, a favor de ROMÁN TORRES ARJONA, y tomando en consideración las documentales existentes en el mismo, que acreditan que la C. CLAUDIA YANIRE VANESSA TORRES MARTÍNEZ, es la albacea definitiva de los bienes del de cujus ROMÁN TORRES ARJONA; provea sobre la petición formulada por la C. MARÍA INÉS TORRES MARTÍNEZ y otros, en su ocurso de diez de diciembre de dos mil quince, relativa a la entrega del depósito de rentas realizado, en el expediente en cita. No obstante en auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se declaró no cumplida la sentencia ejecutoriada y se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la misma. En mérito de lo antes señalado, mediante oficio 1475/16-2017, S.C., de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaria de Acuerdos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, remitió la copia certificada de la sentencia de revocación emitida el día veintinueve de marzo del año en curso, en la que dejó insubsistente el proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se hizo entrega de las consignaciones que obran en autos del toca 346/115-2016,S.C., a la ciudadana María Inés Torres Martínez, por la persona autorizada Claudia Yaniré Torres Martínez, albacea definitiva de la sucesión del extinto Román Torres Arjona, para recibirlos en su representación (fojas 102 a 105). Por último, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, por medio de oficio 1536/16-2017, S. C., de siete de abril de dos mil diecisiete, la Secretaria de Acuerdos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la constancia del día cuatro de abril del año en curso, donde le fueron entregados a María Inés Torres Martínez, persona autorizada de Claudia Yaniré Torres Martínez, albacea definitiva de la sucesión del extinto Román Torres Arjona, los certificados de depósito reclamados en el expediente 213/10-2011/3C-I (fojas 108 a 109). Documentales a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197, 201 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Por tanto, este órgano de control constitucional considera que con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se demostró el cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de garantías, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías contenidas en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Federal, con lo que se concluye que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se advirtiera exceso o defecto en el cumplimiento de la misma. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, Materia Común, Décima Época, con registro 2010987, del tenor literal siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos en Funciones de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acta de entrega de cuatro de abril del año en curso, de diversos certificados de depósitos, con motivo del cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en atención a su contenido, agréguese para que obre en los presentes autos y surta sus efectos legales correspondientes, y sea tomado en consideración en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    Agréguese para que obre en los presentes autos el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos en Funciones de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual exhibe copias certificadas, con las cuales aduce que acredita el cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dicho cumplimiento, por el término de tres días contado a partir de que tengan conocimiento del mismo, para que manifiesten lo que a su interés convenga y una vez transcurrido ese lapso, se dictará la resolución que en derecho corresponda.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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