María Inés Ruiz Ibarra
Expediente 1882/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1882/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/01/2018
Partes del expediente
- María Inés Ruiz Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de Amparo vigente, en contra de la sentencia de veintiuno de diciembre del año próximo pasado (fojas 79 a 86). Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley en comento, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Legislación de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar por un lado se negó y por otro se concedió, respecto de los actos reclamados (fojas 24 a 28 y 43 a 48, del cuaderno incidental original); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la última interlocutoria del incidente de suspensión, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.
- Principal
Así, por lo expuesto y con apoyo, además, en los ordinales 65, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido contra los actos reclamados al Gobernador Constitucional, Congreso, Director General de Tránsito y Transporte e Inspector adscrito a dicha Dirección, todos del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en mérito de las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente sentencia constitucional.
- Principal
REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO INDICADO, DEN CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR CONCEDIDO. APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SIN CAUSA JUSTIFICADA, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA POR LA CANTIDAD DE CIEN VALORES DIARIOS DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO QUE DECLARA REFORMAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS ASIMISMO, EN CASO DE QUE NO QUEDE CUMPLIDA LA EJECUTORIA, SE REMITIRÁN LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO EN TURNO.
- Principal
VISTO EL ESTADO DE AUTOS, REQUIÉRASE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS, INFORME LO INDICADO EN AUTOS, BAJO APERCIBIMIENTO. SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
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