María Inés Gutiérrez Trejo

Expediente 482/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
482/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
30/10/2018

Partes del expediente

  • María Inés Gutiérrez Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de siete de septiembre de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil dieciocho. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 482/2018-I-1, promovido por *******, el que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El treinta de julio de dos mil dieciocho se recibió la demanda que dio origen al juicio en el buzón de la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito, la que fue turnada a este Juzgado de Distrito al día hábil siguiente, es decir el treinta y uno del mismo mes y año, en el escrito inicial la quejosa ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en ciudad Juárez y Presidente de dicha Junta, a quienes les reclamó los siguiente: IV. ACTO RECLAMADO De las responsables se reclama la omisión de juicio tramitar el radicado bajo el expediente ******* en los términos prescritos por la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO. Concesión del amparo. Por proveído de uno de agosto de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo (foja 8 a 10), integrado que fue el juicio se celebró la audiencia constitucional se dictó sentencia el treinta de agosto de dos mil dieciocho, en la cual se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a María Inés Gutiérrez Trejo para el siguiente efecto: [.]que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente el auto de once de julio de dos mil dieciocho, únicamente respecto de la fecha y hora fijada para la audiencia de admisión y ofrecimiento de pruebas señale una fecha inmediata, únicamente con el tiempo prudente para notificar a las partes, dentro de los plazos señalados por la ley laboral. Ahora, en caso de que exista la necesidad de diferir la audiencia de referencia, por causas no imputables a la autoridad responsable, la fijación de la nueva fecha para su celebración no podrá exceder del plazo fijado por la legislación laboral. [.] TERCERO. Requerimiento de cumplimiento. Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia en virtud de que no se interpuso recurso en contra, y dado que la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje informó que dejó insubsistente el auto de once de julio de dos mil dieciocho y señalaba las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de septiembre de la presente anualidad para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el mismo proveído se requirió a la autoridad responsable para que informará si se llevó acabo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (fojas 48 y 49). CUARTO. Determinación emitida por la autoridad responsable. La autoridad responsable informó por oficio recibido el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que el diecisiete de septiembre de la presente anualidad se llevó acabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente laboral ******* para lo cual anexó impresión con firmas autógrafas de dicha audiencia (fojas 54 a 57). Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Vista a las partes. En proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente con el oficio y anexo remitidos por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento (foja 58). SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto. De los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se colige que la concesión del amparo fue para que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje dejara insubsistente el auto de once de julio de dos mil dieciocho únicamente respecto de la fecha y hora fijada para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y señalará una fecha inmediata dentro de los plazos señalados por la Ley Federal. En auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta responsable señaló las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual se llevó acabo en la fecha señalada, esto es con anterioridad a la ejecutoria de amparo. Conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que al realizar tales actuaciones la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a la impetrante el goce de los derechos que estimó transgredidos. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 195, 107 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que en el juicio de amparo indirecto 482/2018-I-1 ha quedado cumplida la sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa de este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a la Autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil dieciocho. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 482/2018-I-1, promovido por *******, contra la omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el treinta de julio de dos mil dieciocho, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, *******, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó: [.] IV. ACTO RECLAMADO. De las responsables se reclama la omisión de juicio tramitar el radicado bajo el expediente ******* en los términos prescritos por la Ley Federal del Trabajo. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violadas. La quejosa consideró que la omisión reclamada transgredió en su perjuicio los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El uno de agosto de dos mil dieciocho, se admitió la demanda como amparo indirecto 482/2018-I-1, se solicitó a la Responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una omisión atribuida a una autoridad laboral que tiene su sede dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: El retardo en la administración de justicia por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por la omisión de celebrar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del término fijado por la Ley Federal del Trabajo. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia en el retardo de la impartición de justicia, al rendir su informe con justificación; asimismo, se advierte de las copias certificadas del expediente ******* del índice de esa autoridad, de las que se advierte que en acuerdo de once de julio de dos mil dieciocho, la Junta responsable señaló las nueve horas con diez minutos del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, documentales a las que se reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. El estudio de los conceptos de violación conduce a este Juzgado Federal a determinar lo siguiente: En la esencia de los motivos de disentimiento, la quejosa arguye la transgresión al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Responsable no ha respetado los términos establecidos en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. El concepto de violación esgrimido resulta esencialmente fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena: Artículo 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial [...] Del precepto reproducido se desprenden los principios que rigen el derecho fundamental del individuo a la impartición de justicia en nuestro país, siendo estos: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007 plasmada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Octubre de 2007, novena época, del siguiente tenor: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. El proceso del derecho del trabajo tiene, entre otras, la característica de celeridad, por lo que se califica como inmediato, según se deriva del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo primer párrafo se reproduce a continuación: 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. En lo que este análisis compete de manera específica, es necesario precisar que los artículos 686 y 883 de la Ley Federal de Trabajo disponen lo siguiente: 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley. Por su parte los artículos 878, fracción VIII y 880, de la Ley Federal del Trabajo, en su parte conducente indican: [.] 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución. Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: [.] Del análisis armónico y sistemático de los numerales anteriormente transcritos se advierte la obligación por parte de las Juntas de tramitar los juicios en los términos y plazos que marca la ley. En efecto, es obligación del Pleno o la Junta Especial, señalar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro de los diez días siguientes de concluir el periodo de demanda y excepciones. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, mismas que merecen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de éste último ordenamiento, se infiere que: El once de julio de dos mil dieciocho en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente ******* se fijó para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas las nueve horas con diez minutos del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la citada audiencia. Esto es, la junta responsable dejó de efectuar las actuaciones del juicio dentro de los plazos establecidos, advirtiéndose como la responsable vulnera la garantía consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, pues retarda la conclusión del procedimiento, cuando debe privilegiar la integración de la contienda. En otras palabras, la junta no constriñó su actuación a los lineamientos que le imponen las normas constitucionales y secundarias, es decir, en los plazos y términos que fijen las leyes, vulnerando con ello la garantía individual consagrada en el referido precepto constitucional. De manera que, si la legislación de la materia establece los plazos en que debe efectuarse cada etapa procesal, y la junta responsable los ignora, sin hacer uso de las medidas de apremio a su alcance para hacer cumplir sus determinaciones, es lógico que vulnera los derechos del quejoso que se traducen en obtener justicia pronta y expedita. En razón de lo anterior, la junta responsable no puede válidamente detener el juicio de origen, pues el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial el que las resoluciones se dicten dentro de los plazos que fijan las leyes, es dable afirmar que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira a la celeridad, cuando las resoluciones judiciales, en general, se dictan dentro de los plazos legales, que son elementos que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa a otra. Además, respetar los términos y plazos establecidos en la ley brinda la seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar la conducta procesal que les corresponda; carga que también le impone la ley al tribunal ante el que se somete un conflicto de intereses para que pronuncie y realice las actuaciones que la ley le impone dentro del espacio temporal respectivo. Por tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para efecto de que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente el auto de once de julio de dos mil dieciocho, únicamente respecto de la fecha y hora fijada para la audiencia de admisión y ofrecimiento de pruebas señale una fecha inmediata, únicamente con el tiempo prudente para notificar a las partes, dentro de los plazos señalados por la ley laboral. Ahora, en caso de que exista la necesidad de diferir la audiencia de referencia, por causas no imputables a la autoridad responsable, la fijación de la nueva fecha para su celebración no podrá exceder del plazo fijado por la legislación laboral. Tal concesión tiene sustento en la tesis aislada 2ª. CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de dos mil trece, Materia común, con número de registro 2005150, de rubro y texto siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******* contra la omisión reclamada de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Junta Especial Número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y Presidente de la Junta Especial Número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambas con residencia en esta ciudad; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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