María Inés Flores Álvarez
Expediente 1343/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1343/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/03/2022
Partes del expediente
- María Inés Flores Álvarez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que el que el plazo de tres días concedido a la quejosa María Inés Flores Álvarez, para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio, ha transcurrido sin que emitiera pronunciamiento al respecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento que le fue decretado en auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les realizaran por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido y visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se aprecia, que el veinticuatro de enero del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por la quejosa de mérito, misma que se notificó por medio de lista el veinticinco de enero del presente año. En ese sentido y vista la segunda certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, por medio del cual, la quejosa María Inés Flores Álvarez, desahoga la prevención realizada en acuerdo de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, téngase a la compareciente dando cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento formulado. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo y escrito de desahogo de prevención, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: La resolución interlocutoria de dos de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró infundado el recurso de revocación hecho valer contra el auto de dieciséis de noviembre del mismo año, en el que determinó que no había lugar a solicitar el auxilio de la fuerza pública, en virtud de que Esperanza Álvarez Flores es un adulto mayor. Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, este Juzgado de Distrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. [...]." Luego, se precisa que los alcances de las normas jurídicas aludidas y su interpretación obligatoria, se encuentran plasmadas en la jurisprudencia VI.2o. J/27, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 435, tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, con número de registro 204367, cuyo rubro y texto se citan: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.- Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." En ese contexto, por última resolución del procedimiento de ejecución, debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la resolución o bien que declare la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, cuyo rubro y texto se citan: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Hecha tal precisión, de los antecedentes del acto reclamado que señala la parte quejosa, se advierte que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia interlocutoria, relativo a la controversia sobre la convivencia entre la ciudadana Esperanza Álvarez Flores y sus descendientes; luego, en el acto reclamado que se analiza consistente en la sentencia interlocutoria de fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno (la cual que declaró infundado el recurso de revocación hecho valer contra el auto de dieciséis de noviembre del mismo año, en el que determinó que no había lugar a solicitar el auxilio de la fuerza pública, en virtud de que ESPERANZA ÁLVAREZ FLORES es un adulto mayor), la cual le fue notificada el tres de diciembre de dos mil veintiuno, se advierte que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del convenio conciliatorio -equiparable a cosa juzgada- celebrado en el juicio de origen, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni tampoco la que ordena el archivo definitivo del expediente. En tanto que, precisamente de los antecedentes de la quejosa, se aprecia que el contenido del acto reclamado, en lo conducente, precisa: ".sin que haya lugar a solicitar el auxilio de la fuerza pública ya que ESPERANZA ÁLVAREZ FLORES, es un adulto mayor, por tanto de conformidad con la ley de los derechos de las personas adultas, la familia de ésta es responsable de mantener y preservar su calidad de vida, evitando que sus integrantes cometan abuso o violencia que ponga en riesgo su persona, por tanto, la medida que solicita, podría afectar su integridad física y con ello su salud, de ahí la improcedencia de su petición." Por lo anterior, es evidente la actualización de la causa de improcedencia anunciada, si además se toma en consideración que, incluso en la demanda de amparo, se especificó que la autoridad responsable se encuentra actuando en etapa de ejecución, esto es, en cumplimiento al convenio celebrado en el procedimiento primigenio, sin que se aprecie que sea aquélla que declare el cumplimiento del mismo o determine la imposibilidad para tal efecto. Por ende, se concluye que el acto reclamado que se analiza, sólo constituye un auto de trámite dictado en ese procedimiento de ejecución; de ahí que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, al no constituir el acto reclamado el último acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues en la determinación reclamada no se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la resolución, ni tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento; máxime que no se trata de actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de dos mil once, Novena Época, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Asimismo, tiene aplicación por las razones que la informan la Jurisprudencia 1a./J. 28/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, acorde con el artículo 113 de la ley en cita, lo procedente es desechar de plano la demanda, por el acto reclamado, por existir causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por María Inés Flores Álvarez, contra actos del Juez Mixto del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1343/2021-II. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, previo a la admisión de la demanda, el Juez de Distrito debe examinar la misma y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir a la promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que es requisito formal para la presentación de la demanda entre otros, precisar el acto que se reclama, se considera pertinente requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias de éste, bajo protesta de decir verdad, y sabedora de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja procesal indebida, manifieste lo siguiente: Precise de manera concreta el acto que reclama en el presente sumario constitucional, toda vez que en el apartado que titula "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA", señala como acto reclamado ".se violentan flagrantemente .por la autoridad responsable, los Artículos 1.122,1.124.1.134 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, relativos a las correcciones disciplinarias y medios de apremio, así como a los principios rectores del proceso relativamente los cuales a la letra señalan (.)". Mientras que, en el apartado "V" de antecedentes del acto reclamado, refiere: ".En esos términos y ante la negativa de la autoridad responsable por aplicar las correcciones solicitadas, se promueve recurso de revocación, a la que el juzgador decide mediante sentencia interlocutoria de fecha, dos de diciembre del año en curso, la cual me fue notificada al día siguiente, declarar infundado el recurso horizontal interpuesto por la suscrita en contra del auto que niega la aplicación de tales correcciones disciplinarias, decisión interlocutoria que se combate por medio del presente juicio de Amparo Indirecto" Atento a lo anterior, su acto reclamado es inconcluso, en virtud de que, por un lado, reclama diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y por otra, hace mención a una determinación de dos de diciembre del presente año, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por dicha quejosa. Circunstancia que torna obscuro e impreciso el acto reclamado y por ello, es objeto de aclaración; en la inteligencia que, de señalar como acto reclamado destacado las disposiciones normativas que refiere, deberá de precisar también, las autoridades responsables que intervinieron en el procedimiento legislativo correspondientes, y si dichas normas, las reclama con el carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa. Y en el caso de que los reclamen como una norma autoaplicativa deberá precisar la fecha exacta en que entró en vigor tal disposición; en cambio, de reclamar dicho acto como un norma heteroaplicativa, deberá indicar en qué acto, determinación y/o resolución en concreto se encuentra contenido el primer acto de aplicación, así como la fecha de su emisión, la data en que se le notificó y/o tuvo conocimiento del mismo. Lo anterior con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan a este órgano jurisdiccional conocer con precisión lo reclamado, y estar en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia del juicio que se intenta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo". Así como la Jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Y la diversa P./J. 127/99, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, página 32, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Así como la tesis XX.57 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, visible en la página 871, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda" Es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada en tanto no se oponga alguna disposición vigente. Apercibida que, de no dar cumplimiento en los términos indicados en el plazo establecido, de conformidad con el numeral 114, penúltimo y último párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, dado que la quejosa fue omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, sin embargo, del apartado I de su demanda, se advierte como domicilio de ésta el ubicado en Prolongación Nueve de Abril, número 2, Barrio de San Miguel, Sultepec, Estado de México, mismo que se ubica fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 298 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 138 de la Ley Orgánica Poder Judicial de la Federación, remítase atento exhorto al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente la presente determinación a la quejosa de mérito, y la requiera para que dentro del plazo tres días contado a partir de su legal emplazamiento, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito; apercibida que de no hacerlo así, las posteriores notificaciones, incluso las de carácter personal, se les realizarán por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual modo, se faculta al Juez exhortante para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, incluso habilitar días y horas, en término del último párrafo del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a este Juzgado Federal. Por otra parte, se tienen por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Jazmín Sofía Pérez García, Daniel Pérez Díaz y David Antonio Gutiérrez Martínez; por así haberlo peticionado la quejosa. Con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,602 expedientes
- María Guadalupe Sánchez González191/2023
- María Guadalupe Santana Romero622/2020
- María Guadalupe Serafín García1302/2023
- María Guadalupe Terrón Cruz782/2021
- María Inés Flores Álvarez1342/2021
- María Inés Flores Álvarez662/2023
- María Inocencia Olga Aguilar Mejía1170/2022
- María Isabel Bernal Galicia y Otros.185/2021
- María Isabel González González342/2021
- María Isabel Huerta Carmona y Otros.849/2021
- María Isabel Jiménez Mendoza470/2021
- Maria Isabel Ventura Rodriguez510/2020