María Imelda Martínez Mariscal
Expediente 214/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 214/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/03/2022
Partes del expediente
- María Imelda Martínez Mariscal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que auto de diecisiete de febrero de marzo de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Delegación en Jalisco del Registro Agrario Nacional, a efecto de que remitieran las constancias generadoras del acto reclamado. Autoridad cumple requerimiento. Se tiene por recibido el comunicado que suscribe el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, mediante el cual, cumple el requerimiento de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, y al efecto remite las constancias generadoras del acto reclamado. Vista a las partes. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos legales procedentes. En la inteligencia de que los autos quedan a disposición de las partes las citadas constancias, en la secretaría de este órgano jurisdiccional para consulta. Documentales. Por tanto, se tiene a la responsable de referencia, ofreciendo prueba documental de su parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene por admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional que en este juicio de amparo se celebre. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, catorce de marzo de dos mil veintidós. Juzgado de Distrito remite exhorto. Téngase por recibido el exhorto 62/2022 suscrito electrónicamente por la secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual, remite sin diligenciar la comunicación oficial 3/2022-9 del índice de este órgano jurisdiccional, misma que se envió a fin de emplazar a esta instancia a la autoridad responsable Banco Ahorro Famsa, sociedad anónima, institución de banca múltiple en liquidación y/ Banco Ahorro Famsa, sociedad anónima, institución de banca múltiple y/o Grupo Famsa, sociedad anónima de capital variable y Grupo Famsa sociedad anónima bursátil de capital variable. Bajo dicho tenor, agréguese la comunicación oficial en autos, dese de baja y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente, habida cuenta que su envió fue a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y éste a su vez genera en automático el acuse de recibo. Razón actuarial. Ahora, vista la razón actuarial suscrita por el fedatario adscrito al órgano jurisdiccional exhortado, se desprende que no fue posible realizar la notificación encomendada por los motivos siguientes: (Subrayado añadido) Vista a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el término previsto en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo o no manifestar el impedimento que para ello tenga dentro del plazo señalado se dejará de tener con el carácter de autoridad responsable a la citada autoridad y, por consiguiente, se suspenderá de inmediato toda comunicación con la misma, con independencia de las consecuencias legales que ello le pudiese ocasionar. Lo anterior adquiere mayor relevancia puesto que es obligación de la parte quejosa proporcionar a este juzgado federal el nombre correcto de las autoridades a las que les imputa los actos de los que se duele, tal como lo dispone el artículo 108, fracción III, de la ley en mención, sin que la suplencia de la queja a que alude el dispositivo 79 del mismo cuerpo legal, faculte a este juzgador cambiar los sujetos de la relación procesal que necesariamente debe fijarla la quejosa. Tiene sustento la determinación, en la siguiente tesis jurisprudencial que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR" Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito que al rubro dispone: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA" Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe.
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Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informa el contenido del proveído dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en el que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Luis Antonio González López, autorizado en amplios términos de la quejosa Operadora de Casas Mabu, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, contra la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós. Asimismo, a dicho recurso se le asignó el número 175/2022 de lo que se toma nota, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1120/2021 promovido por José Guadalupe Enrique de la Torre Navarro, en contra de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y, otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, José Guadalupe Enrique de la Torre Navarro, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se registró con el número 1120/2021; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se emplazó al tercero interesado; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado. Debido a que se reclama un acto de autoridad jurisdiccional en materia civil, con domicilio dentro del lugar en que este órgano de control constitucional, ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por la cual se ordenó revocar la diversa de catorce de diciembre de dos mil catorce, y, en su lugar, se determinó reponer el procedimiento a fin de que se previniera a la parte actora para que dentro de cinco días ampliara la demanda en contra del quejoso José Guadalupe Enrique de la Torre Navarro y, hecho lo anterior, debería ordenarse su emplazamiento, en autos del toca 96/2021, así como su ejecución. TERCERO. Determinación acerca de la existencia de lo reclamado. Por razón de método en principio debe analizarse si el acto reclamado en verdad existen, habida cuenta que de no resultar cierto, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo. Son ciertos los actos reclamados a la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y Juez Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial, toda vez que así lo reconocieron al rendir su informe de ley. Lo que se corrobora con las copias certificadas del toca 96/2021 y los autos originales del juicio de origen, remitidos por las autoridades responsables como complemento de su informe justificado; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, párrafo segundo, al ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de amparo, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de oficio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento, dado que la resolución combatida no afecta materialmente los derechos sustantivos del impetrante de amparo. El precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En ese tenor, conforme al primero de los preceptos reproducidos en lo conducente, el juicio de amparo, es improcedente cuando así derive de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. De acuerdo al segundo de los citados numerales, el juicio de amparo indirecto, procede contra actos dictados dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación, por los cuales debe entenderse aquellos que de manera inmediata lesionen derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que México sea parte. En ese sentido, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe considerarse a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que deriven tales actos procesales, como sería, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa y el decreto de alimentos provisionales o definitivos, entre otros; en razón de los perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les pueden resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución definitiva que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no afectan derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este último caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso, según quedó establecido, se reclama la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la cual se ordenó revocar la diversa de catorce de diciembre de dos mil catorce, y, en su lugar, reponer el procedimiento a fin de que se previniera a la parte actora para que, dentro de cinco días ampliara la demanda en contra del quejoso José Guadalupe Enrique de la Torre Navarro y, hecho lo anterior, en su caso, ordenar su emplazamiento, ello autos del toca 96/2021. Determinación que, se considera, no es un acto de imposible reparación, al no ubicarse en la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que únicamente genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del pretensor de amparo. Al respecto, la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 17/90, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION"; refiere que si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto contra la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. De igual forma la citada jurisprudencia refiere que, por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo tutelado por la Ley Fundamental, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, ya que tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo abrogada (ahora 172 de la Ley de Amparo) y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 17/90, se actualiza el segundo de los supuestos a que hace alusión el citado criterio que refiere que si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por la constitución, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, dado que tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo abrogada (ahora 172 de la Ley de Amparo), y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. Para evidenciar lo anterior, es importante precisar lo actuado en el juicio de origen, a saber: Por escrito de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la tercera interesada Prendas de Jalisco, sociedad anónima de capital variable promovió demanda de juicio civil ordinario en contra de Maria Guadalupe Ponce de León Rivera y otros, en los que se reclamó la nulidad absoluta del contrato de compraventa contenido en escritura pública 57,143, la cual se admitió el tres de julio de dos mil dieciocho. Previo emplazamiento de las demandadas, y seguidas las etapas conducentes y el desahogo los medios de convicción ofrecidos, se dictó sentencia definitiva el catorce de diciembre de dos mil catorce, en la que se condenó a la parte demandada a las prestaciones reclamadas. En contra de dicha resolución, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la que se determinó que existió una violación procesal en el procedimiento, pues existía un litisconsorcio pasivo necesario, por lo que se ordenó reponer el procedimiento y, en su lugar, se previniera a la parte actora para que, dentro de cinco dias ampliara la demanda en contra del quejoso José Guadalupe Enrique de la Torre Navarro y, hecho lo anterior, debía ordenarse su emplazamiento, -acto reclamado-. Sobre esa base, del análisis de dichas actuaciones del juicio de origen, las cuales valoradas en términos del numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de las que se desprende que, con motivo del acto reclamado, no implica la ejecución de alguna medida cautelar en su contra o, en sus bienes, sino únicamente su llamamiento al juicio natural, a fin de que se dé la intervención respectiva en el contradictorio. Así pues, la determinación combatida no conlleva una ejecución que sea de imposible reparación, ya que aun cuando la sala responsable determinó la reposición del procedimiento natural, a fin de que fuera llamado a juicio, ello no implica violación a los derechos sustantivos del quejoso, ya que atendiendo a lo actuado en el juicio de origen no se advierte que con dicha reposición se le afecte algún derecho sustantivo sino al contrario, se ordena su intervención. En efecto, no se desprende que con la reposición del procedimiento ordenada se afecte algún derecho de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, por lo que, si la resolución impugnada tiene como efecto su llamamiento al juicio y con ello, la continuación del proceso de origen, sólo se pueden afectar los derechos procesales del impetrante de amparo. De ahí, que el que se haya resuelto que se reponía el procedimiento natural, a fin de que sea llamado el quejoso como parte, aun y cuando implique que se siga el juicio por las diversas etapas para dictar sentencia definitiva, no vulnera derecho fundamental alguno del peticionario, pues basta recordar que la tramitación de un juicio no es considerada de imposible reparación, ya que es la manera en que las partes pueden dirimir sus controversias a la luz del artículo 17 constitucional; en consecuencia, sólo tiene relevancia, en la expectativa procesal (que no en un derecho adquirido), de la parte quejosa, de obtener una sentencia favorable a sus intereses; lo que inclusive, puede obtener, dada las amplias posibilidades que, conforme a la ley aplicable al juicio de origen, pueden llegarse a demostrar los elementos de una acción o de una excepción. Aunado a que la sentencia que emitió la Sala responsable, no contiene condena alguna en contra del quejoso, por lo que, en este aspecto, tampoco se le genera una afectación a un derecho sustantivo, lo que revela que, se insiste, los aspectos en que incide la decisión que constituye el acto reclamado, son única y exclusivamente de índole procesal o formal. Luego, será en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo definitivo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la solicitante de amparo. En la inteligencia, que no se le afecta un derecho fundamental en relación con las pruebas ofrecidas y desahogadas por las diversas partes, dado que ello se traduce en una afectación procesal que no incide el algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues será en su caso, hasta que se dicte la sentencia conducente, cuando se pudiera advertir alguna afectación a sus derechos que trascendió al sentido del fallo. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Asimismo, cabe precisar que no se soslaya el criterio 1a./J. 64/2016 (10a.), que puede ser consultado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, Penal, que dice: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México." Dado que, dicho criterio es en materia penal, en el cual, se encuentra involucrado la libertad personal del imputado, por lo que, la reposición del procedimiento implicaría la prolongación de la restricción de la libertad del quejoso, y con ello, una afectación a un derecho sustantivo, lo cual, en el caso, no acontece, de ahí que, no resulta aplicable. De igual manera, tampoco se inobservó el criterio sostenido en la jurisprudencia de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia precitada resulta inaplicable, ya que para que proceda el amparo indirecto las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y, no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecía dicha jurisprudencia. Asimismo, resulta inaplicable para sustentar la procedencia del presente amparo el diverso criterio que señala la parte quejosa de rubro: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", dado que, en dicho criterio nuestro Máximo Tribunal determinó que tratándose de la resolución de segunda instancia que ordene la reposición del procedimiento, en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva, por lo que es este momento oportuno para estudiar tal extremo, tal como se estudió en párrafos antecedentes. Consecuentemente, se actualiza la causa de inviabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en términos del precepto 63, fracción V, del ordenamiento invocado, por lo que procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución, por no combatirse por vicios propios. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por José Guadalupe Enrique de la Torre Navarro, contra el acto que reclama de la Novena Sala del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco y otra autoridad, por los motivos establecidos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Lo sentenció y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que actúa con la secretaria Nathali Cisneros Mendoza, quien autoriza y da fe, el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en que concluyó el engrose de este fallo.
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