María Ilse Sthefania gómez Alcántara

Expediente 531/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 31 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
531/2021
Año
2021
Actuaciones
31
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • María Ilse Sthefania gómez Alcántara
  • Fiscalía General del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta, signada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Número Ocho, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por medio de la cual acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas mediante oficio 24766/2022, del índice de este órgano de control constitucional. De lo anterior, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que fue conminada la autoridad oficiante. Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo en que se actúa, por lo que ya que no son necesarias las constancias remitidas por la autoridad responsable siguiente: Agente del Ministerio Público Adscrita a la a Mesa de Tramite Número Ocho con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, consistente en el acta de entrega de las carpetas que tiene a su cargo. Por tanto, devuélvanse a su lugar de origen. Se apercibe a dicha responsable

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la sentencia del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por María Ilse Estefanía Gómez Alcántara, en el juicio de amparo 531/2021-III, por lo que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que aducen: "CAPÍTULO SEGUNDO. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOSJURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo /de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;." (.)" En este sentido, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL, CONJUNTAMENTE CON LOS CUADERNOS INCIDENTALES, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo, aunado a que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL JUICIO DE AMPARO 531/2021-III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las diez horas con cincuenta minutos del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 531/2021-III, en audiencia pública, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Óscar Durán Valdés, Secretario que da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario da cuenta de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas. Acto seguido el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por reproducidos en todas y cada una de sus partes los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Abierto el período probatorio: El Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes durante la substanciación del presente juicio de amparo. El Juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas exhibidas por las partes, las cuales se analizaran en el momento procesal oportuno. Abierto el periodo de alegatos: El Secretario HACE CONSTAR: Que las partes no ofrecieron y que el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción no formuló pedimento. El Juez acuerda: Sin alegatos por acordar, se concluye con esta etapa procesal y se tiene por precluido el derecho de las partes para ejercerlo. Con lo anterior, se tienen por efectuadas las etapas procedentes en la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se realiza el estudio de las constancias para dictar la sentencia que en derecho corresponda, con lo que culminará esta audiencia constitucional. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 531/2021-III promovido por ***, por propio derecho, contra actos de la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite Número Ocho con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito depositado en el buzón judicial el tres de junio de dos mil veintiuno, y turnado el cuatro de junio siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mismo que se recibió el siete de ese mismo mes y año, en este Juzgado Décimo de Distrito, ***, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por las autoridades y actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDADES ORDENADORAS Y EJECUTORAS: ? Fiscalía General de Justicia del Estado de México. ? Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Ocho de Trámite de Naucalpan de Juárez, Estado de México. IV.- ACTOS RECLAMADOS: A) Se señala como acto reclamado de la autoridad responsable Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Ocho de Trámite de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el ordenamiento de la medida de protección patrimonial consistente en el aseguramiento temporal del bien inmueble ubicado en calle de los ***. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de nueve de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número de amparo 531/2021-III, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito quien no formuló pedimento. Por auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, se admitió la ampliación de demanda por las siguientes autoridades responsables: AUTORIDADES RESPONSABLES EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Tienen el carácter de ordenadoras: 1. Fiscal Regional adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 2. Coordinador Regional adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Tlalnepantla y/o Atizapán de Zaragoza. 3. Juez de Control y Juicios Orales de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 4. Fiscalía Regional de Naucalpan, Agencia del Ministerio Público adscrito a la Mesa Ocho de investigaciones, licenciado Mario Rangel Favila. 5. Directora del Instituto de la Función Registral del Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. Tienen el carácter de autoridades ejecutoras: 1. Fiscal General de Justicia del Estado de México. 2. Coordinador General de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 3. Fiscalía Regional de Naucalpan Agencia del Ministerio Público adscrito a la Mesa Ocho investigaciones, licenciado Mario Rangel Favila. 4. Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. 5. Oficial Calificador del Instituto de la Función Registral del Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez Mediante proveídos de dos y seis de agosto de dos mil veintiuno, se tuvieron como autoridades inexistentes en el presente juicio de amparo a las siguientes:  Coordinador Regional adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en Tlalnepantla y/o Atizapán de Zaragoza.  Juez de Control y Juicios Orales de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.  Fiscalía Regional de Naucalpan, Agencia del Ministerio Público adscrito a la Mesa Ocho de Investigaciones Licenciado Mario Rangel Favilla.  Oficial Calificador del Instituto de la Función Registral del Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez. Seguida la secuela procesal, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se celebró la audiencia de ley, conforme al acta que antecede y concluirá con la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37, 107, de la Ley de Amparo, y 49 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, concretamente en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y su ampliación se advierte que la parte quejosa reclamó: ? El aseguramiento del bien inmueble ubicado en calle de los ***. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados las autoridades responsables siguientes: ? Fiscal Regional de Tlalnepantla, Estado de México (promoción 8299). ? Fiscal General de Justicia del Estado de México (promoción 6534). ? Coordinador General de la Policía de Investigación (promoción 8226). En mérito de lo anterior, por cuanto hace a la orden de aseguramiento emitida negada, era preciso que la parte quejosa probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, sin que lo haya hecho, no obstante que oportunamente se le dio vista con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba idóneos para desvirtuar la negativa de su existencia. Aunado a que de las constancias de las que emana el acto reclamado, no se aprecia que dichas autoridades responsables hayan ejecutado el aseguramiento reclamado, por lo que no existen los actos positivos que se le atribuyen a las autoridades mencionadas. Por tanto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer el presente juicio respecto de las mencionadas autoridades. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite Número Ocho con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al momento de rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado en el asunto, pues refirió que encontró la carpeta ***, donde se ordenó el aseguramiento del inmueble motivo de la presente litis. Por su parte, la Registradora de la Propiedad y del Comercio de la Oficina Regional de Naucalpan, Estado de México, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Asimismo, de las constancias que adjuntó a su informe se observa que en el folio real electrónico ***, Estado de México. Constancias que este juzgado les otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2 de dicho ordenamiento legal. QUINTO. Causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia, sea que lo hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, este juzgador federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 5, fracción I, cuarto párrafo, del ordenamiento legal en cita, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa De la lectura del artículo transcrito se advierte que la Ley de Amparo hace una distinción entre la existencia de un interés legítimo y un interés jurídico; sin embargo, la figura del interés legítimo se encuentra excluida tratándose de actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues desde la reforma constitucional en materia de amparo se consideró que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. Así, quien resuelve, advierte que la exigibilidad del interés jurídico subsiste cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como acontece en el presente juicio, ya que dicho interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, que se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad y le ocasiona un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. El interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ésta; en otras palabras, el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. En relación a este último punto, el artículo 14 Constitucional dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho que resulte afectado sin los derechos de audiencia y defensa que en él se consagran; sin embargo, para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse fehacientemente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. En el presente caso, al realizar un estudio detallado de las constancias integradas en el sumario y de los antecedentes narrados por el promovente en su demanda, se advierte que en esencia reclama el aseguramiento del inmueble ubicado en calle de los Pinos, ***, Estado de México. Luego, para que la parte quejosa acredite su interés jurídico deberá demostrar que efectivamente tiene algún derecho respecto de dicho bien. Ahora bien, la peticionaria del amparo exhibió para acreditar dicha situación la siguiente documental. ? Copia simple de informe de antecedentes registrales del bien inmueble con folio real electrónico ***, Estado de México. Sin embargo, dicho medio de prueba resulta ineficaz para acreditar que el acto reclamado afecta su interés jurídico, ya que con dicho documento no acredita el derecho de propiedad que aduce la quejosa, toda vez que la inscripción de un bien inmueble ante el Registro Público de la Propiedad no se considera como constitutiva de derechos, en el presente caso de propiedad, sino que es puramente declarativa. En efecto, como lo señaló la Registradora de la Propiedad y del Comercio de la Oficina Regional de Naucalpan, Estado de México, la anotación registral, sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos, por lo que exclusivamente se dio publicidad a la orden de aseguramiento, conforme al artículo 8.2 del Código Civil el Estado de México1. La situación anterior, tiene vigencia cuando un bien inmueble es transmitido, pero su perfeccionamiento si no se lleva a cabo sólo surtirá efectos entre los contratantes, pero no contra terceros. En el presente caso, no se cumplió con el primer elemento para que se considerara algún documento de fecha cierta, que consiste en aportar un documento donde se haga constar la transmisión de un derecho de propiedad o posesión a favor de la ahora quejosa. La consideración anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia vi.2o. J/24, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 203, del Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra indica: COMPRAVENTA, LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO NO CONSTITUYE UN ELEMENTO ESENCIAL DE VALIDEZ EN LOS CONTRATOS DE.La inscripción en el Registro Público de la Propiedad no constituye un elemento esencial de validez en los contratos de compraventa ni en los actos solemnes como los testamentos, a virtud de los cuales se opera el traslado de dominio de un bien determinado, porque como lo sostiene la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias entre las que puede citarse la pronunciada en el diverso amparo número 9643/949/1a, promovido por Felipa Vélez Fuentes, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad según la legislación mexicana, no significa traslación de dominio como acontece en Alemania y en Suiza, donde se considera la inscripción como constitutiva de derechos, siendo en México puramente declarativa, ya que la traslación de dominio se hace por el acto jurídico celebrado entre las partes y la inscripción no es más que la declaración de lo que se realizó en ese acto. Entonces, si la parte quejosa no acompañó algún documento de fecha cierta, como lo pudiera ser un contrato de compraventa pasada ante la fe del Notario Público, o escritura pública donde se hiciera constar un acto traslativo de dominio a la parte quejosa del inmueble ubicado ubicado en calle de los ***; entonces, no justificó tener algún derecho de posesión que deba ser reparado dentro de la carpeta ****, misma que se inició por el delito de despojo en contra de quien resulte responsable, por la víctima ***. 1 Artículo 8.2. Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico, pero no su inscripción, cuya finalidad es dar publicidad y no constituir un derecho. Por lo que, la documental aportada en la demanda sólo acredita en este caso la inscripción de un inmueble en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, respecto al domicilio ubicado en calle de los ***, Estado de México; sin que dicha manifestación genere convicción alguna relativa a la propiedad del inmueble que defiende la quejosa. Luego, al resultar ineficaz el medio de convicción que ofreció la quejosa, para demostrar el derecho de propiedad que dice tener respecto del inmueble asegurado, se concluye que carece del interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Sin que la presuncional legal y humana ofrecida de su parte le beneficie, toda vez que, de las copias certificadas remitidas por las autoridades responsables, así como que de la totalidad de las constancias de autos, no se desprende presunción alguna que beneficie a los intereses de la quejosa, ni se acredita la existencia de justo título que acredite la propiedad del inmueble que pretende defender. Sirve de apoyo la tesis aislada visible en la página dos mil setecientos cincuenta y nueve, Tomo XVII, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, marzo 2003, de rubro: "PRUEBA PRESUNCIONAL EN EL AMPARO. ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, SI DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS NO SE DESPRENDE NINGUNA PRESUNCIÓN A SU FAVOR. De todo lo anterior, se llega a la conclusión que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con el diverso precepto 5, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el diverso 63, fracción V del citado ordenamiento, se sobresee el juicio de amparo. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, por su propio derecho, respecto de los actos preciados en el segundo considerando, y por los razonamientos expresados en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo resolvió y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa con Óscar Durán Valdés, Secretario que da fe...

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