María Ilenia Luna Crespo

Expediente 321/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
321/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • María Ilenia Luna Crespo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes; en el entendido de que el reinicio de los plazos legales operará una vez que se notifique a las partes el presente proveído, en términos de la fracción II del artículo 2° del citado acuerdo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha en que se actúa no obran agregadas en los presentes autos la totalidad de las constancias con las que se acredite que el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio -Jefe de la Oficina- ambos con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, dieron cabal cumplimiento al fallo protector pronunciado en el sumario. Se sostiene lo anterior, tomando en consideración que en los autos del juicio de amparo en que se actúa, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, por ejecutoria emitida en el amparo en revisión materia civil 557/2019 de su índice, resolvió revocar la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento practicado a la parte demandada, así como la sentencia definitiva de trece de noviembre de dos mil diecisiete, y posteriores actuaciones, relativas al juicio ordinario civil 320/2017, de su índice. b) Hecho lo cual, actué en consecuencia, con plenitud de jurisdicción y conforme a sus atribuciones. Lo anterior, se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, del Libro 49, de Diciembre de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." La concesión del amparo se hace extensiva a los actos reclamados del Director del Registro Público de la Propiedad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, toda vez que su ilegalidad no se impugnó por vicios propios, sino que se hizo depender de la atribuida a la autoridad ordenadora. Cobra vigencia por su exacta aplicación, la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala del Máximo Órgano de Justicia de la Nación, que con el número 88, se encuentra impresa en la página 70, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a 2000, que textualmente dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Y en vías de cumplimiento el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Bandereas, Nayarit, mediante oficio 1570/2020 presentado en este Juzgado de Distrito el trece de enero del año en curso, únicamente hizo del conocimiento del auto dictado el diez de diciembre de dos mil veinte, en el que acordó dejar sin efecto todo lo actuado dentro del juicio civil ordinario 320/2017 de su índice, e incluso la sentencia definitiva dictada el trece de noviembre de dos mil diecisiete, así como las posteriores actuaciones; asimismo, ordenó reponer el procedimiento a partir de la diligencia de emplazamiento ordenada por auto de radicación veintiocho de abril de la citada anualidad; y, ordenó también el emplazamiento de la parte demandada aquí quejosa denominada "BAUS AND JACKMAN LEASING", Sociedad Anónima de Capital Variable. Sin embargo, con lo anterior no se justifica el total cumplimiento dado al fallo protector, dado que la aludida concesión del amparo se hizo extensiva a los actos reclamados del Director del Registro Público de la Propiedad de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, consistente en la inscripción de la adjudicación judicial del inmueble en conflicto, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen; esto es, no existe constancia de que se haya realizado la anotación correspondiente que dejara sin efecto la inscripción que aceptó haber efectuado la aludida autoridad registral al rendir su informe justificado, refirió lo siguiente: "QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO que alude la parte quejosa en su escrito de demanda, toda vez que con fecha 20 de Abril de 2018; se REGISTRO LA ESCRITURA 33,644 protocolizada ante la fe del Lic. Teodoro Ramírez Valenzuela, Notario Público número 2 de este poblado de Bucerías, Nayarit, que contiene adjudicación judicial de inmueble, en rebeldía de la persona moral ya mencionada Derivado de la sentencia definitiva del expediente 320/2017, de fecha 13 de Noviembre de 2017, a favor de ALBERTO MARTÍN LÓPEZ NEGRETE y ROSA ESTELA ROBLEDO MÁRQUEZ, como consta en el libro 1333, de la sección I, Serie "A", partida 23. No omito informar a usted que el inmueble objeto de la adjudicación con fecha 04 de julio del presente año, por contrato de compra venta pasó a favor del Sr. ALBERTO DE JESÚS GUTIÉRREZ CAMPOS, lo cual consta registrado en el libro 1349, sección I, serie "A" partida 11 con número de escritura 27,005 pasada ante la fe del Lic. JORGE ALBERTO CAREAGA JIMÉNEZ, notario público suplente adscrito a la notaría pública 12." -Lo subrayado es propio.- Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio -Jefe de la Oficina- ambos con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificados del presente auto, procedan a dar total cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en los presentes autos; esto es, acrediten que se realizó la cancelación de las anotaciones correspondientes en los libros que refiere la autoridad registral, derivado del hecho de que se dejó sin efecto todo lo actuado dentro del juicio civil ordinario 320/2017 de origen; con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedores cada uno de ellos a una multa por la cantidad de cien días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables. Por último, agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta, suscrito por Julio César Manríquez Rivas, en su carácter de apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración y Dominio de la persona moral quejosa denominada "BAUS AND JACKMAN LEASING", Sociedad Anónima de Capital Variable, y en atención tanto a las manifestaciones que realiza respecto del incumplimiento del fallo protector, así como al requerimiento que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden, para todos los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán de Rosales, Sinaloa, mediante el cual hace del su conocimiento que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encuentra agregada la sentencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por dicho Órgano Jurisdiccional, en el expediente electrónico auxiliar 321/2021, vinculado con el juicio de amparo 157/2021 de su índice, la cual concluyó con el punto resolutivo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Ilenia Luna Crespo, en contra de los actos reclamados al Presidente y Actuario adscritos a la Junta Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, consistentes en la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente laboral 12/2019, así como notificar dicho señalamiento; en términos del último considerando de esta sentencia.". En consecuencia, hágase saber a las partes el contenido de la mencionada resolución; acúsese recibo de estilo y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    "ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Ilenia Luna Crespo, en contra de los actos reclamados al Presidente y Actuario adscritos a la Junta Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, consistentes en la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente laboral 12/2019, así como notificar dicho señalamiento; en términos del último considerando de esta sentencia.". En consecuencia, hágase saber a las partes el contenido de la mencionada resolución; acúsese recibo de estilo y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes, el escrito de cuenta signado vía correo electrónico por el Administrador Regional del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, luego en atención a su contenido, requiérase a Jorge Santiago Huerta Santana, perito oficial en materia de agrimensura, topografía y evaluación de impacto ambiental, para que en el término de cinco días, contados a partir del en que quede notificado del presente proveído, precise el monto correcto de honorarios en Unidad de Medida y Actualización (UMAS), así como su equivalente en moneda nacional y el desglose de los impuestos y retenciones correspondientes; aunado a las actividades realizadas para llevar a cabo el dictamen pericial, especificando las horas empleadas en cada una de ellas, así como la suma total, a fin de estar en condiciones de informarlo a la dependencia correspondiente, apercibido que de no exhibir la cotización solicitada en los términos precisados, se le aplicará multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal de conformidad con la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última. Para dar margen a lo anterior e integrar debidamente el presente juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A JORGE SANTIAGO HUERTA SANTANA.

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