María Ileana Ordoñez Pérez

Expediente 432/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
432/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • María Ileana Ordoñez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de marzo de dos mil veintidós. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno y firmada el veintisiete de septiembre del mismo, en la que en su primer punto resolutivo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez por sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno y firmada el veintisiete de septiembre del mismo año, en su primer punto resolutivo se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AVISO . R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Ileana Ordoñez Pérez, respecto a los actos reclamados al Gobernador del Estado de Yucatán, consistente en el decreto 344/2021, así como su ejecución reclamado al Secretario de Seguridad Pública y a la agente 303675, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, consistente en la boleta de infracción 658869 de veinte de febrero de dos mil veintiuno por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente Lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con el Secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. (veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno) en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Vistos, para resolver el juicio de amparo 432/2021-III promovido por María Ileana Ordoñez Pérez, contra actos del Gobernador del Estado de Yucatán y otras autoridades, por violación a los artículos 11 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito ingresado en el Buzón Judicial y registrado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado el doce de marzo de dos mil veintiuno y turnado a este juzgado el dieciséis siguiente, María Ileana Ordoñez Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Gobernador y Secretario de Seguridad Pública, ambas del Estado de Yucatán y por los actos que se precisarán en el apartado correspondiente de esta resolución. Segundo. Admisión de la demanda. Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó sus correspondientes informes justificados a las autoridades responsables, los cuales rindieron en su oportunidad, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento en este asunto. Tercero. Ampliación de la demanda. Mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la ampliación de la demanda de amparo teniendo como autoridad responsable a la agente con placa con placa 303675, por lo que se solicitó su correspondiente informe justificado, el cual rindió en su oportunidad, y se le hizo de su conocimiento la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo de conformidad con el acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido contra un acto con ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado. Segundo. Precisión de actos. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar lo siguiente: Del Gobernador del Estado de Yucatán: El decreto 344/2021 emitida como medida de prevención. Del Secretario de Seguridad Pública y la agente con placa 303675, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán: La boleta de infracción 658869 de veinte de febrero de dos mil veintiuno. Tercero. Actos existentes. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública y de la Agente adscrita a la citada corporación; al rendir sus correspondientes informes justificados admitieron los actos que se les reclaman dentro del ámbito de sus competencias, por lo que se deben tener por ciertos los actos reclamados. Por su parte, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación del Gobernador Constitucional negó el acto reclamado, sin embargo, hace manifestaciones que evidencian su certeza, por lo que debe tenerse por cierto Certeza que es implícita a los actos relacionados con la promulgación de las normas generales impugnadas, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XII, agosto de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página 260, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." Cuarto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación del Gobernador Constitucional, invoca la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en virtud de que la parte quejosa carece de interés jurídico, pues no demuestra contar con un derecho legítimamente tutelado por la ley respecto del bien mueble en cuestión, ya que no aportó elementos de prueba que justifiquen el poder material que dice detentar sobre dicho mueble, sustentado en un título reconocido por la ley, lo anterior porque si bien exhibió la boleta de infracción 658869, no obstante dicha documental resulta insuficiente para demostrar la propiedad que afirma tener respecto de dicho bien, lo anterior porque, a su parecer, dada la naturaleza de la misma no es susceptible de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, de ahí que al no estar robustecida con alguna otra prueba carece de valor probatorio. No se surte la causal de improcedencia invocada. En principio, resulta dable precisar que de la lectura de la demanda de amparo y de sus anexos se advierte que la aquí quejosa, María Ileana Ordoñez Pérez reclama la inconstitucionalidad del decreto 344/2021 que se emitió como medida de prevención, con motivo de su primer acto de aplicación que, según aduce, se realizó en la boleta de infracción 658869 de veinte de febrero de dos mil veintiuno, que le fue impuesta. Ahora bien, a fin de acreditar su interés jurídico, la parte quejosa acompañó la referida boleta de infracción 658869, así como el recibo de pago con número de folio 459679NA. Documentales que adquieren valor probatorio en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que contrario a lo aducido por la autoridad responsable, se estima suficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa en este juicio de amparo. Lo anterior se estima de esta manera, ya que de la lectura de dichas documentales puede advertirse que en la boleta de infracción 658869, se asentó como infractor a María Ileana Ordoñez Pérez (aquí quejosa) en tanto que el recibo de pago con número de folio 459679NA se encuentra expedida a su nombre. Por tanto, al margen de que la quejosa no haya exhibido prueba alguna para demostrar la propiedad del vehículo, resulta incuestionable que las documentales que exhibió son aptas e idóneas para demostrar su interés jurídico si se toma en consideración que la quejosa reclama la multa que la fue impuesta y que en dichas documentales se asientan la persona a la que se le impuso la sanción y quien la cubrió. Orienta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1890, Décima Época, con Registro digital: 2003609, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PARA RECLAMAR LAS INFRACCIONES A LA LEY DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, DETECTADAS A TRAVÉS DE EQUIPOS O SISTEMAS TECNOLÓGICOS. SE ACREDITA CON LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE LA DENOMINADA "FOTO INFRACCIÓN", DIRIGIDA AL QUEJOSO. En términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, abrogada, constituye una condición para la procedencia del juicio de amparo, la existencia de un agravio personal y directo en la esfera de derechos del impetrante; en ese tenor, el interés jurídico para reclamar las infracciones a la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se acredita con la cédula de notificación de la denominada "foto infracción" dirigida al quejoso, puesto que revela que es el sujeto a quien la norma aplicable le obliga -sea o no el conductor del vehículo- al pago de la multa relacionada con el vehículo a que el documento se refiere, sin que sea jurídicamente dable exigir mayores elementos de prueba". De ahí que no se surta la causal de improcedencia antes invocada. Por otro lado, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación Secretario de Seguridad Pública y del Agente adscrito a la citada corporación y el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación del Gobernador Constitucional; invocan la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, aduciendo que antes de acudir al juicio de amparo la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad, debido a que en contra de la boleta de infracción 658869 de veinte de febrero de dos mil veintiuno, procede el recurso de revisión previsto en el numeral 482 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Es infundada esta causal de improcedencia. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." En términos del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo no será procedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. También se advierte que existen excepciones a este principio de definitividad, pues no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. No obstante, para analizar la causal de improcedencia invocada, resulta dable considerar lo establecido en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; .". De la transcripción anterior se advierte que, según la fracción XIV, del artículo 61 de la ley de la materia, en lo que al caso interesa, una norma general se entenderá consentida tácitamente, cuando no se promueva juicio de amparo contra la misma, ya sea en el momento de la iniciación de su vigencia o con motivo de su primer acto de su aplicación, en perjuicio del quejoso. Sin embargo, cuando contra el primer acto de aplicación de dicha norma, proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado, interponerlo o impugnar la norma general vía juicio de amparo, es decir, tiene la facultad de elegir, en este caso, entre una vía (medio de defensa ordinario) u otra (juicio de amparo). Ahora bien, en caso de que se elija interponer el medio de defensa ordinario, contra el primer acto de aplicación de la norma general, sólo se entenderá consentida dicha norma, si no se promueve, oportunamente, contra ella, el amparo contra la resolución recaída al recurso o medio de defensa (si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución), o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso. Finalmente, si en contra de esta última resolución procede amparo directo, deberán acatarse a las reglas previstas para dicho juicio. Lo anterior implica que, si el gobernado opta por el recurso o medio de defensa legal, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado a recorrer, previamente a la interpretación de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios, tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses; es decir, en todo caso, debe presentarse la demanda cuando el acto de aplicación sea definitivo. Resulta aplicable al caso, en lo que conducente la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27 del Volumen 217-228, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época "LEYES, AMPARO CONTRA. RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO CON POSTERIORIDAD A SU PROMOCION QUE LO HACE IMPROCEDENTE POR ATACAR EL ACTO DE APLICACION DEL ORDENAMIENTO RECLAMADO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que tratándose de amparo contra leyes, si el quejoso opta por intentar previamente al juicio constitucional un recurso o medio de defensa legal ordinario, opera el principio de definitividad y se encuentra obligado a recorrer y agotar todas las instancias pendientes antes de recurrir al juicio de amparo. Ciertamente, el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo ...". Del texto anterior se observa que la Ley de Amparo utiliza el verbo optar, que entre sus significados tiene el de "escoger una cosa entre varias"; así, cuando el quejoso promueve el juicio de amparo antes de interponer cualquier recurso secundario, debe estimarse que escogió, de entre ambos, el primero; sin embargo, si posteriormente interpone el medio de defensa ordinario, esto puede determinar la improcedencia del juicio constitucional, en tanto puede conducir a obtener una resolución favorable en la autoridad natural, que deje sin efectos el acto de aplicación recurrido". Asimismo, se invoca como apoyo de esta determinación, la Tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 890 del Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI CON POSTERIORIDAD A SU PROMOCIÓN SE INTERPONE UN RECURSO ORDINARIO CONTRA EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA RECLAMADA. Conforme al artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, una norma general se entiende consentida tácitamente si no se promueve juicio de amparo en su contra en el momento de iniciación de su vigencia o con motivo del primer acto de aplicación; sin embargo, cuando contra éste proceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado interponerlo o impugnar la norma general vía juicio de amparo indirecto. Ahora bien, si el gobernado opta por el recurso o medio de defensa legal, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios, tendentes a revocar, modificar o nulificar el acto lesivo a sus intereses; es decir, en todo caso, debe presentar la demanda cuando el acto de aplicación sea definitivo, pues conforme a dicho principio es inadmisible la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y el medio de defensa ordinario. Derivado de ello, si el interesado promueve el juicio de amparo antes de interponer cualquier recurso ordinario, debe estimarse que escogió el primer supuesto; sin embargo, si posteriormente interpone el medio de defensa ordinario, esta circunstancia conlleva la improcedencia del juicio constitucional, pues en virtud de la secuela procesal que se origine a partir del recurso ordinario, puede obtener una resolución favorable que deje sin efectos el acto de aplicación recurrido. En ese sentido, dicho acto se encuentra sub júdice y sólo será definitivo, para efectos de su impugnación constitucional, hasta que se emita la última resolución recaída al medio ordinario o a su impugnación, contra la que proceda el juicio de amparo directo, en su caso, en el que podrá hacer valer todas las violaciones constitucionales que atribuya al acto de aplicación y a la ley, pues ésta no se entenderá consentida, ni siquiera tácitamente". Lo que no sucede en caso de que el quejoso decida combatir la norma con motivo de su primer acto de aplicación, por medio del juicio de amparo antes de interponer cualquier recurso secundario. Ahora bien, en el presente caso, la parte quejosa combate la inconstitucionalidad del decreto 344/2021 emitido como medida de prevención, con motivo de su primer acto de aplicación que según aduce, se realizó en la boleta de infracción 658869 de veinte de febrero de dos mil veintiuno. De ahí que se estime infundada la causal de improcedencia invocada, toda vez que no resulta obligatorio para la quejosa agotar algún medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo, al reclamarse el primer acto de aplicación de una norma, máxime que no se advierte que con posterioridad la quejosa haya intentado interponer estos medios ordinarios para combatir la boleta de infracción, en donde, según indica se le aplican la norma combatida. Cobra aplicación al caso, en lo que interesa, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad". Quinto. Análisis de los conceptos de violación. No advirtiéndose otra causal de improcedencia que hagan valer las partes ni advirtiéndose alguna que amerite su análisis oficioso, se procede al escrutinio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. I. Análisis del acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del Decreto 344/2021. En primer término, se procede al análisis de los conceptos de violación encaminados a controvertir la constitucionalidad del decreto tildado de inconstitucional, por ser su estudio preferente al examen de los argumentos tendientes a combatir los vicios propios del acto de aplicación. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 235, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra versa: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Como parte de sus conceptos de violación la quejosa aduce que el decreto 344/2021 viola su derecho humano al libre tránsito consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta infundado este argumento. El Decreto 344/2021 emitido por el Gobierno del Estado de Yucatán, establece: "Decreto 344/2021 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán Artículo único. Se reforman: el artículo 446 y el párrafo primero del artículo 451; y se adicionan: el artículo 166 Bis al capítulo I del título noveno y la tabla de sanciones graves, Grupo 3-C, al Anexo I, "Catálogo de Sanciones", todos, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, para quedar como sigue: Sujeción a las medidas de prevención sanitaria Artículo 166 Bis. Los conductores de vehículos deberán respetar las medidas de prevención sanitaria que disponga el Titular del Poder Ejecutivo o la autoridad sanitaria del estado y que tengan por objeto limitar o restringir temporalmente, de cualquier manera, la circulación de vehículos por las vías del Estado, como resultado de alguna emergencia sanitaria o contingencia de índole análoga que ponga en riesgo la integridad o la vida de los habitantes de la entidad. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior será considerado como una infracción grave, por lo que será sancionado con multa y retención del vehículo que corresponda, de conformidad con las disposiciones de este Reglamento y el Catálogo de Sanciones contenido en su Anexo I. Infracciones graves Artículo 446. Serán consideradas infracciones graves las conductas previstas en los artículos: 48; 66, segundo y tercer párrafos; 70, fracciones XI y XIV; 81; 121, segundo párrafo; 166 Bis; 176, fracción III; 179, fracción VII; 195; 196, fracciones II y VI; 197, fracciones I, II, III, IX, XIV y XVI; 204, fracción I; 205, fracción VI; 215; 233; 236, fracciones I, II, incisos a), b) y c), III, IV, V y VI, antepenúltimo y penúltimo párrafos; 241; 255, fracción I, inciso a); 256, fracción II; 265, fracciones XI y XVI; 270; 286; 287; 302; 303; 308, fracción I; 331, segundo párrafo, fracción I; 337, fracción VII; 342; 347, primer párrafo; 354, fracciones I y II; 359, fracción II; 383, primero y segundo párrafos; 388, primero y segundo párrafos; 392; 394, fracciones I, II y III; 400, fracción I; 434, segundo párrafo; 453 y 458, segundo párrafo. Multa Artículo 451. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de una a quince unidades de medida y actualización; las graves, con multa de dieciséis a cincuenta y seis unidades de medida y actualización; y las muy graves, con multa de noventa a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en el Catálogo de Sanciones contenido en el Anexo I de este Reglamento. .". Como puede observarse el Decreto reclamado reformó el artículo 446 y el párrafo primero del artículo 451; y adicionó, entre otros: el artículo 166 Bis al capítulo I del título noveno que dispone que los conductores de vehículos deberán respetar las medidas de prevención sanitaria que disponga el Titular del Poder Ejecutivo o la autoridad sanitaria del estado y que tengan por objeto limitar o restringir temporalmente, de cualquier manera, la circulación de vehículos por las vías del Estado, como resultado de alguna emergencia sanitaria o contingencia de índole análoga que ponga en riesgo la integridad o la vida de los habitantes de la entidad. Ahora bien, conviene precisar que el derecho al libre tránsito que refiere el quejoso, se encuentra contenido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en el derecho de todo individuo para entrar y salir del país, viajar por su territorio y mudar su residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte salvo conducto u otros requisitos semejantes subordinándose su ejercicio a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Respecto al derecho consagrado en el artículo 11 constitucional el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 4512/90, sostuvo que esta prerrogativa no consiste en el derecho al libre tránsito en automóvil, sino en el derecho que tiene "todo hombre", es decir, toda persona en cuanto ente individual, para entrar, salir, viajar y mudar su residencia en la República sin que para ello requiera de documentación alguna que así lo autorice, pero siempre refiriéndose al desplazamiento o movilización del individuo, sin hacer alusión en lo absoluto al medio de transporte, por tanto, ha de considerarse que la garantía del libre tránsito protege al individuo únicamente, no a los objetos o bienes en general, del mismo. Criterio que dio o rigen a la tesis P. V/96, visible en la página 173 del Tomo III, Febrero de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 200219, que dispone: "VEHICULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULAN EN EL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS DE SU ZONA CONURBADA. LOS ARTICULOS 7o., FRACCION VIII, 32, FRACCIONES I Y II, Y 34, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ECOLOGICA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION GENERADA POR AQUELLOS, Y LOS ARTICULOS 48 Y 49, DEL REGLAMENTO DE TRANSITO DEL DISTRITO FEDERAL, NO SON VIOLATORIOS DE LA GARANTIA DE LIBERTAD DE TRANSITO. Los ordenamientos legales invocados no vulneran la garantía de libre tránsito contenida en el artículo 11 constitucional, pues aun cuando establecen restricciones a la circulación de vehículos automotores en el Distrito Federal y su zona conurbada, ello no implica que se esté coartando al gobernado la posibilidad de transitar libremente por el territorio nacional, incluyendo el área especificada, habida cuenta que la garantía individual que consagra la norma constitucional supracitada no consiste en el derecho al libre tránsito en automóvil, sino en el derecho que tiene "todo hombre", es decir, toda persona en cuanto ente individual, para entrar, salir, viajar y mudar su residencia en la República sin que para ello requiera de documentación alguna que así lo autorice, pero siempre refiriéndose al desplazamiento o movilización del individuo, sin hacer alusión en lo absoluto al medio de transporte, por tanto, ha de considerarse que la garantía del libre tránsito protege al individuo únicamente, no a los objetos o bienes en general, del mismo". En ese sentido, es de indicarse que el decreto reclamado no vulnera el derecho al libre tránsito, pues sólo adicionó, entre otras cosas, un numeral que dispone que los conductores de vehículos deberán respetar las medidas de prevención sanitaria que disponga el Titular del Poder Ejecutivo o la autoridad sanitaria del estado y que tengan por objeto limitar o restringir temporalmente, de cualquier manera, la circulación de vehículos por las vías del Estado, como resultado de alguna emergencia sanitaria o contingencia de índole análoga que ponga en riesgo la integridad o la vida de los habitantes de la entidad, esto es, sólo se trata de una afectación temporal, por lo que no se estima que coarte el derecho personal de la quejosa para entrar o salir del país desplazarse dentro del territorio nacional y fijar su residencia, sin que tampoco se estime necesario una orden escrita de autoridad competente. Se invoca como orientadora la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 359 del Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro: 165648, que dispone: "VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL III.8 DEL CAPÍTULO 3 DEL PROGRAMA RELATIVO AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2006, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRÁNSITO. La mencionada garantía contenida en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el derecho de todo individuo para entrar o salir del país, viajar por su territorio y mudar su residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, subordinándose su ejercicio a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones impuestas por las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. En ese contexto, el numeral III.8 del capítulo 3 del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el segundo semestre del año 2006, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de junio de 2006, al prever que la verificación vehicular está sujeta al pago y validación del impuesto sobre tenencia de vehículos, no viola la garantía constitucional referida, pues aun cuando al no obtener la verificación vehicular correspondiente se restringe la circulación de los vehículos automotores matriculados en el Distrito Federal, ello no coarta el derecho personal del individuo para entrar o salir del país, desplazarse dentro del territorio nacional y fijar su residencia en él. Lo anterior es así, porque la garantía de libertad de tránsito sólo salvaguarda a los individuos y no a los vehículos automotores a través de los cuales se desplazan". Como corolario de lo anterior, al ser infundado el anterior concepto de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado respecto de la inconstitucionalidad del decreto 344/2021. Negativa que se hace extensiva al acto de aplicación de la norma consistente en la boleta de infracción 658869 al no reclamarse por vicios propios Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, con apoyo en los artículos 73, 74, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Ileana Ordoñez Pérez, respecto a los actos reclamados al Gobernador del Estado de Yucatán, consistente en el decreto 344/2021, así como su ejecución reclamado al Secretario de Seguridad Pública y a la agente 303675, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, consistente en la boleta de infracción 658869 de veinte de febrero de dos mil veintiuno por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente Lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con el Secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. (veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno) en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    MESA III. AUDIENCIA LEVANTADA.

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