María Ignacia Burgos Labra

Expediente 2029/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2029/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
10/01/2018

Partes del expediente

  • María Ignacia Burgos Labra

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de enero de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además de que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, en virtud de que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por consiguiente, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, mediante el cual, remita copia certificada del cheque con el número de folio 0002071, de fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, por la cantidad de $58,474.90 (cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional); agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En tales condiciones, se advierte que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Ahora bien, en el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Por tal motivo, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante para el efecto de que: a) No se le aplique en el caso concreto y ni en lo futuro, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se le devuelva la cantidad que pagó por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, es decir la cantidad de $116,600.00 (ciento dieciséis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), que resulta del cobro del 25% de impuesto adicional sobre el monto cobrado sobre el impuesto sobre adquisición de bienes." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para que dentro del término de diez días, siguientes a los que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el total cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es reintegre a la parte quejosa la cantidad de $116,600.00 (ciento dieciséis mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de cobro de impuesto adicional al de adquisición de bienes inmuebles, y remita copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior, o bien informe la situación presupuestal precaria que les impida realizar la referida devolución. De lo anterior, es necesario acredite con la documentación oficial respectiva la situación financiera que presentan las diversas partidas que integran su presupuesto, debiendo tomar en cuenta que aún ante la falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, las referidas autoridades están obligadas a adoptar todas las medias que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como puede ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, atendiendo al carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, ya que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar el acatamiento de una sentencia constitucional, tal y como se precisa en la tesis jurisprudencial identificada con el número P./J.5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN.", publicada en la página diez, del Tomo XXXIII, correspondiente mes de marzo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Cabe precisar que el término de diez días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que las autoridades a las que se libre oficio en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que éstas reanuden labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Geovanni Ramírez Chabelas, que autoriza y da fe.

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