María Hortencia Hernández López
Expediente 353/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Hortencia Hernández López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de junio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días para que la parte promovente hiciera valer el recurso de queja en contra de la determinación emitida el treinta de mayo último, mediante la cual se desechó de plano la demanda. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO. 3. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Administrativo "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. 4. Archivo del expediente. En virtud de que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente 5. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción IV), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 6. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 7. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 8. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). 9. Devolución de documentos exhibidos. Asimismo, toda vez que la parte quejosa exhibió diversas documentales públicas en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 19 y 20, segundo párrafo, del Acuerdo General en cita, requiérasele para que en el plazo de NOVENTA DÍAS, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa hoja de desglose y toma de razón que por su recibo deje para constancia. Se le apercibe que en caso de ser omiso, se procederá a su destrucción, de conformidad con el artículo 38, fracción IV, tercer párrafo, del Acuerdo General de referencia. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de mayo de dos mil veintitrés. Se glosa promoción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual envía testimonio de la resolución de once de mayo de dos mil veintitrés dictada por el Pleno de ese Tribunal Colegiado en el recurso de queja 126/2023, de su índice, así como los autos del juicio de amparo 353/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, resolución que textualmente señala: "ÚNICO. Es Fundado el recurso de queja interpuesto por **********, contra el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado por la Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el juicio de amparo indirecto 353/2023." De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Asimismo acúsese recibo del expediente original 353/2023, del índice de este juzgado. Atento a lo anterior se provee: Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Causal de improcedencia advertida. En ese contexto, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: ".el dictado y ejecución de la sentencia de 10 de noviembre del año 2022 dictada dentro del expediente ********** relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO promovido por ********** en contra de la suscrita quejosa, expediente dentro del cual la suscrita en ningún momento he sido notificada ni requerida." Ahora bien, en el escrito de cuenta de la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el trece de diciembre de dos mil veintidós le fue aventado por debajo de la puerta de su casa copia fotostática de la sentencia de diez de noviembre de dos mil veintidós. Así, al realizar una lectura íntegra del escrito de cuenta, este juzgado de distrito advierte que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, numerales que en lo conducente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: ..." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese contexto, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, los cuales coligen el término de quince días para promover la demanda de amparo, el cual se computará de acuerdo con dos supuestos distintos: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) Aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de la materia (cuando se reclame una norma general autoaplicativa) en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En este orden de ideas, se concluye que si la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el trece de diciembre de dos mil veintidós, por así desprenderse de las manifestaciones precisadas en su escrito de demanda, entonces, la misma fue presentada de manera extemporánea, pues transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, si el trece de diciembre de dos mil veintidós, tuvo conocimiento de los actos reclamados, transcurrió el término del quince al veintinueve diciembre de dos mil veintidós, considerando que dicho cómputo comienza al día siguiente hábil del que tuvo conocimiento; en ese contexto, si la demanda se presentó hasta el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, resulta inconcuso que la presentación fue extemporánea en términos de lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, si la solicitante del amparo ejerció la acción constitucional después de fenecido el plazo legal para su promoción, es inconcuso que no intentaron la vía de amparo oportunamente, lo cual conduce a estimar consentido tácitamente dicho acto, pues está claro que la promovente no se ajustó a la temporalidad señalada en el numeral 17 de la Ley de Amparo, por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 30/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, visible a fojas 286, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Asimismo, la parte quejosa manifiesta que el veintiocho de febrero del año en curso, le fue ejecutada la sentencia de diez de noviembre de dos mil veintidós. Por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIII y XXIII, y el numeral 217 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Es aplicable al tema la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable a fojas 11, del Volumen CXXXI, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia". En efecto, se dice que dicho acto reclamado en el presente juicio resulta ser derivado de otro consentido y de la demanda de amparo se advierte que no fue combatido por la parte quejosa. Así, de lo narrado con antelación se pone en evidencia que la parte quejosa tilda de ilegal un acto que representa solamente una consecuencia de otro, que teniendo conocimiento de su existencia, no mostró oportunamente alguna inconformidad al respecto, sino por el contrario, lo consintió tácitamente. Se desecha demanda de amparo. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho. Notificación. Notifíquese por medio de lista la presente determinación a la parte quejosa **********, toda vez que por auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés se tuvo por diligenciado el exhorto 286/2023 orden 299/2023 deducido del juicio en el que se actúa, sin que señalara domicilio. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizada a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acredite haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que, si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica signado por la Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del oficio 3532/2023, por el cual se le remitió el escrito original de agravios para la substanciación del recurso de queja interpuesto por **********, en contra del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, asimismo, informa que admitió a trámite dicho medio de impugnación, circunstancia de la que este juzgado de distrito toma debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la papeleta de turno con registro 20230816046300228, remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito con residencia en Toluca, Estado de México, de la que se desprende que el recurso de queja, interpuesto por la quejosa **********, en contra del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de lo que esta juzgadora toma conocimiento; por lo que, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos. Notifíquese.
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