María Hilda Vazquez Arrizón

Expediente 838/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
838/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • María Hilda Vazquez Arrizón

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que el acuerdo de veintisiete de julio del año en curso, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo HA CAUSADO ESTADO. Se ordena archivar este expediente como asunto concluido...

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION I, INCISO C, DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL A LA QUEJOSA MARIA HILDA VAZQUEZ ARRIZO, EL SIGUIENTE: Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Personería: Se tiene por recibido el escrito presentado por María Hilda Vázquez Arrizon, por su propio derecho, a través del cual promueve juicio de amparo, contra actos del Juez Segundo de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, consistente en la resolución interlocutoria de seis de julio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio especial mercantil 1046/2020, a través de la cual se declaró improcedente (infundada) la excepción de improcedencia de la vía. Se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 838/2021 y registrarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento: Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo,1 se desecha de plano la demanda al actualizarse una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable, toda vez que la resolución reclamada no constituye un acto emitido dentro de juicio que genere afectaciones de imposible reparación, sino solamente de índole procesal. De acuerdo con dicha disposición legal, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Ilustra sobre el particular, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se titula: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." 2 En el caso, se actualiza el motivo de improcedencia obtenido del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) ambos de la Ley de Amparo; disposiciones legales que son del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del primer dispositivo transcrito se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. De la interpretación -en sentido contrario- del diverso numeral se desprende que el juicio de amparo indirecto será improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no puedan ser considerados como de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que se actualicen los siguientes elementos: - El primero, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y - El segundo, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, una ejecución de imposible reparación debe entenderse como una afectación inmediata de alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutelan la Constitución y los Tratados Internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Consecuentemente, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de mero trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos adjetivos o procesales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación a la quejosa, ya que para ello, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a alguno de los derechos sustantivos aludidos. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." 3 Ahora, en el caso particular la quejosa reclama un actuación del Juez Segundo de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, consistente en la resolución interlocutoria de seis de julio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio especial mercantil 1046/2020, a través de la cual se declaró improcedente (infundada) la excepción de improcedencia de la vía, en ejercicio de la acción de ejecución de garantía prendaria, promovida por Fomento Económico del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, en contra de Agropecuaria Las Poderosas, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y María Hilda Vázquez Arrizon (aquí quejosa). Sin embargo, la resolución que desestima la excepción de improcedencia de la vía opuesta por la demandada dentro del especial mercantil, no constituye un acto de imposible reparación, por lo cual resulta improcedente el juicio de amparo indirecto por tratarse solamente de una violación de índole procesal. Se determina que la resolución que desestima la excepción de improcedencia de la vía únicamente puede afectar derechos de naturaleza procesal, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, porque el único efecto que ello tendría sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, siendo que la parte demandada, en todo caso, tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio y en caso de que la resolución le fuera desfavorable, podría reclamarla a través del juicio de amparo directo. De ahí que el hecho de que se declare infundada esa excepción, genera el único efecto que la continuación del juicio se siga en la vía propuesta por el actor, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo en agravio del gobernado. Debe tomarse en cuenta que la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados durante el juicio se encuentra reservada para los actos que afecten directa e inmediatamente los derechos sustantivos de los gobernados y estimar que la decisión que declara improcedente (infundada) la excepción de improcedencia de la vía es impugnable a través del amparo indirecto desnaturalizaría a éste. En ese sentido, se concluye que la procedencia de la vía es una cuestión netamente procesal y puede ser reclamable en amparo directo atento a lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, 4 pues se trata de una violación procesal que pudiera afecta las defensas del quejoso y trascender al resultado del fallo. Para sustento jurídico de esta determinación, se cita la jurisprudencia 1a./J. 108/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se plasma: IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo.5 Por las razones delatadas, en el caso se actualiza de manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se ubica en dicho supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo en términos del artículo 113 del ordenamiento en cita. Domicilio y Autorizados: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Emilio Beraund, número 125, entre Campodónico y Marsella, colonia Centenario, de esta ciudad. Ahora, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza a José Antonio Aguilar Ortiz, Alan Rafael Picos Domínguez y Francisco Javier Picos Domínguez, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte del precepto legal citado, a Francisco Javier Grageda Fierros, Fátima Lizarraga Méndez y Armida Margarita Caballero Pino, en tanto acrediten contar con cédula registrada en referido sistema. De igual manera, se tiene por señalado el correo electrónico aguilar_ortiz@hotmail.com a fin de entablar comunicaciones no procesales dentro del presente juicio en términos del artículo 22 fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19. Habilitación de días y horas: De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Se exhorta a las partes: Ahora, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/20206, dado que el presente juicio fue promovido de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita a que, de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.

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