María Herlinda Aguilar Dionicio
Expediente 1094/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1094/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María Herlinda Aguilar Dionicio
- Marisol Jimenez Aguirre
- ALBERTO JIMENEZ RIVERA y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V.- Téngase por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimo Circuito, con sede en esta ciudad; y en atención a su contenido, este Órgano Federal toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Téngase por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad; y en atención a su contenido, este Órgano Federal toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, se provee; se tiene por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, del que se advierte que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del presente juicio, radicándolo bajo el expediente ******************** de su estadística; en consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DESTRUIR el presente cuaderno de antecedentes, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurrido seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Lo anterior, en virtud que en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que son considerados como expedientes auxiliares, entre otros, los cuadernos de antecedentes; y que respecto a las incompetencias y returnos, una vez que el órgano jurisdiccional comunique que aceptó la competencia se procederá a su destrucción, en términos de la fracción I del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto. Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; diez de diciembre de dos mil veinte. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE IMPRESO Y ELECTRÓNICO. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el número 1094/2020-V-2, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, así como con el diverso numeral 5 de ese mismo acuerdo, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. COMPETENCIA. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda, cabe establecer que la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, impone a los juzgadores federales el estudio integral de la demanda de amparo, en ese sentido, se aprecia que el quejoso reclama lo siguiente: ? La resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, emitida por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, mediante la cual confirmó la sentencia definitiva dictada el veintisiete de enero pasado por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Ahora, es menester precisar el contenido de los preceptos legales 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los arábigos 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado." [.] ".V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común." LEY DE AMPARO: ".Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." ".Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;" De los preceptos transcritos, se obtiene que cuando se reclaman, entre otros, sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados, según lo disponen los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c) de la Constitución Federal, en relación con el 170, fracción I de la Ley de Amparo. Asimismo, de acuerdo con el propio artículo 170, fracción I, párrafo segundo de la Ley de la Materia, se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En ese orden de ideas, se tiene que el acto que reclama la parte quejosa, se trata de la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, emitida por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, mediante la cual confirmó la sentencia definitiva dictada el veintisiete de enero pasado, por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Por tanto, la resolución pronunciada por la responsable constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el juicio amparo directo. En tal virtud, de acuerdo con los artículos antes trascritos, la materia del juicio que se promueve, es de amparo directo y la autoridad competente para conocer de éste, es un Tribunal Colegiado de Circuito. Es aplicable, la tesis 2ª CCXI/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41 del Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es -incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." En atención de lo anterior, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer del asunto, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se estima que quien debe conocer de la demanda, es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por lo que deberá remitirse los autos originales (previa formación del cuaderno de antecedentes) y copias del escrito de demanda para los efectos legales a que haya lugar, para que tenga a bien determinar lo procedente, solicitándose respetuosamente el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta, y por autorizados en términos amplios a Martha Silvia Martínez Ocampo, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro orden, en cuanto al correo electrónico que proporciona los quejosos para recibir notificaciones, dígasele que es improcedente hacerlo a través de la dirección del correo electrónico que refieren, ya que de conformidad con el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, 6 y 28 ambos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , para que proceda realizar las notificaciones vía electrónica es necesario hacerlo a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación por parte de quien promueve la demanda. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En otro orden de ideas, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. Notifíquese en términos de ley.
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