María Guillermina Valencia Orozco
Expediente 1188/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1188/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/12/2023
Partes del expediente
- María Guillermina Valencia Orozco
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, once de diciembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio enviado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en Durango, Durango, por el que comunica la ejecutoria dictada en sesión de diecisiete de noviembre de este año, en el recurso de revisión 113/2023 relacionado con el diverso 114/2023, ambos de su índice. Acúsese recibo. Comuníquese a las partes que el tribunal colegiado resolvió: (.) "PRIMERO. QUEDAN FIRMES por falta de impugnación, al no haber sido materia del presente recurso de revisión, tanto los puntos resolutivos primero y segundo, como los considerandos tercero, sexto y octavo que los rigen, de la sentencia sujeta a revisión, en los términos que se dejaron precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. En materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a las quejosas siguientes: ***** en contra de los actos que reclamaron de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo que originó la creación del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece. (.) De lo anterior se toma conocimiento, realícense las anotaciones en el libro electrónico. Glósense solamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación, en su momento al expediente principal. Ahora, del estado procesal que guardan los autos se advierte que en proveído de cinco de diciembre de dos mil veintitrés se reservó el acuerdo correspondiente por lo que hace a la ejecutoria dictada en sesión de diecisiete de noviembre de este año, en el recurso de revisión 114/2023 dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en Durango, Durango, hasta en tanto se dictara la resolución correspondiente al recurso de revisión relacionado registrado número 113/2023 y se remitieran los autos del juicio de amparo. Resolución en la que se determinó lo siguiente: (.) "PRIMERO. QUEDAN FIRMES por falta de impugnación, al no haber sido materia del presente recurso de revisión, la totalidad de las consideraciones y los fundamentos esgrimidos por la A quo en la sentencia sujeta a revisión, en relación con los actos reclamados de las autoridades responsables que en el caso combatió la diversa quejosa ***** asimismo, el punto resolutivo tercero y los considerandos noveno (penúltimo) y décimo (último) que los rigen, de la sentencia que se revisa, en los términos que se dejaron precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. En materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 5700/2014, de la estadística de la Jueza Segunda de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, promovido por las quejosas ***** en contra de los actos que reclamaron de las autoridades desigandas como responsables, unos y otras, los cuales se hallan debidamente precisados en los considerandos tercero y sexto de la sentencia que se revisa. CUARTO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a las quejosas ***** en contra de los actos que reclamaron de las autoridades designadas como responsables, unos y otros, los cuales se hallan debidamente precisados en el considerando octavo de la sentencia recurrida. QUINTO. Se declara que han quedado SIN MATERIA los recursos de revisión adhesivos interpuestos por las diversas autoridades responsables siguientes: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Hacienda y Crédito Público; y, Jefe del Servicio de Administración Tributaria. (.) En consecuencia, conforme lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en Durango, Durango en los recursos de revisión 113/2023 y su relacionado 114/2023, una vez integrados los autos, se provee: Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que la quejosa P**************** haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En razón de lo anterior, se procede al prunciamiento por lo que hace a la concesión de amparo otorgada a las quejosas ***** respecto del acto reclamado el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece. Efectos de la sentencia de amparo En ese orden, en la sentencia dictada por este juzgado Federal concedió el amparo a las quejosas para los siguientes efectos: "[.] Por lo antes expuesto, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 725, con registro digital 2012938, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. En nuestro sistema tributario rige el principio de autodeterminación, lo que significa que, salvo disposición expresa en contrario, corresponde a los contribuyentes determinar el monto de las contribuciones a su cargo, razón por la cual, debe otorgárseles la oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho convenga para desvirtuar los hechos u omisiones que pudieran entrañar el incumplimiento de sus obligaciones fiscales; de ahí que la autoridad fiscal podrá determinar el monto de las contribuciones omitidas en ejercicio de sus facultades de comprobación si, y sólo si, se trata de pagos y declaraciones definitivas y el contribuyente no ejerce su derecho de prueba en el procedimiento de fiscalización respectivo o, habiéndolo ejercido, no logra desvirtuar las irregularidades advertidas. En ese contexto, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, al establecer que las cantidades determinadas en la preliquidación "se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución", cuando el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga en el procedimiento de fiscalización dentro de los plazos previstos al efecto, transgrede el derecho de audiencia reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales, no así un requerimiento de pago cuya inobservancia dé lugar a su ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones sin antes darle la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación los medios de prueba que, por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos." En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la justicia Federal a las quejosas, respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. DÉCIMO. Efectos de la concesión del amparo en relación con el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. El amparo y protección de la justicia Federal señalado en líneas que anteceden, en relación con el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a las quejosas y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Resulta aplicable, el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del alto tribunal del país, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 725, con registro digital 2012938, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Cabe destacar que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no se hace extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento, ya que en estos numerales se pormenoriza lo atinente a la solicitud de información a terceros durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización y el desahogo de las periciales que se ofrezcan en el mismo, aspectos que no guardan estrecha relación con lo que fue materia de la concesión del amparo. La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno en favor de la quejosa ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. [.]" Se requiere cumplimiento de la ejecutoria En consecuencia, atendiendo a los efectos de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: a) Informe si a las quejosas, que se relacionarán más adelante, les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica que se establece en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia en que se establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En ese orden de ideas, infórmese a la autoridad responsable el registro federal de contribuyentes de la quejosa, para que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto: QUEJOSO RFC ***** En el entendido que: 1. La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo por causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se le impondrá, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo que se establece en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en lo que se dispone en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de lo previsto en la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el consejero jurídico en representación del gobernador y del representante del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, por el que informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y adjunta copia certificada del oficio emitido por el director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, atento a ello, dígasele que deberá estarse a lo ordenado en acuerdo de treinta de octubre de este año, en el que se recibió un oficio de similar contenido con registro de correspondencia 16386. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción II de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Finalmente, se tiene como cuenta de correo electrónico la que indica, para establecer comunicación en caso de que se estime necesario. Notifíquese.
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