Maria Guillermina Torres Garcia
Expediente 1191/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/09/2023
Partes del expediente
- Maria Guillermina Torres Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Homóloga aceptó competencia. Visto el oficio firmado de manera electrónica por la Actuaria Judicial del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, se le tiene informando que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia propuesta por este Juzgado de Distrito, y se avocó al conocimiento del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes; en consecuencia, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente asunto es susceptible de destrucción una vez que se cumplan seis meses de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se trata de un cuaderno de antecedentes. Oposición de datos personales. De autos se advierte que la parte quejosa no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Queja fundada. Visto el oficio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictada en la queja 174/2023, de su índice, cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por * , contra el auto de siete de junio de dos mil veintitrés dictado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el amparo 1191/2023.". En consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, y acúsese recibo. II. Efectos de lo fundado. Ahora, es preciso conocer los efectos por lo que se declaró fundado el recurso en comento, a saber, los siguientes: "En consecuencia, ante el incumplimiento de prevenciones injustificadas e innecesarias como la señalada, no es razón legal para tener por no presentada la demanda de amparo, de ahí que procede declarar fundado el presente recurso de queja y, por consiguiente, revocar los acuerdos de veinticuatro de mayo y de siete de junio, ambos, de dos mil veintitrés, mediante los cuales se previno a la parte quejosa y se tuvo por no presentada la demanda de amparo respectivamente, a efecto de que el juzgado de Distrito provea lo conducente sobre la admisión de la demanda . " . Decisión sobre la instancia constitucional. En ese sentido, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por María Guillermina Torres García, por derecho propio. contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los preceptos constitucionales que menciona, este órgano de control constitucional, POR RAZÓN DE TERRITORIO, determina carecer de legal competencia para conocer de la demanda de mérito, en atención a las razones que enseguida se expresan. En efecto, al analizar la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados tienen su ejecución material en la Ciudad de México, toda vez que consisten en: El auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 1741/2022, del índice de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, en el cual se declaró incompetente para conocer de la demanda laboral promovida por María Guillermina Torres García. Acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictado en el procedimiento laboral 2798/2023 y su acumulado 8881/2022, del índice de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, en el cual acepta la competencia legal que le fue declinada por la precitada Junta. Así pues, los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen: "Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales.". "Artículo 145. Cada uno de los circuitos a que se refiere el artículo anterior comprenderá los distritos judiciales cuyo número y límites territoriales determine el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales. En cada distrito deberá establecerse cuando menos un juzgado.". Del contenido sistemático de los numerales transcritos, se advierte que para que un Juzgado de Distrito tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de materia, la cuantía, el grado y el territorio. De esos factores que delimitan la competencia de los Jueces de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Dicho numeral revela, en su conjunto, que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional; si bien en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, es competente el juez ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, por lo que es necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera, es el lugar donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar. En el segundo supuesto, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Finalmente, cuando el acto reclamado consista en una resolución que requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, o se haya ejecutado el acto reclamado. Al respecto, es dable precisar que los actos reclamados se dividen de manera genérica de acuerdo con su naturaleza y consecuencias en, positivos, negativos y omisiones o abstenciones. Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y, iii) actos negativos prohibitivos. Los actos negativos simples son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos; sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. Por otra parte, los actos omisivos o abstenciones son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión. En el caso en concreto, la parte quejosa reclama: 1) el acuerdo que declinó la competencia a diverso órgano jurisdiccional; y, 2) el acuerdo que admitió la competencia declinada. En cuanto al primero, se presume un acto negativo simple al no admitir la competencia por considerar que otra autoridad le corresponde la misma; determinación que es meramente declarativa, dado que, para producirse una afectación a la esfera jurídica de la quejosa, es necesario que la autoridad a la que se remite la competencia la acepte, dado que, de no aceptarla, se devolverían los autos al tribunal oficiante, lo cual no impondría ninguna obligación o carga a la promovente. Ahora bien, la aceptación de la competencia declinada por parte de la diversa autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, sí produce efectos materiales, pues somete a la quejosa a su jurisdicción y la obliga a litigar el asunto ante dicho tribunal. En ese sentido, el Juez de Distrito competente para conocer el juicio de amparo es el que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubique la autoridad laboral jurisdiccional que acepta dicha competencia. Por lo tanto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se considera legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, en razón de que se trata de un acto positivo cuya ejecución se realiza fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Tiene aplicación la jurisprudencia rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2024986 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: PC.X. J/6 L (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo III, página 3039 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO QUE ADMITE LA COMPETENCIA QUE UNA AUTORIDAD LABORAL JURISDICCIONAL DECLINA EN FAVOR DE OTRA SIMILAR, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD LABORAL QUE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE TIENE EJECUCIÓN MATERIAL (INTERPRETACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si el acto reclamado consistente en el acuerdo que declina la competencia y el diverso que la admite, tiene o no ejecución material, lo anterior para efectos de fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del amparo en la vía indirecta. Criterio jurídico: El Pleno del Décimo Circuito determina que el acuerdo por el que una autoridad laboral jurisdiccional declina la competencia, atendiendo a la naturaleza de los actos, es de los considerados actos negativos, por lo que no tiene ejecución material, en tanto que el acuerdo por el que una autoridad laboral jurisdiccional acepta la competencia declinada, tiene naturaleza positiva y, por lo tanto, tiene ejecución material; por ello, es esta última determinación la que fija la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en términos de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 343/2019, estableció que los actos se dividen de manera genérica de acuerdo con su naturaleza y consecuencias. Al respecto, importa destacar los positivos y los negativos; los primeros son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que la persona estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traduce en un hacer o en un no hacer que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. En tal contexto, el proveído mediante el cual una autoridad declina su competencia en favor de otra, es de los considerados negativos simples, en razón de que mediante esta resolución la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona, esto es, a admitir la competencia por considerar que a otra autoridad le corresponde la misma; esta actuación no produce ningún efecto positivo dado que hasta ese momento no se impone alguna carga u obligación a la persona; en tanto que el acto de autoridad consistente en el auto que acepta la competencia declinada se constituye como un acto positivo, dado que tiene efectos materiales, al incidir en la esfera jurídica de la persona, porque la somete bajo su jurisdicción y la obliga a litigar el asunto ante ella, actualizando de tal forma la posibilidad que el procedimiento o juicio se tramite por una autoridad legalmente incompetente; por ende, para definir la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra tales actos resulta aplicable la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto es el que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubique la autoridad laboral jurisdiccional que acepta dicha competencia. PLENO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Contradicción de tesis 16/2021. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Décimo Circuito. 24 de mayo de 2022. Unanimidad de seis votos de los Magistrados Alfredo Barrera Flores (presidente), Ángel Rodríguez Maldonado, Jaime Flores Cruz, Carlos Solís Briceño, Cuauhtémoc Cárlock Sánchez y Jerónimo José Martínez Martínez: Impedido: Eduardo Antonio Méndez Granado. Ponente: Carlos Solís Briceño. Secretario: Enrique Jesús Hidalgo . " . Por tal motivo, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de amparo; en consecuencia, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno. Remítase la demanda de amparo, anexos y copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, para que, por su conducto, se turne al Juzgado que corresponda por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Apertura del cuaderno de antecedentes. Con copia de la papeleta de turno, de la demanda de amparo y un tanto del presente proveído fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese por lista física y electrónica, así como personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Guía de Estafeta Devuelta. Téngase por recibido el sobre devuelto de servicio de mensajería rápida "Estafeta" que contienen el oficio 26123/2023, dirigido al Comandante de la Octava Zona Naval, a efecto de notificarle el contenido de la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en la cual se señala como motivo de devolución: "Ya no existe esta autoridad". Reexpedir oficio. Ahora, en obvio de mayores dilaciones, tomando en consideración que de una búsqueda en la página oficial https://www.gob.mx/semar/documentos/directorio-de-mandos-navales se advierte que se encuentra una denominación diversa de la Autoridad Responsable, mediante oficio que derive del presente acuerdo, al que se ordena anexar el citado comunicado, al Comandante de la Décima Segunda Zona Naval, con domicilio en ********************, ********************, a fin de que se realice la notificación correspondiente. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintidós de junio de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Visto el estado procesal del presente expediente, se advierte que por auto de diez de marzo de dos mil quince, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, por estar concluido, el cual se consideró susceptible de destrucción, en virtud de que el tribunal de alzada modifico la sentencia dictada en autos, la cual sobreseyó y negó la protección constitucional y, en su lugar, sobreseyó y negó la protección constitucional en el juicio. No obstante lo anterior, en cumplimiento al punto Décimo, fracción I, en relación con el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, se advierte que el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, toda vez que este juzgado de Distrito por una parte se sobreseyó y por la otra se negó la protección constitucional y el tribunal de alzada sobreseyó en el juicio.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,820 expedientes
- María Guadalupe Zamora Salazar1752/2018
- Maria Guadalupe Zamora Salazar305/2019
- María Guadalupe Zamora Salazar741/2020
- María Guadalupe Zarate Velázquez1908/2018
- Maria Guillermina Alvarado Gonzalez1892/2023
- María Guillermina Lomelí Gómez397/2020
- María Guzmán Becerra1257/2022
- María Guzmán Becerra190/2021
- María Hilda Consuelo Ponce Casillas1378/2022
- María Imelda Cuarenta Fregoso2262/2019
- María Irma Díaz Rodríguez1790/2022
- María Irma Gómez Aceves1716/2021