María Guadalupe Zuñiga Gómez
Expediente 1568/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 39 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1568/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 27/03/2023
Partes del expediente
- María Guadalupe Zuñiga Gómez
- Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios de cuenta, visto su contenido, se provee: Recepción de ejecutoria. Acúsese recibo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de los oficios que contienen insertas las resoluciones pronunciadas el nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictadas en los recursos de queja .... recibidos en este Juzgado el veinticuatro de marzo del año en curso. Comuníquese a las partes que la superioridad, respectivamente, determinó: "ÚNICO. Se declara sin materia el presente recurso de queja, interpuesto por la quejosa .... por propio derecho, en contra del proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto ...., del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el que se desechó la prueba testimonial que ofreció a dicho juicio constitucional." "ÚNICO. Se declara sin materia el presente recurso de queja, interpuesto por la tercera interesada .... por conducto de su autorizado en términos amplios ...., en contra de la parte conducente del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto ...., del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el que se desechó la prueba de inspección judicial que ofreció a dicho juicio constitucional." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devolución de constancias. Devuélvanse al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ...., el cual obra en dos cuadernos auxiliares del presente expediente, en el entendido de que la constancia de notificación de este auto constituirá el acuse de recibo correspondiente, por lo que resulta innecesario que se envíe el mismo. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Declaración de estado. V i s t o s los presentes autos y advirtiéndose de los mismos, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes recurrieran el auto de trece de febrero de dos mil veintitrés; por el que, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo y destino del asunto. Archívese este asunto como concluido; toda vez que en el presente sumario constitucional se dictó sentencia definitiva. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y no obran documentos originales ofrecidos por las partes; ello, con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo general, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino de incidentes. Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se negó y concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, exceso o defecto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General. Devolución de constancias. Devuélvanse al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ..el cual obra en dos cuadernos auxiliares del presente expediente, en el entendido de que la constancia de notificación de este auto constituirá el acuse de recibo correspondiente, por lo que resulta innecesario que se envíe el mismo. Se hace del conocimiento al Tribunal Colegiado la presente determinación Hágase del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, la presente determinación dentro de los recursos de queja .. y.. de su índice, para los efectos legales a que haya lugar. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Incidental
Visto el estado procesal que guardan los autos y de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no ha exhibido la garantía fijada mediante resolución seis de septiembre de dos mil veintidós, no obstante haber transcurrido el término concedido para tal efecto; en tal virtud, se acuerda: Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, de conformidad con los artículos 136 y 153 de la Ley de Amparo, el segundo de los citados preceptos a contrario sensu, y con apoyo en el mismo artículo las autoridades podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute el acto reclamado, la quejosa podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la tercera interesada .... y, visto su contenido, se provee: Terceras interesadas solicitan se declare que dejó surtir efectos suspensión definitiva Se tiene a la parte tercera interesada, solicitando se deje sin efectos de la suspensión definitiva otorgada en autos, toda vez que la parte quejosa no exhibió la garantía que le fue fijada por resolución de seis de septiembre de dos mil veintidós y se haga del conocimiento a las autoridades responsables; al respecto, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en los párrafos precedentes. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese .
- Principal
Agréguese a los autos copia del acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, obtenido de la página www.htsjpuebla.gob.mx/, por el que se aprobó el calendario anual de días inhábiles del año dos mil veintidós, así como los periodos vacacionales para los funcionarios, empleados y auxiliares del Poder Judicial del Estado de Puebla, para ser tomado en consideración en esta determinación. Visto el estado de autos, así como el informe justificado y las constancias que remitió como justificante de sus actos la Jueza Primero de lo Civil del distrito judicial de Cholula, Puebla, consistente en copia certificada del expediente del juicio ejecutivo mercantil . de su índice; al respecto, se provee: Sobreseimiento fuera de audiencia por extemporaneidad. Del citado expediente del juicio ejecutivo mercantil .., al que por tratarse de un documento público, se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato de su artículo 2°, se advierten los siguientes antecedentes, con relevancia procesal, los cuales son: 1. Por escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, .., por propio derecho, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra ..., de quienes demandó el pago de diversas prestaciones. 2. En acuerdo de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se formó y registró el expediente con el número . del índice del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial de Cholula, Puebla, y se dictó auto de mandamiento en forma, ordenándose requerir de pago a los demandados. 3. El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en la que, en lo que interesa, se trabó embargo respecto del inmueble identificado como fracción de ..., ubicado en la .., propiedad de la demanda .... 4. Seguido el trámite del juicio de origen, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria emitida el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo directo .. del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, se dictó sentencia definitiva, en la que se tuvo a la parte actora justificando parcialmente su acción cambiaria directa y se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones. 5. El uno de agosto de dos mil diecinueve, se aprobó la planilla de liquidación de sentencia por la cantidad de $... 6. Finalmente, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se giró oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cholula, Puebla, a fin de se realizara la inscripción del embargo trabado en autos. De lo anterior se advierte que la litis en dicho juicio, se circunscribió e integró entre la parte actora ..., y la parte demandada...y .... Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa ., por propio derecho, impugnó en este juicio de amparo, entre otros actos: a) el embargo ordenado dentro del expediente de origen ., respecto del inmueble identificado .., ubicado en la población de .., San Andrés Cholula, Puebla; b) la orden de inscripción del embargo trabado en los autos del juicio de origen y la sentencia emitida en ese expediente; c) la orden de remate y la respectiva adjudicación; y, d) su ejecución; ostentándose la aquí impetrante, como tercera extraña a dicho juicio en estricto sentido. En ese contexto, el suscrito Juzgado Federal considera que respecto a los actos reclamados en esta instancia constitucional por la quejosa ., opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Por su parte, los arábigos 17 y 18 de la ley en cita, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, se cita la jurisprudencia de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. De lo contrario, se considerará que el acto reclamado se encuentra tácitamente consentido por el quejoso, entendiéndose por tal, aquél contra el que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la Ley de Amparo. Así, la hipótesis señalada en el inciso a) que antecede, es relativa a que haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso, mientras que no se acredite su ilegalidad o inconstitucionalidad, o bien, pruebe que se ha dictado su nulidad. La segunda regla, inciso b), relativa a que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado, establece que para computar el plazo de quince días es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación del acto reclamado- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa del acto reclamado. La última hipótesis, contenida en el inciso c), relativa a que el quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual, implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Además, de los invocados preceptos, se obtiene que el plazo de quince días, para promover la demanda de amparo, opera siempre que no se actualice alguno de los siguientes supuestos de excepción: (Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. (Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. (Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. (Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En la especie, dada la naturaleza jurídica los actos reclamados en el presente juicio de amparo (embargo ordenado dentro del juicio ejecutivo mercantil ., orden de su inscripción; orden de remate, adjudicación y su ejecución), se tiene que son determinaciones emitidas dentro de un proceso judicial, de ahí que la demanda de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, dado que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción al mismo. Luego, se concluye que el plazo para promover la demanda de amparo en contra de los actos reclamados en esta instancia constitucional, es de quince días. Ahora bien, la parte quejosa ., en su demanda de amparo -presentada el veintiséis de agosto de dos mil veintidós-, en el apartado de antecedentes de acto reclamado, específicamente en el hecho marcado con el número "2", manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ".VII. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y abstenciones que a continuación narro son ciertos y constituyen los antecedentes de los actos que reclamo mediante este libelo. (.) 2. Con fecha primero de agosto del año en curso, tuve conocimiento de que dentro del expediente número ., radicado en el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, se ordenó trabar formal embargo sobre el inmueble citado en el párrafo anterior, y que incluso se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, desde el seis de junio del año dos mil dos mil dieciséis, de acuerdo a la inscripción número .., en el folio 118550 que ampara la propiedad en mérito.." Por tanto, debe considerarse que la peticionaria ., se ostentó sabedora de la existencia del juicio de origen y de los actos reclamados, así como de su ejecución, desde el uno de agosto de dos mil veintidós, y, por ende, a partir de esa fecha estuvo en aptitud de inconformarse contra los mismos. Ello, porque la manifestación de la parte quejosa, en ese sentido, en la demanda de amparo constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La afirmación anterior se sustenta en que si bien el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que "Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa.", no prohíbe la prueba de confesión, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. Al respecto, conviene mencionar que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida esta como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte, formal o material, de un hecho que le perjudica. Establece así ese precepto: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." El texto del precepto transcrito permite distinguir los distintos modos que dan nacimiento a la confesión de un hecho que produce efectos jurídicos en el proceso, entre las que se encuentra la expresa cuando deriva de la absolución de posiciones, y a la que se refiere exclusivamente la prohibición consignada en el artículo 119 de la ley de la materia. En cambio, la confesión expresa que se hace al formular la demanda sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el código adjetivo civil federal, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Así, a esa confesión expresa se reconoce valor de prueba plena, al disponer los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio. Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 27/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, página 57, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Luego, ante la confesión vertida en los antecedentes de la demanda de amparo de origen, genera indicios suficientes que lleva a concederle valor de prueba plena que acreditan que desde el uno de agosto de dos mil veintidós, la peticionaria ., se ostentó sabedora de la existencia del juicio de origen y de los actos que reclama, así como de su ejecución y, por tanto, tuvo la obligación de combatirlos tomando como referencia esa fecha. Ello, pues como se vio, la aquí quejosa ., es tercera extraña al juicio de origen en estricto sentido, dado que no es parte procesal, ni de forma posterior fue integrada a la litis, en el juicio de origen; aunado a que de la revisión de las constancias de integran el juicio ejecutivo mercantil ., no se advierte que se haya ordenado practicar alguna comunicación procesal a la peticionaria, a partir de la cual, se pudiera considerar que tuvo conocimiento de los actos que reclama en una fecha distinta a la expresó en su demanda de amparo. En ese contexto, conforme al invocado artículo 18 de la Ley de Amparo, se tiene que el plazo de quince día de que se viene hablando, se computará a partir del día siguiente a aquél en que el que la parte quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado o de su ejecución. De ese modo, el plazo para la promoción del juicio de amparo transcurrió del dos al veintitrés de agosto de dos mil veintidós, previo descuento de los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de agosto, todos de dos mil veintidós, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; así como el ocho de agosto de dos mil veintidós, conforme al acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, que lo declaró inhábil. De ahí que, conforme a las reglas de procedencia previstas en la Ley de Amparo, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, esto es, veintiséis de agosto de dos mil veintidós, había transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, específicamente tres días hábiles de exceso, por lo que su presentación es extemporánea, lo que trae como consecuencia de que los actos reclamados sean considerados como consentidos tácitamente. No se desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados, de manera tal que no solamente les evite el perjuicio que pueda ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Así las cosas, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Justamente, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno. Por tanto, aun cuando la parte quejosa tiene el derecho a un recurso efectivo no la exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. En consecuencia, al haberse establecido que en la especie se actualizó de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, por las razones expuestas, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2ª./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala localizable a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados de la autoridad ordenadora, igual pronunciamiento debe de hacerse respecto los actos de ejecución reclamados al Diligenciario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial de Cholula, Puebla y Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la circunscripción de Cholula, Puebla, dado que no se reclaman por vicios propio, de conformidad con la jurisprudencia de la Séptima Época, visible en la página 286, Volumen 91-96 Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación de rubro: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA." Se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional Se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las once horas con dieciocho minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés, y una vez que cause estado el presente proveído, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Se hace del conocimiento al Tribunal Colegiado la presente determinación Hágase del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, la presente determinación dentro de los recursos de queja .. Y. de su índice, para los efectos legales a que haya lugar. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del acuerdo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese y personalmente a las partes.
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