María Guadalupe Zavala Piña
Expediente 1493/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1493/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/12/2019
Partes del expediente
- María Guadalupe Zavala Piña
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el escrito de cuenta, firmado por el quejoso **, y pretendidamente firmado por la diversa quejosa ****, a través del cual pretenden desahoga la vista otorgada en auto de trece de diciembre pasado; sin embargo, la firma de la quejosa en comento, que obra en dicho escrito, es notoriamente distinta a las que se encuentran plasmadas en diversas actuaciones que obran en el presente asunto. Por lo tanto, previo a proveer lo conducente respecto al escrito de cuenta, a fin de que este órgano de control constitucional tenga certidumbre respecto a la manifestación de voluntad exteriorizada por quien ahora aquí promueve este juicio de amparo, en virtud de que el artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, requiérase a la quejosa ***, para que, de ser su voluntad la contenida en el ocurso de cuenta, dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, conforme lo prevé la fracción II, del artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, comparezca al local que ocupa este órgano de control constitucional, sito Ciudad Judicial Federal, Jalisco, Anillo Periférico Poniente 7727, Edificio X1, piso 5 Fraccionamiento Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, Código Postal 45010, en horario de atención al público, esto es, de nueve a quince horas, con identificación oficial con fotografía y vigente; y, ante la presencia judicial ratifique el contenido y firma del escrito de cuenta. Bajo apercibimiento que de no comparecer en el término concedido o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta, por su parte. A lo anterior, resulta aplicable, por analogía, a la jurisprudencia 3a./J. 24, cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA ". Este Juzgado de Distrito no ignora las posibles inconveniencias que pudieran generarse a las partes, en general, con la tramitación del juicio de amparo y, en particular, con el presente requerimiento; sin embargo, aquéllas están jurídicamente vinculadas con las respectivas cargas procesales que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial, máxime que la debida integración de los mismos obliga al interesado a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales correspondientes. De tal manera, se enfatiza, la finalidad de este requerimiento, per se, lejos de propiciar la obstrucción de la justicia busca precisamente alcanzar dicho cometido. Además, persigue la doble finalidad de sujetar a las partes al régimen de responsabilidad previsto en la Ley de Amparo y no constituye, por ende, una traba u obstáculo ilegal o injustificado. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia I.5o.C .J/29sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 41, de rubro y texto: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACION DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione". Además, en lo conducente, es aplicable la Jurisprudencia 37/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Página 741, que dispone: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio". De igual forma, por las razones que la informan, se consideran aplicables la Jurisprudencia y Tesis, ambas emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se invocan: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende el de obtener una resolución fundada en derecho. Ahora bien, la resolución judicial que desecha la demanda o la que la tiene por no presentada por no cumplir con las formalidades y los requisitos establecidos en sede legislativa, respeta ese derecho humano, siempre que dichas formalidades y requisitos sean proporcionales entre los fines que preservan, frente a los intereses que sacrifican, y así lo acuerde fundadamente el juez o tribunal respectivo". Con independencia de lo anterior, se le hace saber, que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracciones I y II, establece que se impondrá pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirmen hechos falsos; en tanto, que el diverso numeral 247, fracción IV, primer párrafo, del Código Penal Federal , contempla asimismo una pena de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días de multa al que, con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de testigo, sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito el documento o afirmando un hecho falso o alternando o negando uno verdadero, o sus circunstancias sustanciales. De igual forma, se le hace saber, que inclusive a fin de verificar la autenticidad de la firma que calza en el escrito de que se trata, este juzgador de amparo se encuentra facultado para que de oficio se desahogue prueba pericial en caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar, como se dijo, la autenticidad de las firmas plasmadas, medio de convicción que resulta ser además el idóneo para tal fin. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/2017, publicada el nueve de junio de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada". Notifíquese, y personalmente a la quejosa
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Téngase por recibido el oficio firmado por el Encargado del Área Jurídica de la Dirección del Registro Civil Número 1 de Guadalajara, Jalisco, a través del cual remite las constancias con las que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector, así como con el oficio de cuenta, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable. En el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. Por último, de considerarse que la ejecutoria no fue cumplida en su totalidad, de ser lo conducente, en términos del artículo 193 de la ley de la materia, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa con copia autorizada de las constancias referidas en el auto.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo haya recurrido la sentencia dictada el ocho de noviembre de dos mil diecinueve; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Se requiere cumplimiento. Ahora, con el fin de lograr el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo -respetándose con ello el procedimiento derivado de los artículos 107, fracción XVI, constitucional, y del 192 al 197 de la ley de la materia-, se indica, de forma puntual, a la autoridad o autoridades responsables y/o a la autoridad o autoridades vinculadas, los actos que deben verificar y/o ejecutar para cumplimentar el fallo, que en la especie consisten en: "Emitan por escrito una resolución a través de la cual atiendan la solicitud elevada por los quejosos el siete de junio de dos mil diecinueve, contestando de manera fundada y motivada los puntos propuestos, debiendo analizar de manera exhaustiva el material probatorio aportado e informar la procedencia o improcedencia de la misma, así como los documentos y requisitos necesarios para realizar el trámite correspondiente para el registro extemporáneo del menor". Establecido lo anterior, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de tres días legalmente computados, a partir de que se les comunique el presente proveído, cumplan cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acrediten de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 832 de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumplen con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y serán puestas a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Anotaciones en el Libro de Gobierno. Por último, realícense las anotaciones que procedan en el Libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese.
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