María Guadalupe Zavala Martínez
Expediente 105/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/03/2018
Partes del expediente
- María Guadalupe Zavala Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de catorce de febrero del año en curso; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y TRES, DE LAS QUE INTEGRAN LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. B).- LA PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y TRES, DE LAS QUE INTEGRAN LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. IV.- ACTOS RECLAMADOS. A).- LA OMISION DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y TRES. DE LAS QUE INTEGRAN LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DE EMITIR RESOLUCION RESPECTO A LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 880 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES DECIR, DE RESOLVER DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, SOBRE LAS PRUEBAS QUE ADMITA Y LAS QUE DESECHE, DENTRO DEL JUICIO LABORAL RADICADO BAJO EL NUMERO 890/2016, ELLO, EN ATENCION A QUE LA AUTOIRIDAD RESPONSABLE SE RESERVO EL ACUERDO PARA TAL EFECTO. Ahora bien, del informe justificado rendido por el Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta data se desprende que la autoridad responsable señaló que al acto reclamado por la parte quejosa no es cierto, en virtud de que por auto de cinco de noviembre de dos mil diecisiete, se apertura la audiencia relativa a la admisión de las pruebas ofrecidas por la partes, auto que fue notificado el nueve de febrero de dos mil dieciocho, para lo cual remitió copia certificadas del expediente laboral 890/2016, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado a la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que la quejosa María Guadalupe Zavala Martínez, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de acordar lo conducentes respecto de las pruebas ofrecidas por las partes. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó un acuerdo relativo a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, mismo que fue notificado a la parte quejosa el nueve de febrero de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de notificación allegada por la autoridad responsable en su informe justificado (foja 26). Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dictado el auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 890/2016, el cual fue notificado a la parte quejosa el nueve de febrero de dos mil dieciocho, cuya omisión se reclama, cesaron los efectos del retardo de la que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes, dentro de los autos del expediente laboral 890/2016, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, la responsable emitió el acuerdo correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que María Guadalupe Zavala Martínez reclamó al Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y TRES, DE LAS QUE INTEGRAN LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. B).- LA PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y TRES, DE LAS QUE INTEGRAN LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. IV.- ACTOS RECLAMADOS. A).- LA OMISION DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y TRES. DE LAS QUE INTEGRAN LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DE EMITIR RESOLUCION RESPECTO A LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 880 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES DECIR, DE RESOLVER DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, SOBRE LAS PRUEBAS QUE ADMITA Y LAS QUE DESECHE, DENTRO DEL JUICIO LABORAL RADICADO BAJO EL NUMERO 890/2016, ELLO, EN ATENCION A QUE LA AUTOIRIDAD RESPONSABLE SE RESERVO EL ACUERDO PARA TAL EFECTO. Ahora bien, del informe justificado rendido por el Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta data se desprende que la autoridad responsable señaló que al acto reclamado por la parte quejosa no es cierto, en virtud de que por auto de cinco de noviembre de dos mil diecisiete, se apertura la audiencia relativa a la admisión de las pruebas ofrecidas por la partes, auto que fue notificado el nueve de febrero de dos mil dieciocho, para lo cual remitió copia certificadas del expediente laboral 890/2016, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado a la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que la quejosa María Guadalupe Zavala Martínez, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de acordar lo conducentes respecto de las pruebas ofrecidas por las partes. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó un acuerdo relativo a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, mismo que fue notificado a la parte quejosa el nueve de febrero de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de notificación allegada por la autoridad responsable en su informe justificado (foja 26). Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dictado el auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 890/2016, el cual fue notificado a la parte quejosa el nueve de febrero de dos mil dieciocho, cuya omisión se reclama, cesaron los efectos del retardo de la que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes, dentro de los autos del expediente laboral 890/2016, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, la responsable emitió el acuerdo correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que María Guadalupe Zavala Martínez reclamó al Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Vistas las razones actuariales que anteceden de las cuales se desprende que no fue posible realizar los emplazamientos de los terceros interesados Jesús Hernández Velásquez y José Ricardo Velázquez Castillo, por los motivos que de las mismas se desprenden. En mérito a lo anterior y a fin de evitar mayores dilaciones procesales y con el propósito de dictar las medidas pertinentes para la localización del domicilio de los referidos terceros interesados, como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y en aras de una pronta impartición de justicia, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días a partir de que surta efectos su notificación, proporcione el domicilio correcto de los terceros interesados Jesús Hernández Velázquez y José Ricardo Velázquez Castillo, apercibido que de no hacerlo en su momento se podrán ordenar los emplazamientos por edictos, de conformidad con el último párrafo del precepto citado. Asimismo, a fin de evitar mayores dilaciones dentro del presente procedimiento, requiérase a Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes; Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Teléfonos de México, Sociedad Anónima en Puebla, todos del Estado de Puebla; así como a Radiomóvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable y Gerente de Servicios al Cliente de la Coordinación Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, ambos con residencia en la Ciudad de México, para que se sirvan informar si en dichas oficinas cuentan con el domicilio actual de los terceros interesados Jesús Hernández Velázquez y José Ricardo Velázquez Castillo, información que deberán proporcionar de manera detallada dentro del término tres días siguientes a la notificación de este auto. Apercibiéndolos que en caso de no proporcionar la información requerida en el término concedido para ello, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 [setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE.
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