Maria Guadalupe Zaldivar Acosta
Expediente 1853/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1853/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Zaldivar Acosta
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán; veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. De igual forma, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese por lista.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por MARIA GUADALUPE ZALDIVAR ACOSTA, contra el acto que reclama de la Juez Cuarto Civil el Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Por tanto, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1853/2021-IV. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, motivo por el cual, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la quejosa reclama de la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, la resolución de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el Procedimiento de Ejecución 73/2020, promovido en su contra por Blanca Elena Parra Sabido, en el que se le otorgó un término de veinte días para desocupar el predio número cuatrocientos treinta y tres, de la calle treinta y seis, por diecinueve y veintiuno, del Fraccionamiento La Florida, del Municipio de Mérida, Yucatán. Ahora bien, la suscrita considera que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, ni tampoco se ubica en algún caso de excepción reconocido por la jurisprudencia aplicable. Los que a continuación se transcriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Conforme a la normativa transcrita, para los efectos de la procedencia del amparo, la última resolución que se dicte en la etapa de ejecución, lo constituye aquella en la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; por tanto, será hasta ese momento en el que se harán valer las violaciones cometidas en ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En la especie se tiene que el acto que se atribuye a las autoridades responsables, constituye un acto intermedio en el procedimiento de ejecución, resultando por ende que dicho acto no se ubica en el supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, pues dicho acto no constituye la última resolución de dicho procedimiento. Para sustentar lo anterior se destaca que el mencionado párrafo segundo, de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, transcrito en líneas que anteceden, establece una limitación al plasmarse en el mismo la conjunción "o", para la procedencia del sumario constitucional, lo cual se traduce en la existencia de un enlace entre ambos supuestos. En efecto, de acuerdo a lo previsto por el párrafo segundo del numeral transcrito anteriormente, el juicio de amparo indirecto es procedente en el procedimiento de ejecución, cuando se dicta la última resolución, misma que constituye la que de forma definitiva: 1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, 2. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sin embargo, en el caso no se cumple con los supuestos de procedencia que para el procedimiento de ejecución que dispone la Ley de Amparo, porque aún no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia, no se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento ni mucho menos el archivo del expediente de origen y, por ende, se insiste, todavía no se dicta la última resolución, para efectos de la procedencia del amparo. Lo anterior encuentra su razón de ser porque el párrafo segundo, de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución, esto es, evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo, al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido. Bajo las circunstancias apuntadas, debe decirse que el acuerdo de nueve de agosto del año en curso, que contiene la orden de entrega, en un plazo de veinte días, completamente desocupado del predio marcado con el número cuatrocientos treinta y tres, de la calle treinta y seis, por diecinueve y veintiuno, del Fraccionamiento La Florida, del Municipio de Mérida, Yucatán, emitido en el Procedimiento de Ejecución 73/2020, promovido por Blanca Elena Parra Sabido, del índice del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, no constituye la resolución definitiva en la etapa de ejecución a que se refiere la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo; por tanto, para instar el juicio de amparo, se debe esperar a que se emita la determinación en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que la hubieren dejado sin defensa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con el rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Zaldivar Acosta, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del numeral 107 de la misma legislación. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Arturo Sosa Kú y Lurdy Adriana Pech Lara; y los restantes en los términos restringidos a los que alude el citado artículo 12 de la Ley de Amparo; lo anterior, en razón que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la ley de la materia; sin embargo, en el momento de que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Maria Guadalupe Pech Solis866/2022
- Maria Guadalupe Puc Calan304/2021
- Maria Guadalupe Rodriguez Ortega706/2017
- Maria Guadalupe Rosado Novelo1300/2014
- Maria Guadalupe Sarlat Ancona1322/2017
- Maria Guadalupe Vazquez Manzanilla1731/2019
- María Hermelita Euán Herrera2450/2022
- Maria Hernilda Jorge Piste604/2018
- Maria Hilaria Chuc Alcocer739/2018
- María Ileana Ordóñez Pérez1414/2022
- Maria Indalecia Basto Loria724/2019
- Maria Ines Castro Rivero519/2017