María Guadalupe Xonthe Mentado
Expediente 122/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- María Guadalupe Xonthe Mentado
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Con fundamento en los dispositivos 3, último párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ya que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con su original, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen.IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de febrero de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa María Guadalupe Xonthe Mentado, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintisiete de enero pasado. DESECHAMIENTO. No obstante, de un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Así, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] De la interpretación del citado precepto se advierte que, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, salvo los casos de excepción expresamente establecidos. Precisado lo anterior, se considera que el auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Huichapan de Villagrán, Hidalgo en los autos del juicio familiar 1421/2022, en el que se señalaron reglas de convivencia respecto de la menor de edad de iniciales L. E. C. X., es impugnable a través del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 364, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que establecen: "Artículo 364. Este código prevé los siguientes recursos: [.] II. Apelación; [.] Artículo 379. El Tribunal Superior de Justicia, es el competente para conocer y resolver del recurso de apelación. Artículo 382. El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Artículo 383. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también. Artículo 395. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. El juez deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el Artículo 398 de este ordenamiento." De la lectura de dichos numerales se advierte que el recurso de apelación procede contra autos de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación. En el caso se reclama el auto mediante el cual la jueza responsable decretó reglas de convivencia entre la hija de la quejosa con su padre; acto que, se considera, produce una ejecución de difícil reparación. De ahí que, como el acto reclamado en el presente juicio es de difícil reparación, es procedente el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 334, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. En esa tesitura, al contener el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto revocar o modificar el acto reclamado, es incuestionable que la quejosa se encuentra obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para el inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; pues la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, únicamente establece las siguientes excepciones: a. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Sin embargo, en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo, así como tampoco los supuestos previstos en la jurisprudencia emitida por los tribunales federales. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro 2017117, que reza: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." También, tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Diciembre de 2013, página 350, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Sin que este órgano jurisdiccional desconozca la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Tomo II, Octubre de 2013, página 990, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Sin embargo, como ha quedado plasmado, del artículo 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, se advierte que en el supuesto de que el acto reclamado pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación a alguna de las partes; puede ser reclamado mediante la interposición del recurso de apelación, en el cual se deberán señalar los motivos por los que se consideran tales circunstancias, a lo que el juez tendrá la obligación de declararlo procedente en ambos efectos, concediendo la suspensión de su ejecución hasta en tanto se resuelva el medio de impugnación. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. m-IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de enero de dos mil veintitrés. IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR EL FALLO PROTECTOR. Visto el estado de los autos del que se advierte que la parte quejosa y tercera interesada no realizaron manifestación alguna en relación con la imposibilidad que adujo la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria recaída en el presente juicio, dentro del lapso que se les concedió, razón de lo anterior, resulta procedente que este juzgado realice el análisis del mismo. En la sentencia pronunciada por este juzgado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, terminada de engrosar el 29/07/23 11:24:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 2 dieciocho de octubre siguiente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a S***, para el efecto de que la Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente únicamente la determinación dictada en audiencia de diez de junio de dos mil veintiuno en la causa penal 478/2021, en la que negó la solicitud de ejecutar la medida cautelar de prisión preventiva en el domicilio particular del quejoso. Señalara una nueva fecha y citara a las partes para que en audiencia, resolviera con libertad de jurisdicción la solicitud de que la medida cautelar se lleve a cabo en el domicilio del quejoso, pero atendiendo a lo expuesto en el fallo, esto es, prescindiendo de considerar que el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé como un supuesto de improcedencia que exista un riesgo social para el imputado. En el entendido de que no debería abrir un nuevo debate al respecto entre las partes, sino resolver con la exposición y los datos de prueba que ya se expusieron. Sentencia que fue recurrida por la parte tercera interesada M***; sin embargo, fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito al resolver el recurso de revisión 290/2021, de su índice. Por tanto, en auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se recibió la ejecutoria pronunciada por la superioridad y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Mediante oficios recibidos en proveídos de once y doce, ambos de mayo siguiente, se tuvo a la Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrita al Distrito 29/07/23 11:24:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA Judicial de Pachuca de Soto, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió las constancias necesarias, con las que se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. El cuatro de julio de ese mismo año, este juzgado federal declaró cumplida la ejecutoria bajo las consideraciones siguientes: ? Que la autoridad responsable emitió un acuerdo el cuatro de mayo de dos mil veintidós, en donde señaló las quince horas con treinta minutos del nueve de mayo de este año para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ? Asimismo, que el nueve de mayo anterior, la jueza responsable en audiencia celebrada en la causa penal 478/2021, dejó insubsistente únicamente la determinación dictada en audiencia de diez de junio de dos mil veintiuno en el referido proceso penal, en la que negó la solicitud de ejecutar la medida cautelar de prisión preventiva en el domicilio particular del quejoso y con libertad de jurisdicción, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso ***, a cumplir en el Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, pero prescindió de considerar que el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé como un supuesto de improcedencia que exista un riesgo social para el imputado. Sin embargo, el veintiséis de julio de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso Salvador Rafael Aguirre Escárcega, interponiendo recurso de inconformidad contra del auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo en que se actúa y se remitió a la superioridad para su resolución. En virtud de ello, en auto de ocho de diciembre del año próximo pasado se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado del 29/07/23 11:24:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 4 Vigésimo Noveno Circuito, remitiendo testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de inconformidad 19/2022, de su índice, en la que determinó declarar fundado el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso ***. Con motivo de lo resuelto por el tribunal colegiado citado, requirió a la autoridad responsable Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrita al Distrito Judicial de Pachuca de Soto, a fin de que diera cumplimiento a la sentencia protectora emitida por este juzgado federal, tomando en consideración los lineamientos emitidos por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, al resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso. Luego, mediante acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrito al Distrito Judicial de Pachuca de Soto, informando la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector emitido en este asunto, debido a que mediante oficio ****signado por el Director del Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, fue notificado que el dieciocho de octubre de esa anualidad, falleció Salvador Rafael Aguirre Escárcega, por lo que, se le requirió copia auténtica de la determinación que en su caso, hubiese emitido con motivo del deceso del aquí quejoso, en el procedimiento penal 478/2021, de su índice. Así, en auto de veintisiete de diciembre pasado, se tuvo al Juez Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrito al Distrito Judicial de Pachuca de Soto remitiendo la resolución consistente en el sobreseimiento dictado en audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 478/2021, con motivo del deceso del accionante, documentales que merecen valor probatorio pleno, de 29/07/23 11:24:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las que se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Ahora, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, la sentencia protectora tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho violado. No obstante, se advierte que existe imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, en virtud de que, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, falleció el quejoso **** y, con motivo de ello, la autoridad judicial responsable el nueve de noviembre de esa misma anualidad, en audiencia dictó resolución de sobreseimiento de la causa penal 478/2021 con motivo del deceso del accionante, en términos de los artículos 327, fracción IX y 485, fracción II, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en correlación con los diversos 109, fracción II y 112, ambos del Código Penal vigente para el Estado de Hidalgo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 de la Ley de Amparo, procede declarar LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURÍDICA PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL A LA EJECUTORIA DE AMPARO. En el entendido de que, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, queda expedito el derecho de la parte legitimada para hacer valer el recurso de inconformidad contra la presente determinación. ...V
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