María Guadalupe Wong Soto

Expediente 813/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
813/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
08/08/2018

Partes del expediente

  • María Guadalupe Wong Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    De la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley, en contra del auto de veinte de julio del presente año, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por... en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, al no existir actuación pendiente por realizar, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la promovente Torreón, Coahuila, veinte de julio de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, al cual anexa el juicio de amparo 728/2018, de su índice, promovido por María Guadalupe Wong Soto, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, en virtud de que mediante oficio del Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, le informó que resolvió la consulta planteada por el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, y determinó que corresponde a este juzgado de distrito continuar con el conocimiento del juicio de amparo de que se trata, por estimar que en el caso se actualiza el supuesto del artículo 46, párrafo penúltimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales (cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis). Por tanto, este juzgado federal acepta el returno planteado, en esa virtud, fórmese y regístrese el expediente respectivo con el número 813/2018-III, tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes; acúsese el recibo. Por otra parte, al tomar en cuenta que la comunicación de cuenta fue remitida de manera directa a este órgano jurisdiccional, por tanto, infórmese dicha situación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, a fin de que proceda a su registro y remita la boleta de turno correspondiente a este juzgado, a cuyo efecto, remítasele copia del oficio de cuenta y de este auto, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. En el presente caso, del análisis integral de la demanda de garantías y de sus anexos, este juzgado advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo de mérito, se aprecia que la promovente del amparo reclama en esta vía constitucional literalmente lo siguiente: "IV.- LEY O ACTO DE CADA AUTORIDAD QUE SE RECLAMA: a).- De la autoridad señalada como ordenadora, reclamo: 1.- Auto o acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. (.) 2.- Auto o acuerdo de fecha 25 de mayo de 2017 que reza: (.) 3.- Oficio No. 900/2018 de fecha 24 de mayo de 2018, girado a la LICENCIADA CECILIA EUGENIA DEL BOSQUE GARZA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 20, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. En el que se ordena la cancelación de la escritura (1) uno y (2), que se describen en el acuerdo de fecha 25 de mayo del 2017, el cual me remito para obviar repeticiones. 4).- Oficio No. 900/2018-A de fecha 24 de Mayo de 2018, girado al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD. En el que se ordena la cancelación de los registros señalados en el acuerdo del 25 de mayo del año 2017. 5.- La orden también, de incorporarse las propiedades escritas a la masa hereditaria. 6.- Así como todos sus efectos y todas las consecuencias, de hecho y de derecho que se deriven de los actos reclamados: b).- De la autoridad señalada como ejecutora, reclamo: A que se refiere el punto IV a que se señala LEY O ACTO DE CADA AUTORIDAD QUE SE RECLAMA. Lo anterior dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil expediente número 278/2017". En el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la ley de la materia, este último interpretado a contrario sensu, pues tales numerales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." (Lo resaltado y subrayado es del juzgado). En este contexto, del análisis integral que se efectúa a la demanda, se desprende que la quejosa se duele de los autos de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete y veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, así como los oficios 900/2018 de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho girado a la licenciada Cecilia Eugenia del Bosque Garza, Notario Público número veinte, con residencia en esta ciudad; y 900/2018A, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, girado al Director del Registro Público de la Propiedad, de esta ciudad, en el que se ordena la cancelación de los registros señalados en el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, la orden de incorporarse las propiedades a la masa hereditarias, así como todos sus efectos y consecuencias de hecho y de derecho que se deriven de los actos reclamados, dentro del juicio ejecutivo mercantil 278/2016. De lo anterior, se advierte que los actos reclamados por la promovente de amparo, fueron emitidos en la etapa de ejecución de sentencia del procedimiento de origen, pues dichos actos constituyen una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde la parte demandada ya fue oída y vencida. Así las cosas, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el período de ejecución, distintos al de remate y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto que modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de amparo. Es así, porque el artículo 107, fracción IV, de la misma Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente, hipótesis que no encuadra en el acto que por esta vía se reclama. En ese sentido, la disposición esta entendida en cuanto a su procedencia del juicio de amparo contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Bajo esas consideraciones, la frase "última resolución" a que se refiere el dispositivo 107 anteriormente referido debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo cual no acontece en el presente caso; ello, en virtud de que el resultado de los diversos actos reclamados, trae como consecuencia que siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que la parte demandada fue oída y vencida con las formalidades que prevé el artículo 14 constitucional. En consecuencia, si los actos reclamados de los que se duele la parte quejosa, lo es en la etapa de ejecución de sentencia, en donde se dictaron los autos de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho y veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, a través de los cuales se expidieron los oficios 900/2018 y 900/2018-A, y en donde se ordena la cancelación de escrituras, constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada, por lo que a juicio de este órgano jurisdiccional, resulta improcedente la demanda de amparo, ya que no constituye la ultima resolución en la fase ejecutiva. Con apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis suscitada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 11, tomo XVII, junio de 2003. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, materia común, bajo el siguientes criterio: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". Así como la diversa jurisprudencia, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 31, tomo XIII, abril de 2001, Novena época. Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Al quedar plenamente actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 y 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del Tomo V, Mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto."

  3. Principal

    Por recibida la copia del oficio SECNO/2519/2018 del Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, mediante la cual comunica al titular del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, que es a este órgano jurisdiccional quien deberá avocarse al conocimiento de la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Wong Soto, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; agréguese a los autos del cuadernillo provisional en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el mensaje telegráfico de la Subadministradora de Amparo e Instancias Judiciales adscrita a la Administración de Amparo e Instancias Judiciales "4", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Ciudad de México, y como lo solicita, con transcripción del presente proveído remítase copia certificada de la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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