María Guadalupe Volante Hernández
Expediente 690/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Guadalupe Volante Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de once de agosto de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción I, del Acuerdo en mención. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas del once de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número ********************/2023, el licenciado Carlos Medina Muñoz, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por sesión de tres de julio de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del diverso 161 del mismo Ordenamiento Legal, mediante oficio CCJ/ST/3986/2023, en unión de la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada Alejandra Zaraí Canché Chan, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, hace relación de las constancias que obran en autos, da cuenta con la certificación que antecede, con el escrito inicial de demanda y el informe rendido por la autoridad responsable; a lo que se acuerda: vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que la quejosa no realizó manifestación alguna, en el término de quince días, concedido en proveído de siete de julio del año en curso, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto a la contestación que se le dio a su escrito de quince de febrero de dos mil veintitrés, por parte del Director de lo Contencioso adscrito a la Dirección General Jurídica, encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y sus Unidades Administrativas. En consecuencia, se tiene por precluido su derecho para hacerlo en términos del artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°; por lo que el presente asunto se resolverá únicamente por el acto señalado en el escrito inicial de demanda. No pasa inadvertido para este juzgador, que por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintitrés, el autorizado en términos restringidos de la parte quejosa, pretendió ampliar la demanda de amparo; sin embargo, se le hizo de su conocimiento que no ha lugar acordar favorable su petición, dado que únicamente se le autorizo para oír y recibir notificaciones. Finalmente, téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda, así como la documental aportada por la autoridad responsable Director de lo Contencioso adscrito a la Dirección General Jurídica, encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y sus Unidades Administrativas, como complemento a su informe justificado, consistente en las copias certificadas del oficio SFA-SA/DRH/4506/2023, de cuatro de julio de dos mil veintitrés, así como del diverso DRH/4103/2023, de diecinueve de junio del año en curso, ambos suscritos por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, con sede en esta ciudad, con lo que concluye dicha fase. A continuación se procede a abrir la etapa de alegatos, y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los presentó; por tanto, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia, quedando los autos a la vista para dictar la resolución. S E N T E N C I A. V I S T O S los autos que integran el juicio de amparo indirecto número ********************/2023, promovido por********************, por propio derecho, contra los actos que reclama al Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad de Morelia, y turnado ese mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado,********************, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y acto mencionados a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad Morelia. ACTOS RECLAMADOS: 1. "IV. ACTO RECLAMADO Y PROTESTA LEGAL.- EI acto de autoridad que se reclama consiste en la omisión para dictar acuerdo y su notificación personal a la parte quejosa relativo a la petición que por escrito, pacífica y respetuosamente se le hiciera sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna y sin haber logrado el acuerdo y su notificación al peticionario como lo dispone el artículo 8º Constitucional, ya que se le solicitó a la autoridad responsable para que informara lo referente a: A) A la solicitud pidiéndole que de manera pacífica y respetuosa "LA FECHA DE PAGO" RECLAMO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL NO HABER DADO CONTESTACIÓN HASTA ESTA FECHA A LA PETICIÓN QUE SE ELEVÓ A LA Misma" SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio de amparo a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, mediante proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, se ordenó formar el expediente impreso y electrónico registrándose bajo el número ********************/2023, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. Luego, mediante proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que, dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a la contestación emitida por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, con las constancias anexas a este. No obstante, la parte quejosa fue omisa en desahogar tal requerimiento; razón por la cual en la audiencia que antecede, se declaró precluido su derecho para hacerlo, y se ordenó resolver el juicio por el acto señalado en el escrito inicial de demanda. Finalmente, previos diferimientos se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 35, párrafo primero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis aislada P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis Constitucional, el cual se advierte del análisis integral de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama: Del Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad: La omisión de dar contestación al escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó el pago del seguro de vida de su extinto esposo Omar Contreras Paniagua. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad Morelia, al rendir su informe justificado, señaló que no es cierto el acto reclamado que se le atribuye. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en virtud que de las constancias que obran en autos, se advierte que a la data en que se presentó la demanda de amparo no se había dado contestación al escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintitrés ante la oficina de la autoridad responsable, en virtud que se le dio contestación al mismo por medio del oficio de diecinueve de junio de esta anualidad y notificado el cuatro de julio del año en curso. Lo anterior, se corrobora con las constancias que la responsable anexó a su informe justificado en oficio número SFA/DGJ/DC/4002/2023, consistente en las copias certificadas relativas al acto reclamado, entre ellas, la contestación dada por oficio de diecinueve de junio de esta anualidad y su notificación de cuatro de julio de dos mil veintitrés, mismas que se tienen a la vista en este momento para resolver; medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. De ahí la certeza del acto reclamado que se le atribuye. Apoya lo anterior la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice de mil novecientos ochenta y cinco, Parte VIII, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Asentado lo anterior se impone señalar que en relación al acto reclamado atribuido a la autoridad responsable Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El precepto transcrito prevé el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado en el juicio accionado. Lo anterior es así, debido a que cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionante de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior, no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en la omisión de dar contestación al escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintitrés, ante la oficina de la autoridad responsable, mediante el cual solicitó el pago del seguro de vida de su extinto esposo Omar Contreras Paniagua; se desprende que del análisis de las copias certificadas que allegó la responsable, como complemento a su informe justificado, por oficio DRH/4103/2023, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés se dio respuesta a la petición que formuló la quejosa, el cual fue notificado el cuatro de julio de dos mil veintitrés. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Así, la omisión reclamada dejó de existir en virtud de que la responsable por oficio DRH/4103/2023, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés se dio respuesta a la petición que formuló la quejosa, mismo que se le notificó el cuatro de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, es inconcuso que si la presentación de la demanda de amparo tuvo lugar el uno de junio de dos mil veintitrés y, como ya se expuso, la autoridad responsable Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, con sede en esta ciudad, dio respuesta por oficio DRH/4103/2023, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés y notificado el cuatro de julio del año en curso, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado atribuido al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, con sede en esta ciudad; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita en párrafos precedentes. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis noventa y siete, visible en la página setenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, visible en la página 210, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, lo procedente es SOBRESEER el presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, quien resuelve se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la Litis Constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo número ********************/2023, promovido por********************, por propio derecho, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada en el considerando segundo, por las razones precisadas en el tercer y último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ..., autorizado en términos restringidos de la parte quejosa; atento a su contenido, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad; en razón a que mediante proveído de dos de junio del año en curso, se le tuvo únicamente como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos, no así para hacer uso de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en esta data se notificó por lista de acuerdos, el auto de siete de julio de dos mil veintitrés, con el cual se dio vista a la parte quejosa para que este en posibilidades de ampliar su demanda de amparo; por ende, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL ONCE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número SFA/DGJ/DC/4002/2023, remitido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ..., por el Director de lo Contencioso adscrito a la Dirección General Jurídica, encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y sus Unidades Administrativas; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad señalado como domicilio para recibir notificaciones; así como, designando como delegados a las personas que indica. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que anexa su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional. Finalmente, tomando en consideración que la citada autoridad responsable hace referencia y remite constancia en la que da respuesta a la petición de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que esté en posibilidad de ampliar su demanda, si así lo desea, por cuanto a la contestación emitida por la autoridad responsable y expresar los conceptos de violación al respecto; para lo cual, en caso afirmativo, deberá adjuntar copias suficientes para las partes respecto de su ampliación; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se continuará con la secuela procesal del presente juicio, teniendo como acto reclamado únicamente el que señaló en su escrito inicial de demanda. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, visible a foja 605, con número de registro 168189, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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