María Guadalupe Villa Vidales
Expediente 358/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/10/2022
Partes del expediente
- María Guadalupe Villa Vidales
- CFE Suministrador de Servicios Básicos, Zona Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de octubre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución recaída en este juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese, y personalmente. Así lo resolvió y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy tres de agosto de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy Fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Calificación del cumplimiento al fallo. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintidós de julio de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a la autoridad responsable para los efectos siguientes: "[.] Séptimo. Conclusión y efectos de la concesión de amparo. En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación analizados, en suplencia de la queja, lo procedente es conceder a (1) Michelle Íñiguez Pichardo, el amparo y protección de la justicia federal contra los actos que reclamó de la jueza Oral de lo Penal del Poder Judicial Cuatro, del Estado de Sonora, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, para el efecto de que: i. Deje insubsistente la audiencia celebrada el catorce de mayo de dos mil veinte, en la causa penal 148/2020; ii. En una nueva audiencia -deberá señalar hora y fecha para su celebración-, resuelva nuevamente la situación jurídica de la quejosa, con base en la imputación formulada por la agente del Ministerio Público y de acuerdo con las manifestaciones que realizó al solicitar la vinculación a proceso, dicte una nueva resolución la cual podrá ser en el mismo sentido que la reclamada o en otro diverso, pero fundada y motivada, purgando los vicios formales que se señalan, de acuerdo a lo expuesto en esta resolución; sin perjuicio de que, sin variar los hechos, pueda otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, para posteriormente revisar y en su caso resolver sobre que procede la medida cautelar, según lo que sea determinado por la jueza responsable. Lo anterior no implica que la directamente agraviada sea puesta en libertad; en atención a que, sin perjuicio ni sin variar los hechos precisados, la autoridad responsable pueda reclasificar los hechos por los cuales se ejerció la acción penal, con pleno respeto a los derechos fundamentales de la quejosa-imputada, pues la facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el artículo 19 Constitucional, independientemente de que se agrave o no la situación de la peticionaria de amparo, puesto que, no se vincula a la responsable, a dictar un nuevo auto de vinculación, sino que sólo se le reconoce la posibilidad de reclasificar los hechos probablemente constitutivos de delito. Es aplicable al tema la tesis jurisprudencial 29/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resultó de la contradicción de tesis 190/2019, rubro y texto aprobados en sesión privada de ocho de julio de dos mil veinte, de la literalidad siguiente: "MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL HECHO DELICTIVO MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL AL DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SU EJERCICIO OPERE EN BENEFICIO O EN PERJUICIO DEL IMPUTADO (INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La modificación de la calificación del hecho delictivo materia de la imputación, realizada al dictar auto de vinculación a proceso, puede operar en beneficio o en perjuicio del imputado. JUSTIFICACIÓN: Debe entenderse que cuando la ley habla de "hecho delictivo" se refiere a la clasificación legal de los hechos al tenor de la figura típica prevista en el Código Penal respectivo, mientras que el vocablo "hecho" tiene relación con el elemento fáctico que dio origen a la imputación. Ahora bien, esta Primera Sala considera que en el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio y oral, es constitucionalmente factible modificar la clasificación jurídica del hecho delictivo materia del debate, sin embargo, existe la limitante de no variar los hechos -entendidos como elementos fácticos- planteados por el Ministerio Público al formular imputación. En efecto, es fundamental la potestad dada al Juez de Control para que, en el auto de vinculación a proceso, otorgue una clasificación jurídica distinta al hecho delictivo propuesto por el Ministerio Público al formular imputación, pues su ejercicio produce certeza y congruencia entre los hechos atribuidos y la descripción típica. No hacerlo implicaría que se siga un proceso únicamente por la clasificación jurídica designada por el representante social, lo cual iría en detrimento del sistema, de los derechos de la víctima y de la sociedad en general, pues de resultar incongruente, generaría situaciones de impunidad al no poder encuadrar plenamente las circunstancias fácticas en la descripción típica correcta. Por tanto, la potestad conferida al Juez de Control para modificar la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación, sólo está sujeta a que no se varíen los hechos expresados por el Ministerio Público al formular imputación, y se garantice el derecho de defensa del imputado. De ahí que, no existe disposición que haga presumir que su ejercicio está condicionado a operar en beneficio o en perjuicio del imputado, pues el legislador no lo dispuso así expresamente. Luego entonces, debe entenderse que la modificación de la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación opera de manera indistinta, ello de acuerdo al principio de interpretación de ley que establece "donde la ley no distingue no debemos distinguir". Pensar de otra manera, implicaría asumir competencias que no son propias de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al añadir un requisito legal que no fue establecido por el creador de la norma." De igual manera sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, por igualdad de razón jurídica, el criterio que sustenta la tesis de jurisprudencia 1a./J. 3/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151, del Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Febrero de 2008, Novena época, que establece: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL. Conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delitos configuran, por lo que también está facultada para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal, y sujetar a proceso al acusado por otro, con base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Es decir, la Norma Fundamental prohíbe la modificación de la sustancia de los hechos, pero no su apreciación técnica o su denominación legal. Ahora bien, la concesión del amparo contra el auto de formal prisión, por no haberse acreditado el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado, trae consigo la declaratoria de invalidez de dicho auto, por lo que, formalmente, ya no estará sujeto a la etapa procedimental de la instrucción y será indispensable que la autoridad responsable defina su situación jurídica, pudiendo presentarse dos hipótesis: que aquélla reclasifique el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 mencionado, o bien, que no esté en condiciones de hacerlo porque ello implicaría variar los hechos materia de la consignación, en cuyo caso podrá dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley. Por tanto, en la sentencia que concede el amparo contra el auto de formal prisión dictado incorrectamente el juzgador puede reservar plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que, en su caso, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal y se continúe la instrucción, pues dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional; sin que con ello se agrave la situación del inculpado, porque la autoridad de amparo no vincula a la responsable a dictar un nuevo auto de formal prisión, debidamente fundado y motivado, sino que sólo reconoce la posibilidad de reclasificar el delito." En la inteligencia de que, la violación advertida al dictar el auto de vinculación a proceso, sólo justifica la reposición de la audiencia inicial a partir del dictado de dicha resolución, cuando, aun en suplencia de la queja, como sucede en el caso, este juzgado de Distrito no advierte transgresión alguna a los derechos fundamentales de la quejosa en los diversos temas que previamente se dilucidaron en esa audiencia, esto es, en cuanto a la información a la imputada sobre sus derechos, el control de la detención, la formulación de la imputación y la oportunidad que tuvo de declarar, en términos de los artículos 20, apartado B, fracciones III y VI, Constitucional, 308, 309, 310, 311 y 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, dado que el sistema penal acusatorio y oral se diseñó bajo una metodología de audiencias, las cuales tienen como finalidad solventar las cuestiones relativas a las etapas de investigación, intermedia o de preparación a juicio y de juicio, que comprende el procedimiento penal, tal como se advierte de la interpretación sistemática de los artículos 20, párrafo primero, Apartado A, Constitucional -ya transcrito-, 211, 307, párrafo primero, 334, 348 y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal: El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. (.)" "Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. (.)" "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio." "Artículo 348. Juicio El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad." "Artículo 349. Fecha, lugar, integración y citaciones. El Tribunal de enjuiciamiento una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate (.)" De acuerdo con los artículos transcritos, las audiencias inicial, intermedia y de debate, corresponden a las etapas de investigación, intermedia -en su fase oral- y de juicio, respectivamente, de manera que, al estar directamente relacionadas por su contenido a dichas etapas procesales, comparten su principal característica, consistente en que el orden que guardan no es casual, sino que coordina una serie de actos que se relacionan o entrelazan entre sí, necesarios para alcanzar los fines del procedimiento penal al que pertenecen. Lo anterior, también permea en los temas que se resuelven en cada una de dichas audiencias, en razón de que pertenecen a la misma dinámica procesal, de manera que el orden en que éstos están anunciados en el precepto que los establece tampoco es accidental, sino que obedece al desarrollo lógico jurídico de los mismos, en el que guardan una relación de interdependencia progresiva, pues el sentido de la determinación que se adopta en relación con cada uno de éstos, constituye el sustento del siguiente y, por ende, una vez superado el anterior, queda consumada la actuación practicada en el mismo, de lo que se sigue que la actuación posterior puede modificarse sin afectar a la anterior, pero no a la inversa. Así, cuando en el numeral 307 transcrito, se establece que en la audiencia inicial se abordarán los temas relativos a la información al indiciado sobre sus derechos, el control de la detención, la formulación de la imputación, la oportunidad de declarar del imputado, la vinculación a proceso, las medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación, debe entenderse que en el mismo, no sólo se anunció el contenido de dicha audiencia, sino también el orden en que la misma tiene que desahogarse, así como la relación procesal que impera entre los mismos, la cual puede constatarse a partir de lo dispuesto en los artículos subsiguientes, que pertenecen al Título VI, denominado "Audiencia inicial", del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, en los juicios de amparo indirecto -como el presente-, en los que en el auto de vinculación a proceso, se advierta alguna violación a derechos fundamentales que deba repararse por el juez de control y, aun en suplencia de la queja, no se aprecie otra transgresión en los diversos temas que previamente se dilucidaron en esa audiencia, la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, sólo justifica como forma para restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos, que en reposición del procedimiento se deje parcialmente sin efectos la audiencia inicial, a partir del dictado de dicha resolución. En conclusión, de los artículos 20, apartado A, Constitucional, 211, 307, párrafo primero, 334, 348 y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el sistema penal acusatorio y oral se diseñó bajo una metodología de audiencias, las cuales tienen como finalidad solventar las cuestiones relativas a las etapas procesales que comprende el procedimiento penal; de manera que las audiencias inicial, intermedia y de debate, al estar directamente relacionadas a las etapas de investigación, intermedia o de preparación a juicio y de juicio, respectivamente, comparten su principal característica, consistente en que el orden que guardan no es casual, sino que coordina una serie de actos que se relacionan o entrelazan entre sí, necesarios para alcanzar los fines del procedimiento. Lo anterior, también permea en los temas que se resuelven en cada una de dichas audiencias, en razón de que pertenecen a la misma dinámica procesal, de ahí que el orden en que el numeral 307 del código procesal invocado, establece los temas que en la audiencia inicial se abordarán, es decir, la información al indiciado sobre sus derechos, el control de la detención, la formulación de la imputación, la oportunidad de declarar del imputado, la vinculación a proceso, las medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación, tampoco es accidental, pues obedece al desarrollo lógico jurídico de los mismos, en el que guardan una relación de interdependencia progresiva, dado que el sentido de la determinación que se adopta en relación con cada uno de éstos, constituye el sustento del siguiente y, por ende, una vez superado el anterior, queda consumada la actuación practicada en el mismo, de lo que se sigue que la actuación posterior puede modificarse sin afectar a la anterior, pero no a la inversa. En ese sentido, en los juicios de amparo indirecto en los que en el auto de vinculación a proceso se advierta alguna violación a derechos fundamentales que deba repararse por el juez de control y, aun en suplencia de la queja, no se aprecie otra transgresión en los diversos temas que previamente se dilucidaron, la concesión del amparo sólo justifica como forma para restituirlo en el pleno goce de sus derechos que, en reposición del procedimiento, se deje parcialmente sin efectos la audiencia inicial, a partir del dictado de dicha resolución, pues las actuaciones practicadas con anterioridad no se afectan, si se dejan insubsistentes las posteriores." [.]" Recurso de revisión. La parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, el cual quedó registrado como amparo en revisión 210/2020. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se recibió el testimonio de la ejecutoria dictada por la superioridad antes citada, en la cual se tuvo a la parte quejosa desistiendo del recurso de revisión interpuesto, por lo que en dicho proveído se requirió a las autoridades para dieran cumplimiento con el fallo protector, conforme a los efectos precisados en la sentencia de amparo. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Dejar insubsistente la audiencia celebrada el catorce de mayo de dos mil veinte, dentro de la causa penal 148/2020; y, Señalar una nueva fecha y hora para su celebración, en la cual debería resolver la situación jurídica de la parte quejosa, con base en la imputación formulada por la agente del Ministerio Público y de acuerdo con las manifestaciones que realizó al solicitar la vinculación a proceso, la cual podría ser en el mismo sentido que la reclamada o en otro diverso, pero fundada y motivada, purgando los vicios formales que se señalan, de acuerdo a lo expuesto en esta resolución; sin perjuicio de que, sin variar los hechos, pudiera otorgarle una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, para posteriormente revisar y en su caso resolver sobre la medida cautelar, según lo que sea determinado por la jueza responsable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito el veintidós de febrero del dos mil veintiuno, la Juez Oral de lo Penal del Distrito judicial Cuatro del Poder Judicial de Sonora, con sede en San Luis Rio Colorado, informó que el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de sobreseimiento, en la cual se decretó el sobreseimiento parcial de la causa penal de origen a favor de Michelle Íñiguez Pichardo, se declaró extinguida la acción penal, haciendo las veces de una sentencia absolutoria y ejecutoriada; con lo anterior, se ordenó el cese de la medida cautelar de prisión preventiva y se ordenó su inmediata libertad. Asimismo, por oficio recibido el ocho de septiembre de dos mil veintiuno el Juez Oral Penal del Distrito Judicial Número Cuatro del Poder Judicial de Sonora, con sede en San Luis Rio Colorado, cumplió al requerimiento ordenado por este Juzgado en proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno remitiendo disco versátil digital que contiene el audio y video de la audiencia celebrada en fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se decretó el sobreseimiento parcial de la causa penal 148/2020, a favor de la quejosa. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Imposibilidad jurídica para dar cumplimiento. En virtud de lo anterior, se concluye que en el presente asunto existe una imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable dé cabal cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada por este Juzgado, al haber decretado el sobreseimiento en la causa penal de origen. Vista con la presente resolución. Por lo anterior, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga en relación a lo aquí determinado. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, podrán remitirse, en su caso, los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que dicho órgano colegiado examine la legalidad de la determinación y particularmente, si existe o no la citada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo; debiéndose fórmese cuaderno de antecedentes con la copia certificada de la ejecutoria pendiente de cumplir. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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