María Guadalupe Valtierra Rabadán

Expediente 429/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
429/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
14/06/2016

Partes del expediente

  • María Guadalupe Valtierra Rabadán

Actuaciones

  1. Principal

    CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de dos de junio de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución dictada el catorce de junio de la presente anualidad, que en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por ---, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo vigente; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías. Por otro lado, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger las documentales que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstas podrán ser destruidas junto con el expediente.

  2. Principal

    CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de dos de junio de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, la resolución dictada el dos de junio de la presente anualidad , que en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ---, contra actos del Visitador Auxiliar de la Región "B" de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar el expediente en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número 429/2016-IV. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. Ahora, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de garantías, que motiva su desechamiento de plano, en razón a que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley en cita. En efecto, de conformidad con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, se refiere a aquellos actos que realizados durante la secuela del juicio afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Carta Magna. En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas . Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, al analizar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en el auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, dictado dentro del procedimiento administrativo número 019/II/VG/2016, en el que la autoridad responsable regularizó dicho procedimiento hasta la vista dada en auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, para el efecto de corregir el número del expediente, proceder a su acumulación, y finalmente ordenó requerir a la aquí quejosa la devolución de las copias certificadas que le fueron entregadas al momento de la notificación del referido proveído de nueve de mayo de dos mil dieciséis. En consecuencia, como se adelantó, el referido acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación en contra de la quejosa, que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata. Se afirma lo anterior, dado que su única consecuencia es que se reponga el procedimiento 019/II/VG/2016, hasta la vista dada en auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, para el efecto de corregir el número del expediente, proceder a su acumulación y requerir a la aquí quejosa las copias certificadas que le fueron entregadas al momento de la notificación del referido proveído de nueve de mayo de dos mil dieciséis; posteriormente, continuar con el procedimiento natural, hasta el dictado de la resolución correspondiente, que de serle favorable, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto jamás hubiese existido. Por ello, el acto aquí reclamado puede no trascender a la esfera jurídica de la quejosa, ya que existe la posibilidad de que incluso el fallo le sea favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Máxime que, suponiendo sin conceder, si el sentido afectatorio del acto reclamado trascienda de tal forma a la resolución que se dicte en el procedimiento de origen y resulta contrario a los intereses de la peticionaria de tutela, ésta al ser parte en dicho procedimiento, tiene posibilidad de señalar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento, al momento de impugnarla mediante un recurso ordinario ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios. En suma, toda vez que el acto que por esta vía combate la quejosa, no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o intraprocesales, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación. Por otra parte, tomando en consideración que la promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisidiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Téngasele como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Alberto Méndez Sánchez, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Finalmente, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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