Maria Guadalupe Valderrama Ibañez
Expediente 1088/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Valderrama Ibañez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 11/OCT/2021, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, once de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable, en el sentido de haber dado cumplimiento al fallo protector; por lo que, el suscrito procede a acordar lo conducente, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). En primer término, cabe destacar que el amparo y la protección de la Justicia Federal se otorgó para los siguientes efectos: ". debe concederse la protección Constitucional solicitada para el efecto de que la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del término de tres días siguientes, contado a partir del día siguiente al que se notifique el auto en el que cause ejecutoria el presente fallo, dejen insubsistente el acuerdo veintinueve de septiembre de dos mil veinte, y se ordene dar vista a la quejosa por el termino de tres días, con los oficios de fecha veinticinco de febrero y tres de marzo, ambos de dos mil veinte, con sus respectivos anexos, a efecto de que se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su derecho convenga, y realizado lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción lo que proceda, dando contestación a los planteamientos que en su caso exponga el promovente y tomando en consideración que la restitución de los derechos de la quejosa, el cálculo del concepto de la prima de antigüedad, en su caso aperturar un incidente innominado para determinar la cantidad correcta; atendiendo a los lineamientos expuestos en la presente sentencia." De esta forma, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, las obligaciones de las autoridades responsables consisten en: ? Dejar insubsistente el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de nulidad 6695/16- 17-10-4, de su índice. ? Dar vista a la quejosa por el término de tres días, con los oficios de fecha veinticinco de febrero y tres de marzo, ambos de dos mil veinte, con sus respectivos anexos, a efecto de que se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su derecho convenga. ? Con libertad de jurisdicción deberá dar contestación a los planteamientos que en su caso exponga el promovente y tomando en consideración que la restitución de los derechos de la quejosa, el cálculo del concepto de la prima de antigüedad, en su caso aperturar un incidente innominado para determinar la cantidad correcta. Ahora bien, al estudiar las constancias aportadas por la responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la resolución de mérito y observar los efectos de la concesión del amparo; se advierte que la Magistrada Presidente de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante oficio recibido el once de agosto del año en curso, informó que dejaba sin efectos el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte; y mediante copia certificada de la resolución de trece de septiembre de dos mil veinte, dictada por la Magistrada titular de la Primera Ponencia de la referida Sala, informó que mediante escrito de treinta de agosto de dos mil veintiuno, la parte actora desahogó la vista concedida en relación con los oficios de veinticinco de febrero y dos de marzo de dos mil veinte; y al efecto ordenó la apertura del incidente innominado. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las cuales se dio vista a la quejosa en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, misma que desahogo a través del escrito de cuenta, en el sentido de que no se encuentra cumplida, toda vez que aduce, no se ha dado cumplimiento a la sentencia de nulidad, toda vez que aún no ha sido cuantificado el concepto denominado "prima de antigüedad". En este orden de ideas, este órgano judicial estima colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad responsable hayan incurrido en exceso o defecto, en razón de que acredito haber dejado sin efectos el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte y en su lugar hizo un nuevo en el que ordenó la apertura del incidente innominado, tal como se precisó en la sentencia de amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, en el sentido de que no se encuentra cumplida la sentencia, dígase que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes, toda vez que la cuantificación del concepto "prima de antigüedad", no es materia del cumplimiento en el presente asunto; lo anterior por que los efectos de la ejecutoria, únicamente se limitan al dictado de una nueva resolución en la que diera contestación a los planteamientos de la actora, aquí quejosa; y de ser necesario aperturará el incidente innominado, situación que ya aconteció. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese; y personalmente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por signado por la Magistrada Presidente de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por medio del cual remite copia certificada del auto de trece de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de nulidad 6695/16-17-10-4, con lo cual aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, con copia del oficio de cuenta y anexos, se da vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibidas que en caso de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, decretará cumplida la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese; y personalmente a María Guadalupe Valderrama Ibáñez, en el domicilio ubicado en calle Tlaltenco, número diez (10), colonia Santa Catarina, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos se advierte que la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ha sido omisa en dar cumplimiento al fallo protector, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional. En ese sentido, es necesario destacar que mediante sentencia de amparo de siete de julio de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado Federal, la cual causó ejecutoria en proveído de cuatro de agosto del año que transcurre, se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: " (.). , ante la omisión de la autoridad debe concederse la protección Constitucional solicitada para el efecto de que la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del término de tres días siguientes, contado a partir del día siguiente al que se notifique el auto en el que cause ejecutoria el presente fallo, dejen insubsistente el acuerdo veintinueve de septiembre de dos mil veinte, y se ordene dar vista a la quejosa por el termino de tres días, con los oficios de fecha veinticinco de febrero y tres de marzo, ambos de dos mil veinte, con sus respectivos anexos, a efecto de que se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su derecho convenga, y realizado lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción lo que proceda, dando contestación a los planteamientos que en su caso exponga el promovente y tomando en consideración que la restitución de los derechos de la quejosa, el cálculo del concepto de la prima de antigüedad, en su caso aperturar un incidente innominado para determinar la cantidad correcta; atendiendo a los lineamientos expuestos en la presente sentencia." En ese orden de ideas, y con el fin de agilizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE NUEVAMENTE a la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en el párrafo precedente. Apercibida la autoridad requerida, que en caso de no cumplir con lo anterior, se le impondrá, a cada una de las personas físicas que ostenten el cargo precisado, una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.
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