María Guadalupe Tuz Chi

Expediente 335/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 1 actuación registrada, la última del 11 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
335/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
11/07/2018

Partes del expediente

  • María Guadalupe Tuz Chi

Actuaciones

  1. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA EFECTUADO MEDIANTE CITATORIO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cancún, Quintana Roo, once de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de cuenta promovida por María Guadalupe Tuz Chi, contra actos del Titular de la Sexta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y otra; regístrese en el libro de gobierno con el número 335/2018-VII, y fórmese expediente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda que a ningún fin práctico conduciría, aun y cuando llegase a concederse la protección constitucional, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, de conformidad con el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, para una mejor precisión del acto reclamado se tiene que éste consiste en el siguiente: - La resolución de segunda instancia de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, emitida en el toca civil 129/2018, en la que el Magistrado responsable, por una parte, confirmó la admisión de dos pruebas documentales de su contraria y, por otra, consideró desechar dos pruebas confesionales que ofreció la quejosa. En ese tenor, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como ocurre en relación al acto precisado en el inciso que antecede, en el que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, en sentido contrario, de la propia legislación, que en lo que interesa, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Del último de los preceptos se obtiene que, dispone que para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento deben colmarse dos requisitos: el primero, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y el segundo, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Además, que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Por lo que debe tenerse en consideración, que dentro de las reglas fundamentales para la procedencia del juicio de amparo se encuentra que sean actos de imposible reparación, lo que no acontece en el presente asunto. En este sentido, la propia ley de la materia en la fracción V de su numeral 107, restringe la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio constitucional el carácter de una instancia extraordinaria; es decir, de un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales al que no se puede acudir si no afectan derechos de imposible reparación. De ahí la improcedencia alegada. Ahora, debe decirse que la parte quejosa reclama la resolución emitida en el toca civil 129/2018, de dieciocho de junio pasado, en la que por una parte, confirmó la determinación de primera instancia en la que el juez civil, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, admitió pruebas documentales a su contraria, dentro del juicio ordinario civil que promovió ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, con el número de expediente 293/2017 y, por otra, consideró desechar dos pruebas confesionales que ofreció (puesto que la determinación de primera instancia fue también apelada por su contraparte). Cabe señalar que en esencia, la pretensión de la quejosa, es la de combatir: i) la admisión de dos pruebas documentales de su contraria y, ii) el desechamiento de dos pruebas confesionales que ofertó la peticionaria. Sin embargo, con independencia de lo correcto o no de la actuación de la referida autoridad, el presente juicio de amparo es notoriamente improcedente, conforme a las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que la procedencia del amparo contra actos de imposible reparación, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esa forma, conforme a la ley de la materia, es posible advertir que los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos humanos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. De esta manera, tenemos que actos como: el arresto, el embargo, o la imposición de multas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitarían los derechos humanos de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, mismos cuyo goce tiene el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse, aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se privó al gobernado. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran vulnerados, la sentencia que en su caso se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de éstos, en caso contrario, si la sentencia fuera contra el afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado a la postre, podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. En ese tenor, si el acto reclamado en esta instancia constitucional por la parte disconforme, consistente en la resolución de segunda instancia de dieciocho de junio de dos mil dieciocho dictado por el Magistrado de la Sexta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad en el toca civil 129/2018 de su índice, en el cual confirmó la admisión de dos pruebas documentales de la parte contraria y por otra consideró desecharle dos pruebas confesionales que ofreció en juicio; por tanto, se evidencia que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, toda vez que dicha determinación no constituye un acto dentro del juicio de mérito cuyos efectos sean de imposible reparación. Se sostiene lo anterior, pues el juicio en el que incide tal determinación, se encuentra en trámite, esto es, no se ha dictado la sentencia correspondiente y ésta puede ser favorable a sus intereses y en caso de ser adversa, tiene expeditos sus derechos para impugnarla mediante el recurso de apelación y en su caso hacer valer el juicio de amparo directo correspondiente, en el cual podrá alegar en vía de conceptos de violación las anomalías que plantea a manera de violaciones procesales. Asimismo, en lo atinente al desechamiento de dos pruebas de confesión que ofreció, la ley de la materia prevé que tal circunstancia podrá ser reclamada como violación procesal en el amparo directo que en su caso se promueva, ello conforme a su artículo 173, fracción III, de ahí que en tal instancia podrá ser analizada la cuestión aquí alegada. No obsta a lo aquí determinado que la quejosa hubiese señalado como autoridad responsable al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, puesto que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que no le atribuye vicios propios en su actuar, si no en vía de consecuencia del acto reclamado al Magistrado responsable, de ahí que se proceda a desechar la presente demanda. Acorde a lo anteriormente vertido, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Tuz Chi, contra actos del Titular de la Sexta Sala Especializada en Civil y Mercantil, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de la adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta y por autorizados en términos del amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karem Chi Keb y Carlos Casas Serrano, ya que, se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito y Kenia Itzel Santos Chan, con las limitantes que prevé dicho numeral, hasta en tanto acredite estar registrada en tal sistema. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Asimismo, este juzgado autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para dicha práctica podrán intervenir únicamente los autorizados designados siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo sus más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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