María Guadalupe Trejo Hernández
Expediente 794/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María Guadalupe Trejo Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se negó la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, de esta ciudad, remitió copia certificada de los autos que integran el expediente 707-1/2019, relativo al juicio de guarda y custodia promovido por la parte quejosa, y dado que los mismos resultan innecesarios que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa la sentencia de treinta de octubre del año en curso, dictada por este Juzgado Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación por lista. Notifíquese.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 794/2019; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, remitido por razón de turno el mismo día a este Juzgado Octavo, María Guadalupe Trejo Hernández, por su propio derecho y en representación de los menores Sergio Arturo y Brisa Cristina de apellidos Jiménez Trejo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORA: Actuario Adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Ambos de esta ciudad. ACTO RECLAMADO: .Reclamo de la autoridad responsable Ordenadora, la infundada e improcedente orden emitida mediante auto de 14 de agosto del año 2019, en donde de manera sorpresiva emite auto de régimen de convivencia entre mis menores hijos SERGIO ARTURO y BRISA CRISTINA de apellidos JIMÉNEZ TREJO, con su progenitor el C. SERGIO ARTURO JIMÉNEZ PÉREZ, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con número de Expediente 707-1/2019, Juicio de Guarda y Custodia, promovido por la suscrita María Guadalupe Trejo Hernández, en contra del C. SERGIO ARTURO JIMÉNEZ PÉREZ, a quien en el presente juicio le reviste la figura de Tercero Interesado." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 794/2019; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó notificar de lo anterior al tercero interesado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse, se llevó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver los juicios de amparo acumulados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una resolución dictada dentro de juicio, que podría tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación, emitida por un juzgado de lo familiar con sede en el ámbito territorial en que este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente número 707/2019, relativo al juicio de guarda y custodia promovido por la quejosa, mediante el cual establece régimen de convivencia respecto de los menores identificados como S.A.J.R y B.C.J.T, con el demandado/tercero interesado Sergio Arturo Jiménez Pérez; y su cumplimiento. TERCERO. Certeza del acto Son ciertos los actos reclamados al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares y al Actuario de su adscripción; por así manifestarlo al rendir su informe justificado de manera conjunta y que se corrobora de las actuaciones que en copia certificada remitió el citado en primer término del juicio de guarda y custodia número 707/2019. Documentales que dada su naturaleza se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia Verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 64, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo [.] Lo anterior, porque de las constancias remitidas por el juez responsable como justificación a su informe, valoradas con antelación, con las que formó el tomo I de pruebas y aquéllas que con esta fecha se recibieron como complemento al mismo, derivadas del juicio de guarda y custodia 707/2019, estas últimas se valoran en los mismos términos, se advierte que: A. En escrito de veinte de mayo de dos mil diecinueve, la parte quejosa demandó de Sergio Arturo Jiménez Pérez la guarda y custodia de los menores Sergio Arturo y Brisa Cristina de apellidos Jiménez Trejo y como medida cautelar solicitó que aquélla se le otorgara de forma provisional. B. En acuerdo de treinta de mayo pasado, previo desahogo de la prevención formulada el veintisiete de ese mes, se admitió a trámite la demanda, se ordenó el emplazamiento a juicio del demandado, así como la práctica de un estudio sicológico a las partes en el cual se pueda observar la capacidad de los contendientes para llevar a cabo el cuidado y convivencia de los menores, para lo cual giró oficio a la Directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura, esto, a fin de contar con elementos de prueba que permitan resolver lo más favorable; y respecto la medida cautelar solicitada, resolvió "que ello se determinara una vez que se entable la Litis en este juicio y que este órgano judicial cuente con material probatorio basto y suficientes para determinar cuál de los dos padres tienen mayores habilidades parentales y de crianza, a fin de tomar la decisión que tenga mayor beneficio para los menores . C. En auto de dos de julio del año en curso, se tuvo al ahora tercero interesado por dando contestación a la demanda instaurada en su contra; y, en diverso de ocho de ese mes determinó la convivencia de los citados menores con dicha parte procesal respecto del periodo vacacional del once de julio al dos de agosto siguiente. D. En audiencia de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se abrió el juicio a prueba; y, catorce de ese mes, se dictó el auto reclamado, el cual es de contenido siguiente: .Agréguese a los autos para sus efectos los escritos de cuenta, atentos a su contenido y como ya se ha venido señalando, el derecho de convivencia y visitas en una institución fundamental el derecho familiar, cuyo objetivo es regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del infante, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido a éste, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo. Ahora bien, a la fecha no se ha logrado la convivencia entre el demandado y sus menores hijos identificados en este procedimiento como S.A.J.R y B.C.J.T., lo cual resulta contrario, no al interés del reo civil, sino al de los citados infantes, interés superior que se encuentra por encima del de los adultos, tal como fue señalado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, en la tesis de jurisprudencia con número de registro 162602 y 162561, de rubros DERECHOS PREFERENTES DEL MENOR E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU RELACIÓN CON LOS ADULTOS. Por lo anterior y tomando en cuenta además que no existe en autos constancia que genere presunción de que la convivencia entre el reo civil y sus menores hijos sea dañina para los infantes, pero sobre todo ponderando ese interés superior de la infancia y velando por el cumplimiento de lo establecido en el precepto 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se determina que los menores identificados en este procedimiento como S.A.J.R y B.C.J.T., convivan con su progenitor los días sábado y domingo, de las once horas del día sábado a las diecisiete horas del día domingo, para lo cual deberá constituirse el demandado en compañía del actuario de este órgano judicial en la primera convivencia, a fin de requerir a la actora la entrega de los infantes y ponerle en conocimiento el presente proveído, apercibiendo a ambas partes para que otorguen las facilidades necesarias para el cumplimiento de la convivencia decretada, ya que de no hacerlo se les impondrá una multa a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (vigente al momento de hacer efectiva la multa), misma que se encuentra prevista en el tercer transitorio de la Reforma del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en una armónica relación con lo que al efecto estable el artículo 144 fracción I del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero; con la taxativa de que el monto de la multa de determina considerando la naturaleza del derecho tutelado que se encuentra de por medio, esto es, la convivencia de los infantes. Por ello, con apoyo de los artículos 60 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 145 del Código adjetivo civil, túrnese el expediente al actuario de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la diligencia encomendada". E. En diligencia de diez de octubre actual, las partes en aquel juicio llegaron celebraron un convenio que garantizaba la guarda y custodia, así como la convivencia de los menores identificados como "S.A.J.T y B.C.J.T"; el cual se aprobó y se elevó a categoría de cosa juzgada, además se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Ahora, si bien el acto reclamado consiste en el auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de origen, en el que se estableció un régimen de convivencia entre los menores y el ahora tercero interesado; con posterioridad a la emisión de dicho acto, se celebró un convenio en el que se decidió la forma en la que se ejercerá la guarda y custodia de aquellos, así como la convivencia de los infantes con el ahora tercero interesado. Por tanto, aun subsistiendo la resolución combatida, en el caso aquélla que establece un régimen de convivencia; la misma dejó de surtir sus efectos legales y materiales, con motivo del convenio celebrado por las partes sobre el particular. Apoya lo anterior por identidad jurídica, la tesis número XCIX/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, tomo XXI, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por lo anterior, queda plenamente evidenciada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente, máxime que la redacción de la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo abrogada, se trasladó a la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 794/2019. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE....
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 794/2019; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, remitido por razón de turno el mismo día a este Juzgado Octavo, María Guadalupe Trejo Hernández, por su propio derecho y en representación de los menores Sergio Arturo y Brisa Cristina de apellidos Jiménez Trejo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORA: Actuario Adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Ambos de esta ciudad. ACTO RECLAMADO: .Reclamo de la autoridad responsable Ordenadora, la infundada e improcedente orden emitida mediante auto de 14 de agosto del año 2019, en donde de manera sorpresiva emite auto de régimen de convivencia entre mis menores hijos SERGIO ARTURO y BRISA CRISTINA de apellidos JIMÉNEZ TREJO, con su progenitor el C. SERGIO ARTURO JIMÉNEZ PÉREZ, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con número de Expediente 707-1/2019, Juicio de Guarda y Custodia, promovido por la suscrita María Guadalupe Trejo Hernández, en contra del C. SERGIO ARTURO JIMÉNEZ PÉREZ, a quien en el presente juicio le reviste la figura de Tercero Interesado." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 794/2019; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó notificar de lo anterior al tercero interesado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse, se llevó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver los juicios de amparo acumulados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una resolución dictada dentro de juicio, que podría tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación, emitida por un juzgado de lo familiar con sede en el ámbito territorial en que este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente número 707/2019, relativo al juicio de guarda y custodia promovido por la quejosa, mediante el cual establece régimen de convivencia respecto de los menores identificados como S.A.J.R y B.C.J.T, con el demandado/tercero interesado Sergio Arturo Jiménez Pérez; y su cumplimiento. TERCERO. Certeza del acto Son ciertos los actos reclamados al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares y al Actuario de su adscripción; por así manifestarlo al rendir su informe justificado de manera conjunta y que se corrobora de las actuaciones que en copia certificada remitió el citado en primer término del juicio de guarda y custodia número 707/2019. Documentales que dada su naturaleza se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia Verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 64, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo [.] Lo anterior, porque de las constancias remitidas por el juez responsable como justificación a su informe, valoradas con antelación, con las que formó el tomo I de pruebas y aquéllas que con esta fecha se recibieron como complemento al mismo, derivadas del juicio de guarda y custodia 707/2019, estas últimas se valoran en los mismos términos, se advierte que: A. En escrito de veinte de mayo de dos mil diecinueve, la parte quejosa demandó de Sergio Arturo Jiménez Pérez la guarda y custodia de los menores Sergio Arturo y Brisa Cristina de apellidos Jiménez Trejo y como medida cautelar solicitó que aquélla se le otorgara de forma provisional. B. En acuerdo de treinta de mayo pasado, previo desahogo de la prevención formulada el veintisiete de ese mes, se admitió a trámite la demanda, se ordenó el emplazamiento a juicio del demandado, así como la práctica de un estudio sicológico a las partes en el cual se pueda observar la capacidad de los contendientes para llevar a cabo el cuidado y convivencia de los menores, para lo cual giró oficio a la Directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura, esto, a fin de contar con elementos de prueba que permitan resolver lo más favorable; y respecto la medida cautelar solicitada, resolvió "que ello se determinara una vez que se entable la Litis en este juicio y que este órgano judicial cuente con material probatorio basto y suficientes para determinar cuál de los dos padres tienen mayores habilidades parentales y de crianza, a fin de tomar la decisión que tenga mayor beneficio para los menores . C. En auto de dos de julio del año en curso, se tuvo al ahora tercero interesado por dando contestación a la demanda instaurada en su contra; y, en diverso de ocho de ese mes determinó la convivencia de los citados menores con dicha parte procesal respecto del periodo vacacional del once de julio al dos de agosto siguiente. D. En audiencia de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se abrió el juicio a prueba; y, catorce de ese mes, se dictó el auto reclamado, el cual es de contenido siguiente: .Agréguese a los autos para sus efectos los escritos de cuenta, atentos a su contenido y como ya se ha venido señalando, el derecho de convivencia y visitas en una institución fundamental el derecho familiar, cuyo objetivo es regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del infante, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido a éste, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo. Ahora bien, a la fecha no se ha logrado la convivencia entre el demandado y sus menores hijos identificados en este procedimiento como S.A.J.R y B.C.J.T., lo cual resulta contrario, no al interés del reo civil, sino al de los citados infantes, interés superior que se encuentra por encima del de los adultos, tal como fue señalado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, en la tesis de jurisprudencia con número de registro 162602 y 162561, de rubros DERECHOS PREFERENTES DEL MENOR E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU RELACIÓN CON LOS ADULTOS. Por lo anterior y tomando en cuenta además que no existe en autos constancia que genere presunción de que la convivencia entre el reo civil y sus menores hijos sea dañina para los infantes, pero sobre todo ponderando ese interés superior de la infancia y velando por el cumplimiento de lo establecido en el precepto 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se determina que los menores identificados en este procedimiento como S.A.J.R y B.C.J.T., convivan con su progenitor los días sábado y domingo, de las once horas del día sábado a las diecisiete horas del día domingo, para lo cual deberá constituirse el demandado en compañía del actuario de este órgano judicial en la primera convivencia, a fin de requerir a la actora la entrega de los infantes y ponerle en conocimiento el presente proveído, apercibiendo a ambas partes para que otorguen las facilidades necesarias para el cumplimiento de la convivencia decretada, ya que de no hacerlo se les impondrá una multa a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (vigente al momento de hacer efectiva la multa), misma que se encuentra prevista en el tercer transitorio de la Reforma del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en una armónica relación con lo que al efecto estable el artículo 144 fracción I del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero; con la taxativa de que el monto de la multa de determina considerando la naturaleza del derecho tutelado que se encuentra de por medio, esto es, la convivencia de los infantes. Por ello, con apoyo de los artículos 60 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 145 del Código adjetivo civil, túrnese el expediente al actuario de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la diligencia encomendada". E. En diligencia de diez de octubre actual, las partes en aquel juicio llegaron celebraron un convenio que garantizaba la guarda y custodia, así como la convivencia de los menores identificados como "S.A.J.T y B.C.J.T"; el cual se aprobó y se elevó a categoría de cosa juzgada, además se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Ahora, si bien el acto reclamado consiste en el auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de origen, en el que se estableció un régimen de convivencia entre los menores y el ahora tercero interesado; con posterioridad a la emisión de dicho acto, se celebró un convenio en el que se decidió la forma en la que se ejercerá la guarda y custodia de aquellos, así como la convivencia de los infantes con el ahora tercero interesado. Por tanto, aun subsistiendo la resolución combatida, en el caso aquélla que establece un régimen de convivencia; la misma dejó de surtir sus efectos legales y materiales, con motivo del convenio celebrado por las partes sobre el particular. Apoya lo anterior por identidad jurídica, la tesis número XCIX/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, tomo XXI, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por lo anterior, queda plenamente evidenciada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente, máxime que la redacción de la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo abrogada, se trasladó a la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 794/2019. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES ....
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