María Guadalupe Toledo González

Expediente 422/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
422/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
10/07/2018

Partes del expediente

  • María Guadalupe Toledo González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por María Guadalupe Toledo González, por propio derecho y en cuanto representante legal de los menores de iniciales C. F. T. y J. I. F. T., sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá destruirse y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DESTRUIBLE dado que no se concedió la suspensión provisional ni definitiva solicitadas por la parte quejosa; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión respectivo. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 74 de la ley de amparo se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el Juicio de Amparo promovido por María Guadalupe Toledo González por sí y en representación de sus menores C.F.T y J.I.F.T. en contra de las omisiones que reclamó a la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.

  3. Principal

    Recepción de oficio de incompetencia. Por recibido el oficio 283/2018, del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el diverso de la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en esta Entidad Federativa, con domicilio en esta capital y un legajo de copias certificadas del juicio de amparo IV-268/2018, que se tramita en aquel Juzgado de Distrito, promovido por María Guadalupe Toledo González, por propio derecho y en cuanto representante legal de los menores de iniciales C. F. T. y J. I. F. T., así como copia certificada del incidente de suspensión, virtud a la separación de autos que se ordenó en dicho juicio respecto de los actos atribuidos a: AUTORIDAD RESPONSABLE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FISALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (VIRGINIA NOHEMI GARNICA CARAPIA). En la inteligencia de que el presente asunto se tramitará únicamente por lo que ve al acto reclamado consistente en la omisión de integrar y consignar ante el juez correspondiente la denuncia identificada con número 1003201705322, expediente 03924/UATP/MOR/2017. Conocimiento del asunto y registro del expediente. En ese sentido, se asume el conocimiento del asunto; fórmese expediente y regístrese con el número V-422/2018, tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y hágase del conocimiento de las partes la radicación del juicio en este órgano jurisdiccional. Admisión. Sin que haya lugar admitir nuevamente a trámite dicha demanda, ya que en proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se hizo. Tampoco solicitar informe a la autoridad responsable, toda vez que éste ya fueron rendido y se ordenó reservar su acuerdo hasta que se resolviera el incidente de separación de juicio, lo que ya aconteció; por tanto, con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Incidente de suspensión. En virtud de que de los cuadernos incidentales que se adjuntan, se desprende que el incidente de suspensión se encuentra resuelto, se ordena agregarles únicamente carátula para su identificación. Intervención al representante social. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le corresponde y notifíquesele el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista de acuerdos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 3o. J/2, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 673, tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PUBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. En los términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán al Ministerio Público por medio de lista que se fijará en lugar visible en el juzgado; por tanto, si de las constancias del juicio se observa que la notificación del auto admisorio se realizó por medio de lista al representante social, tal notificación debe considerarse ajustada a derecho. Consecuentemente, resulta infundada la argumentación que se hace consistir en que la referida notificación debió hacerse por oficio o en forma personal, dado que no hay ninguna disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca". Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Terceros interesados. Como en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a Fernando Fuentes Villagómez, carácter que se le reconoció en proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho y dado que no ha sido posible su llamamiento a juicio y toda vez que en auto de cuatro de los actuales, se reservó acordar el cuanto al fondo el escrito de la quejosa donde proporciona los domicilios donde puede ser emplazo a juicio los ubicados en calle Rubí que también se le conoce como Platino, lote 1, entre Bronce y Anhelo o calle Bronce número 112, ambos en el Fraccionamiento Los Ruiseñores en el Municipio de Tarímbaro, Michoacán. En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que lo emplace a juicio en los domicilios señalados, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y escritos aclaratorios, auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, así como del presente proveído; de igual formar, le haga saber la hora y fecha que se señalaron para que tenga verificativo la audiencia constitucional; asimismo, lo aperciba para que en el momento de la diligencia, o bien dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo se le harán por medio de lista, que se fije en los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la ley en la materia. Representante especial de los menores. Dado que la autoridad oficiante remitió las constancias de las que se obtiene que Olivia Benítez Reyes, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública, acepto el cargo de representante especial de los menores de edad de iniciales C. F. T. y J. I. F. T., por tanto, únicamente hágasele del conocimiento la radicación del juicio. Requerimiento de información sobre la actualización de causales de sobreseimiento. Con apoyo en lo establecido por los normativos 64 y 251 de la ley en aplicación, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento, lo manifiesten a esta autoridad, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado se impondrá multa al omiso por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Pruebas. En términos del ordinal 119 de la referida ley, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba las documentales que la parte quejosa adjuntó a la demanda, la cuales se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Señalamiento de domicilio, autorizados y uso de medios electrónicos. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tal efecto a las personas que indica, por así expresarlo la promovente. Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA AL TERCERO INTERESADO: FERNANDO FUENTES VILLAGÓMEZ. EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO. Recepción de oficio de incompetencia. Por recibido el oficio 283/2018, del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el diverso de la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en esta Entidad Federativa, con domicilio en esta capital y un legajo de copias certificadas del juicio de amparo IV-268/2018, que se tramita en aquel Juzgado de Distrito, promovido por María Guadalupe Toledo González, por propio derecho y en cuanto representante legal de los menores de iniciales C. F. T. y J. I. F. T., así como copia certificada del incidente de suspensión, virtud a la separación de autos que se ordenó en dicho juicio respecto de los actos atribuidos a: AUTORIDAD RESPONSABLE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FISALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (VIRGINIA NOHEMI GARNICA CARAPIA). En la inteligencia de que el presente asunto se tramitará únicamente por lo que ve al acto reclamado consistente en la omisión de integrar y consignar ante el juez correspondiente la denuncia identificada con número 1003201705322, expediente 03924/UATP/MOR/2017. Conocimiento del asunto y registro del expediente. En ese sentido, se asume el conocimiento del asunto; fórmese expediente y regístrese con el número V-422/2018, tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y hágase del conocimiento de las partes la radicación del juicio en este órgano jurisdiccional. Admisión. Sin que haya lugar admitir nuevamente a trámite dicha demanda, ya que en proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se hizo. Tampoco solicitar informe a la autoridad responsable, toda vez que éste ya fueron rendido y se ordenó reservar su acuerdo hasta que se resolviera el incidente de separación de juicio, lo que ya aconteció; por tanto, con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Incidente de suspensión. En virtud de que de los cuadernos incidentales que se adjuntan, se desprende que el incidente de suspensión se encuentra resuelto, se ordena agregarles únicamente carátula para su identificación. Intervención al representante social. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le corresponde y notifíquesele el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista de acuerdos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 3o. J/2, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 673, tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PUBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. En los términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán al Ministerio Público por medio de lista que se fijará en lugar visible en el juzgado; por tanto, si de las constancias del juicio se observa que la notificación del auto admisorio se realizó por medio de lista al representante social, tal notificación debe considerarse ajustada a derecho. Consecuentemente, resulta infundada la argumentación que se hace consistir en que la referida notificación debió hacerse por oficio o en forma personal, dado que no hay ninguna disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Terceros interesados. Como en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a Fernando Fuentes Villagómez, carácter que se le reconoció en proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho y dado que no ha sido posible su llamamiento a juicio y toda vez que en auto de cuatro de los actuales, se reservó acordar el cuanto al fondo el escrito de la quejosa donde proporciona los domicilios donde puede ser emplazo a juicio los ubicados en calle Rubí que también se le conoce como Platino, lote 1, entre Bronce y Anhelo o calle Bronce número 112, ambos en el Fraccionamiento Los Ruiseñores en el Municipio de Tarímbaro, Michoacán. En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que lo emplace a juicio en los domicilios señalados, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y escritos aclaratorios, auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, así como del presente proveído; de igual formar, le haga saber la hora y fecha que se señalaron para que tenga verificativo la audiencia constitucional; asimismo, lo aperciba para que en el momento de la diligencia, o bien dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo se le harán por medio de lista, que se fije en los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la ley en la materia. Representante especial de los menores. Dado que la autoridad oficiante remitió las constancias de las que se obtiene que Olivia Benítez Reyes, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública, acepto el cargo de representante especial de los menores de edad de iniciales C. F. T. y J. I. F. T., por tanto, únicamente hágasele del conocimiento la radicación del juicio. Requerimiento de información sobre la actualización de causales de sobreseimiento. Con apoyo en lo establecido por los normativos 64 y 251 de la ley en aplicación, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento, lo manifiesten a esta autoridad, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado se impondrá multa al omiso por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Pruebas. En términos del ordinal 119 de la referida ley, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba las documentales que la parte quejosa adjuntó a la demanda, la cuales se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Señalamiento de domicilio, autorizados y uso de medios electrónicos. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tal efecto a las personas que indica, por así expresarlo la promovente. Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico. ASÍ COMO EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO. POR CUMPLIDA LA PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta y atento a su contenido, se tiene a la quejosa cumpliendo con lo requerido en proveído de veintiséis de marzo pasado, al haber atendido los puntos de prevención contenidos en el referido acuerdo y, por exhibir copias suficientes de su ocurso aclaratorio para correr traslado a las partes; por ende, se provee lo siguiente. SE RECONOCE CARÁCTER. Con apoyo en los artículos 6 y 10 de la ley de la materia y en términos de las partidas de nacimiento que se exhiben con el escrito de cuenta, se reconoce a María Guadalupe Toledo González el carácter de representante legal de los menores de iniciales C.F.T. y J.I.F.T., con el que también promueve demanda de amparo. ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA DE DEMANDA. Establecido lo anterior, se procede al análisis de la demanda generadora del expediente en que se actúa. Los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, 62, 113, de la ley de Amparo, establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previsto. Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Las porciones normativas transcritas permiten conocer la temporaridad para promover el juicio de amparo en cada supuesto; asimismo, que la no observancia de esos plazos trae como consecuencia la improcedencia, esto es, que la demanda se deseche, la cual es de análisis oficioso para un órgano jurisdiccional. Ahora, la demanda de amparo que promueve María Guadalupe Toledo González por propio derecho y en cuanto representante legal de los menores de iniciales C.F.T. y J.I.F.T., contra el acto del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, consistente en el auto de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario oral familiar 673/2017, mediante el cual, entre otras cuestiones, el juzgador de origen determinó la convivencia familiar de los menores con su progenitor en el Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En relación a ese acto, en su escrito aclaratorio la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, entre otras cuestiones, que tuvo conocimiento el diez de enero del año en curso. Luego, a dichas manifestaciones vertidas por la parte amparista en el escrito de demanda y aclaratorio de cuenta, se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al caso concreto se cita la jurisprudencia con el contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 186676 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 50/2002 Página: 64 AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad. Contradicción de tesis 4/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Tesis de jurisprudencia 50/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de junio de dos mil dos. De igual forma se invoca en lo conducente, la jurisprudencia del texto literal y datos siguientes: Época: Octava Época Registro: 214035 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 857 DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 132/93. Anselmo José Zanella García. 4 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: María del Rocío F. Ortega Gómez. Entonces, si la promovente de amparo manifestó que fue el "10 de enero del año 2018", cuando tuvo conocimiento del acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se le impuso como obligación presentar a los menores al referido centro de convivencia familiar, decretada en el juicio ordinario oral familiar 673/2017; ello denota que, fue a partir de esa fecha cuando se encontraba en posibilidad de combatir ese acto a través del juicio de amparo; por ende, se hace patente que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la ley de Amparo. Es así, porque de conformidad con el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es de quince días, el cual, en términos del precepto 18 de dicha ley, debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: 1) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. 2) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, 3) Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En esa tesitura, si la peticionaria del amparo, tuvo conocimiento de los actos reclamados el diez de enero de dos mil dieciocho, fecha en la que refiere se realizó la diligencia de separación de personas y se le impuso la obligación de presentar a los menores amparistas en el aludido centro de convivencia familiar y que constituye el acto de reclamo analizado en este momento; el cómputo de los quince días para la presentación de la demanda de amparo le transcurrió del doce de enero al uno de febrero de dos mil dieciocho; descontándose los inhábiles correspondientes. Consecuentemente, si la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintitrés de marzo del año en curso, es incuestionable su extemporaneidad, actualizándose la causa de improcedencia del juicio de garantías que prevé la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que conduce a desecharla. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Toledo González por propio derecho y en cuanto representante legal de los menores de iniciales C.F.T. y J.I.F.T., contra el acto del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, consistente en el auto de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario oral familiar 673/2017. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Admítase la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Toledo González por propio derecho y en cuanto representante legal de los menores de iniciales C.F.T. y J.I.F.T., contra el acto del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial y otras autoridades, respecto del resto de los actos reclamados en la demanda, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, con apoyo en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicite, asimismo deberán acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. Se autoriza el envío del informe solicitado vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Requiérase a las autoridades responsables para que informen si la parte quejosa, ha tramitado diverso juicio de amparo contra el acto reclamado dentro del expediente de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso b, y 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial correspondiente, para que se constituya debidamente en el domicilio que la parte quejosa proporciona en su libelo y proceda a emplazar a juicio al tercero interesado Fernando Fuentes Villagómez, por sí o por conducto de quien acredite ser su representante, debiendo comprobar esa circunstancia con documento idóneo; diligencia en la que se le deberá correr traslado con copia de la demanda, a fin de que si lo estima conveniente, comparezca a deducir los derechos que estime convenientes y además, requerirle para que en el acto de la misma, o bien, dentro del término de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le realice o en el primer escrito que presente, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Morelia, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado conforme al artículo 27, fracción III, inciso b, de la citada Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Fórmese incidente de suspensión, por duplicado y cuerda separada. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119, de la ley de la materia, se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las documentales que la parte quejosa exhibió con su demanda y escritos aclaratorios, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Ahora, de oficio y en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 75, de la ley de Amparo, se acuerda que, previo cotejo y certificación que se haga de los documentos certificados que se aluden en el párrafo anterior, con las fotocopias relativas, las cuales deberán agréguense a los cuadernos incidentales, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, de conformidad a la jurisprudencia número 71/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que en su rubro dice: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). REPRESENTACIÓN ESPECIAL A MENOR. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto forma parte de los peticionarios del amparo dos menores de edad y que se reclaman actos derivados de un procedimiento sobre divorcio por lo que ante la posibilidad de llegar a afectar alguno de sus derechos, que prevalece por encima del resto de las partes; el suscrito juzgador estima necesario nombrarles un representante especial con carácter de asesor jurídico, ajeno a la controversia de origen, a fin de garantizar el interés superior de los menores quejosos, traducidos como su derecho a ser oídos -de manera autónoma y personal- en todo procedimiento judicial que les afecte; prerrogativa que reconoce en su favor el artículo 1 y 4, párrafo octavo de la Constitución Federal, en relación con el diverso 12, puntos 1 y 2, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional en el que nuestro país es parte. En tal virtud, con apoyo en el artículo 8° y 10 de la Ley de Amparo, gírese oficio al Delegado Regional de la Defensoría Pública Federal, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación del presente proveído, se sirva comisionar a quien corresponda para que funja como representante especial de los referidos menores en el presente asunto. Se cita en apoyo la anterior determinación, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, contenido en la tesis IV.2o.C 55, Tomo XXV, Marzo de 2007, página 1723, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, del rubro: MENOR DE EDAD. SI SE IMPUGNA EN EL AMPARO LA DETERMINACIÓN QUE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE CONVIVENCIA CON UNO DE SUS PROGENITORES Y ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE LLEGUE A AFECTAR EL DERECHO DE AQUÉL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLE UN REPRESENTANTE ESPECIAL AJENO A LA CONTROVERSIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. SE INICIA INCIDENTE DE SEPARACIÓN DE JUICIOS En otro orden de ideas, como la parte quejosa reclama del Juez Primero de Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de esta ciudad, la omisión de hacer efectivas las medidas de seguridad decretadas en proveído de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictadas en el juicio ordinario oral familiar 673/2017; del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana Penal de los Delitos de Violencia Familiar y de Género licenciado Javier García Castro, la omisión de integrar y consignar ante el juez correspondiente, la denuncia de hechos 1003201631000 y expediente 07897/UATP/MOR/2016; en tanto que, del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género licenciada Virginia Nohemí Garnica Carapia, la omisión de integrar y consignar ante el juez correspondiente, las denuncias identificadas con número 1003201705322, expediente 03924/UATP/MOR/2017 y número 1003201738956, expediente MOR/053/19124/2017. Entonces, si las omisiones que reclama derivan de diferentes autoridades y distintos procedimientos, es incuestionable que se trata de actos desvinculados entre sí, consecuentemente, al advertir este órgano jurisdiccional, una cuestión que amerita un especial pronunciamiento, con apoyo en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo y criterios jurisprudenciales números 75/1997, 76/1997, 77/1997 y 78/1997, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 18, 117 y 118, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, derivados de la contradicción de tesis número 6/96, bajo los rubros: ACTOS RECLAMADOS EN UN SOLO AMPARO DERIVADOS DE JUICIOS DIVERSOS, DESVINCULADOS ENTRE SI, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTIAS; "SEPARACION DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA; SEPARACION DE JUICIOS, REGLAS PARA SU TRAMITACION EN EL JUICIO DE GARANTIAS y "SEPARACION DE JUICIOS, EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERA TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA; procede a iniciar de oficio la separación de juicios correspondiente, a fin de que se tramite un juicio de garantías por los actos reclamados que derivan de cada uno de los expedientes antes precisados. FECHA DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE SEPARACIÓN DE JUICIOS. Para tal fin, con fundamento en el artículo 67, de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia de separación de juicios, en la que las partes podrán alegar lo que a su derecho convenga y ahí mismo díctese la resolución correspondiente. Consecuentemente, se suspende el procedimiento en el presente juicio de amparo y una vez que se continúe con el mismo, se fijará fecha para la correspondiente audiencia constitucional.

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