María Guadalupe Tepepa Sánchez

Expediente 26/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
26/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2021

Partes del expediente

  • María Guadalupe Tepepa Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, consecuentemente, se declara que dicho auto que tuvo por desechada la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción. Por otra parte, de autos se advierte que no obran documentos originales; sin embargo, requiérase a la parte quejosa para que en un plazo de noventa días comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que ofreció en el presente asunto, en el entendido que de hacer caso omiso, dichos documentos serán destruidos. Ahora bien, el artículo 6o. del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 el artículo 6o. del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, establece que al citar a una persona al desahogo de una diligencia el órgano jurisdiccional deberá generarle un Código QR para su ingreso a las instalaciones; asimismo, del diverso arábigo 25 se advierte que las partes pueden intervenir en el juicio o comparecer a través de videoconferencias a distancia. En esa tesitura, la parte quejosa se encuentra en aptitud de generar su cita a través del Código QR, con la finalidad de recoger los documentos que adjuntó al presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del ISSSTE, delegación Tlaxcala. Subdelegado de Prestaciones del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del ISSSTE, delegación Tlaxcala. Actos reclamados: La suspensión de pensión por concubinato ***, otorgada a favor de la quejosa, por el trabajador ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 26/2021-B. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos del numeral 62 de la ley en cita. En efecto, la fracción XX, del citado precepto legal, regula el principio de definitividad, que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos en la fracción IV del artículo 107 constitucional, en tanto que prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando el agravio que causen no sea reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, o bien, cuando no sea necesario agotarlos porque la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de garantías requiera como condición para decretar esa medida cautelar, así como en el caso de que el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando se aleguen violaciones a la garantía de audiencia, lo cual es una excepción para agotar el principio de definitividad. El principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos fundamentales de los gobernados, por lo que antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. El reconocimiento constitucional de este principio responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Apoya a lo anterior, la tesis asilada 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 191539 y rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En el caso, la parte quejosa reclama: - La suspensión de la pensión por concubinato número 1416159, otorgada a su favor. Sin embargo, dicho acto debió ser cuestionado previamente a la promoción del juicio de amparo, a través del juicio de contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al numeral 3, fracción VII de su Ley Orgánica, que establece: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)" El artículo transcrito contempla la existencia del medio ordinario de defensa con que cuentan los gobernados afectados por actos de una autoridad administrativa que pongan fin a un procedimiento o resuelvan un expediente; el cual, constituye propiamente un juicio de nulidad, ya que permite plantear dicha pretensión ante una autoridad judicial, otorgando garantía de audiencia a las partes. Cabe destacar que el aludido medio ordinario de defensa, contempla en los artículos 24 y 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, la suspensión de los actos impugnados, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. De los anteriores artículos se advierte que en contra del acto aquí reclamado procede el juicio contencioso administrativo; en virtud de que dicho medio de impugnación tiene el mismo alcance que los previstos por la Ley de Amparo, debido a que su finalidad es declarar la nulidad del acto aquí reclamado. Luego, en el caso, no se actualiza ninguna hipótesis de excepción al principio de definitividad como se demostrará. En principio, cabe señalar que en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, esto según se advierte del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que a la letra dispone: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Ahora bien, de una comparación realizada entre la Ley de Amparo y el Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; se concluye que en ambas legislaciones la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado; además, la suspensión surtirá sus efectos previa garantía; asimismo, ambas establecen que la garantía podrá ofrecerse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; en el caso del juicio contencioso, inclusive puede reducirse el monto de la garantía, cuando el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. Luego, tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concede si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. De esa manera, es inconcuso que, en esencia, la Ley de Amparo y el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen los mismos requisitos y plazos para solicitar y obtener la medida cautelar, a los que prevé el artículo 107, fracción X, constitucional y a los preceptos 128, 135, 136 y 138 de la Ley de Amparo. Tal y como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2013, en sesión de quince de mayo de dos mil trece, que dio como resultado la tesis de jurisprudencia con registro 2004553, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia VI.1o.A. J/8, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con número de registro 2005567 y de rubro siguiente: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL AMPARO, DADO QUE CUMPLE A CABALIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, EN VIGOR DESDE EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, POR CUANTO HACE AL PLAZO PREVISTO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." No obsta, que los criterios transcritos con anterioridad, refieran a la Ley de Amparo abrogada, ya que los mismos resultan aplicables de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por tratarse de jurisprudencias integradas conforme a la abrogada Ley de Amparo, pero que no se opone a la nueva Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, el plazo para el otorgamiento de la suspensión establecido en el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es el mismo que el previsto por la Ley de Amparo, pues la primera establece que el Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, lo mismo que prevé el arábigo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 138 del ordenamiento legal citado en segundo lugar. Lo anterior, en virtud de que la única modificación realizada a la figura de suspensión del acto reclamado, debido a la nueva Ley de Amparo, consiste en el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al impetrante y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesiona el interés social. Sin embargo, ello no se contrapone a la tesis de jurisprudencia que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación al resolver la contradicción de tesis 164/2013 y a la jurisprudencia VI.1o.A. J/8, pues el análisis de ponderación de la apariencia del buen derecho y del interés social para otorgar la suspensión del acto reclamado, no puede homologarse a los requisitos de procedencia de la suspensión del acto reclamado del juicio constitucional que prevé la Ley de Amparo. Ello en virtud de que la ponderación constituye un test de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado por el quejoso a fin de estudiar la concesión o no de la medida cautelar; empero, ello no significa que constituya una regla normativa de procedencia, máxime que no es una pauta que ineludiblemente se aplique cuando se solicite la suspensión del acto reclamado, sino que dicho juicio ponderativo se realizara al momento de resolver lo relativo a la concesión de ésta. Además, dicha ponderación no constituye un elemento sine qua non para resolver sobre la suspensión, lo cual, a diferencia de las disposiciones legales que se establecen en el 107, fracción X, constitucional y los preceptos 128, 135, 136 y 138 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis III.2o.A.56 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con número de registro 2007318, de rubro siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL AMPARO, AL NO EXIGIR LA LEY QUE LO RIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA DE ESTA ÚLTIMA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO." Por tanto, como se adelantó, antes de acudir a la vía constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa descrito en líneas anteriores. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación el hecho de que la promovente adujera en su demanda que fueron violados los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su perjuicio, toda vez que de la lectura de la misma, se desprende que reclama cuestiones de legalidad, por lo que no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción para hacer procedente el juicio constitucional, pues son aspectos que se pudieron formular ante Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Apoya a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia IX.1o. J/9, emitida por el Primer Tribunal Colegiado Del Noveno Circuito, con número de registro 189268, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL." En tales condiciones, resulta evidente que en relación con el acto reclamado por la parte quejosa en este asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por tanto SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo; lo anterior, en virtud de que no existe duda para formarse un criterio distinto, ya que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el libelo de cuenta y como autorizado para tales efecto a la persona que refiere, por así solicitarlo expresamente. De igual forma, en términos del artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado el correo electrónico *** y número de teléfono ***, a efecto de que por esos medios, este juzgado establezca comunicación no procesal, sin que ello implique que dicho contacto a través de medios electrónicos sustituya las notificaciones. Por otra parte, con relación a su petición consistente en darle acceso al expediente electrónico, dígase al ocursante que a fin de que el Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realícese la autorización correspondiente, es necesario que precise si solicita únicamente la consulta del expediente electrónico, o bien, si es su deseo que también se le realice la notificación por esa vía. En tal virtud, requiérase a la quejosa ***, para que dentro del término de tres días precise lo antes referido; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, se tendrá por no presentada dicha petición. Se autoriza a cualquier actuario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio, dada la urgencia del caso debido a la naturaleza de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del expediente de amparo *** del índice de este órgano jurisdiccional en dos tomos y testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el diez de diciembre de dos mil veinte, por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el recurso de inconformidad *** de su índice; en dicha resolución se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de inconformidad interpuesto por ***, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión a bienes del extinto quejoso ***, contra la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro de la denuncia de repetición del acto reclamado, derivada del juicio de amparo indirecto ***.". Acúsese recibo al Tribunal en cita, comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese al expediente principal devuelto, únicamente las constancias originales que obran en autos del cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél al Tribunal en cita, destruyéndose el resto. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se deja sin efectos la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, por el que se declara infundado el incidente de repetición del acto reclamado; y, se ordena reponer el procedimiento a fin de que se recaben las constancias a que hizo referencia el Tribunal oficiante. En consecuencia, requiérase al Presidente Municipal, Síndico y Secretario, todos del Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente de su notificación, remitan copia certificada de la sesión extraordinaria de cabildo de doce de marzo de dos mil veinte, además de los actos documentados previos y posteriores relacionados con dicha sesión. Asimismo, se requiere al Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, para que en el mismo plazo, remita las constancias relacionadas con la custodia del inmueble "**" o "***". Además, se requiere al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, que en el plazo referido de tres días, contados a partir de su notificación, remita copias certificadas del expediente ***. Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa. En la inteligencia de que una vez que se cuenten con tales datos de pruebas se señalará fecha para la audiencia de ley.

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