María Guadalupe Tejeda López
Expediente 847/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María Guadalupe Tejeda López
Actuaciones
- Principal
En Culiacán, Sinaloa, a trece de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la comunicación del Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, mediante el cual informa que acepta la competencia planteada por este juzgado y se avoca al conocimiento del juicio de amparo 847/2022 promovido por María Guadalupe Tejeda López. Así, al no existir actuación alguna pendiente de realizar; en consecuencia, se ordena el archivo del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que da fe.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. María Guadalupe Tejeda López. II. Formación del expediente. Recibida la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Tejeda López, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 847/2022; asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Acto reclamado. El acuerdo de veinte de junio del año en curso, dictado por la Primera Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de esta ciudad, dentro del expediente 2397/22-03-01-8, mediante el cual desecha la demanda por improcedente. IV. Incompetencia. Este Juzgado carece de competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las siguientes razones. En el caso que nos ocupa, de la lectura integral de la demanda y amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El acuerdo de veinte de junio del año en curso, dictado por la Primera Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de esta ciudad, dentro del expediente 2397/22-03-01-8, mediante el cual desecha la demanda por improcedente. Determinación que constituye resolución definitiva que dio por concluido el juicio de origen; por tanto, se ubica dentro de los supuestos contemplados en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, es que este Juzgado advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, como se verá a continuación: El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. [.] Precepto del que se obtiene que el juicio de amparo en la vía directa procede contra las resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. En el caso en estudio, como previamente se indicó, la parte quejosa reclama el auto de veinte de junio del año en curso, dictado por la Primera Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de esta ciudad, dentro del expediente 2397/22-03-01-8, mediante el cual desecha la demanda por improcedente, promovida por la parte quejosa; la cual se encuentra contemplada en los supuestos a que se refiere el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de una resolución que pone fin al juicio. Así, con fundamento en el numeral 47 de la ley de la materia, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado carece de competencia legal por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo y declina a favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Décimo Segundo Circuito. Por analogía es aplicables la jurisprudencia P./J.6/2015 (10.a) emitida por el Pleno del Alto Tribunal publicada en la página 95, Libro 17, Tomo I, en abril de dos mil quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Se ordena remitir los autos originales del presente juicio y anexos que acompañan al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en la materia y circuito inmediatamente citados, con el objeto de comunicarle la presente resolución. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas y de manera comedida se solicita al órgano colegiado que corresponda, remita el acuse de recibo correspondiente Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. María Guadalupe Tejeda López. II. Formación del expediente. Recibida la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Tejeda López, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 847/2022; asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Acto reclamado. El acuerdo de veinte de junio del año en curso, dictado por la Primera Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de esta ciudad, dentro del expediente 2397/22-03-01-8, mediante el cual desecha la demanda por improcedente. IV. Incompetencia. Este Juzgado carece de competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las siguientes razones. En el caso que nos ocupa, de la lectura integral de la demanda y amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El acuerdo de veinte de junio del año en curso, dictado por la Primera Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de esta ciudad, dentro del expediente 2397/22-03-01-8, mediante el cual desecha la demanda por improcedente. Determinación que constituye resolución definitiva que dio por concluido el juicio de origen; por tanto, se ubica dentro de los supuestos contemplados en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, es que este Juzgado advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, como se verá a continuación: El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. [.] Precepto del que se obtiene que el juicio de amparo en la vía directa procede contra las resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. En el caso en estudio, como previamente se indicó, la parte quejosa reclama el auto de veinte de junio del año en curso, dictado por la Primera Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de esta ciudad, dentro del expediente 2397/22-03-01-8, mediante el cual desecha la demanda por improcedente, promovida por la parte quejosa; la cual se encuentra contemplada en los supuestos a que se refiere el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de una resolución que pone fin al juicio. Así, con fundamento en el numeral 47 de la ley de la materia, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado carece de competencia legal por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo y declina a favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Décimo Segundo Circuito. Por analogía es aplicables la jurisprudencia P./J.6/2015 (10.a) emitida por el Pleno del Alto Tribunal publicada en la página 95, Libro 17, Tomo I, en abril de dos mil quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Se ordena remitir los autos originales del presente juicio y anexos que acompañan al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en la materia y circuito inmediatamente citados, con el objeto de comunicarle la presente resolución. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas y de manera comedida se solicita al órgano colegiado que corresponda, remita el acuse de recibo correspondiente Notifíquese personalmente a la parte quejosa
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