María Guadalupe Soto

Expediente 1173/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1173/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Soto
  • Juez Primero de lo Mercantil de Durango

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Victoria de Durango, Durango, a las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio 1173/2023, en audiencia pública, la licenciada Alma Adriana Villanueva Madrid, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, quien actúa con la licenciada Adriana del Carmen Lozano Vázquez, Secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia. La Secretaria da lectura a la demanda de amparo, a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. A lo que la Jueza acuerda. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En el periodo de pruebas. La Secretaria da cuenta con las documentales que en copia certificada allegaron las autoridades responsables; sin que el resto de las partes las hubieran ofrecido. A lo anterior la Titular acuerda. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de cuenta, mismas que serán valoradas al momento de resolver el presente juicio. En el periodo de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que la Jueza acuerda. Se tiene por perdida la prerrogativa de las partes, al no haberlos esgrimido, con lo cual se da por concluida la presente etapa. Al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, con apoyo en el artículo 124 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho. V I S T O, para dictar sentencia en el juicio de amparo 1173/2023, promovido por ******************** contra actos del Juez Primero de lo Mercantil de esta capital de Durango y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos consistentes en el embargo efectuado en el expediente ********************y como consecuencia de tal acto, la orden de secuestro de bienes y el posible trance y remate de los mismos, los cuales indica son de su patrimonio. Segundo. Trámite de la demanda Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, que previo cumplimiento a la prevención la admitió en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés bajo el número 1173/2023, en el que se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; se reservó emplazar al tercero interesado -emplazado con posterioridad-; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; se previno a las partes en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional diferida en una ocasión e iniciada en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que las autoridades a las que se atribuyen los actos reclamados tienen su residencia dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuarto, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, reformado por su similar 35/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", se analiza de manera integral la demanda de derechos fundamentales, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y sus anexos, lo que permite advertir que la quejosa ******************** es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice administrativo del Juzgado Primero de lo Mercantil de esta capital de Durango, y reclama: 1) Del Juez Primero de lo Mercantil de esta capital de Durango: a) La orden de embargo para que se practique en su domicilio con auxilio de la fuerza pública. b) El posible remate y adjudicación de los bienes embargados. 2. Del Actuario Ejecutor adscrito al Departamento de Actuaría de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango (licenciado ********************): a) La diligencia realizada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, mediante la cual se señalaron bienes muebles de su propiedad para embargo. 3. Del Director de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad de Durango: a) El auxilio de la fuerza pública que prestó en la diligencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Tercero. Certeza de los actos reclamados Son ciertos los actos que la quejosa ******************** reclama del Juez Primero de lo Mercantil de esta capital de Durango y del Actuario Ejecutor adscrito al Departamento de Actuaría de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, pues así lo reconocieron en sus oficios informativos, lo que se corrobora con las constancias certificadas que allegaron como complemento relativas al juicio ejecutivo mercantil ********************, a las que se concede valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley que rige al juicio de ampaaro, lo que basta para demostrar con plenitud su existencia. Cimienta sobre el particular la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, el Director de Seguridad Pública del Municipio de Durango negó los actos de ejecución que se le reprochan, sin embargo, también manifestó que ".el juzgado Primero de lo Mercantil nos giró un oficio con número 1404 para que la Dirección prestara elementos para salvaguardar el orden en una diligencia, dentro del expediente ********************, donde la quejosa ******************** es demandada." De manera que ante tal manifestación deban tenerse por ciertos los actos de ejecución que se le reprochan. Ilustra lo anterior por las razones que la animan la tesis consultable en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Cuarto. Análisis de la procedencia Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, debe analizarse de manera preferente la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia 84, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El arábigo 61, fracción XVIII, de la propia Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". Esta causal de improcedencia estriba en que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación, con independencia de que quien ejerce la acción constitucional no lo hubiere hecho valer con la debida oportunidad, salvo que se trate de las excepciones previstas en los incisos a), b) y c) del citado dispositivo legal, aunque la última parte del inciso b) exceptúa las sentencias definitivas en el proceso penal. En interpretación de un numeral y fracción de similar redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo existe la jurisprudencia I.6º.C. J/37, consultable bajo el registro IUS 187016, o bien en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Los artículos 1334, 1336 y 1339 del Código de Comercio, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". "ARTÍCULO 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes". "ARTÍCULO 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $ $816,439.97 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código" Conforme a este marco jurídico sólo son impugnables a través de la apelación las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda los $816,439.97 (ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 M.N.), sin tomarse en cuenta los intereses moratorios y demás accesorios reclamados. Empero esa limitante no implica que los autos y resoluciones que se dicten en negocios de un monto menor sean irrecurribles, pues en su contra procede el recurso de revocación conforme a lo previsto en el numeral 1334 citado. Cimienta al particular la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, visible en la página 157, del Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Pues bien, la hoy quejosa ******************** es la parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ********************cuya cuantía es de $75, 087.00 (setenta y cinco mil ochenta y siete pesos 00/100), esto es, no excede del monto previsto en el artículo 1339 del Código de Comercio. Aduce que no ha sido oída y vencida en dicho controvertido y con ese carácter reclama el auto dictado el once de julio de dos mil veintitrés por el Juez Primero de lo Mercantil de esta capital de Durango, en el que ordenó al Actuario Ejecutor para que se constituyera en calle ********************, número ciento veintiuno de la colonia ******************** de esta ciudad de Durango, y señalara bienes de su propiedad para embargo. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio natural se advierte que se le emplazó personalmente en su domicilio mediante diligencia de cuatro de mayo de dos mil veintitrés y compareció a dicho controvertido a contestar la demanda instaurada en su contra mediante escrito presentado el diecinueve de mayo siguiente. De ahí que no puede considerarse a la peticionaria de amparo como tercera extraña a juicio, dado que no se ubica en el supuesto de que tenga desconocimiento del juicio de origen. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, el proveído dictado auto de once de julio de dos mil veintitrés por el Juez Primero de lo Mercantil de esta capital de Durango, es atacable mediante el recurso de revocación, a través del cual se puede lograr la modificación o revocación de esa determinación judicial, por lo que si la amparista no agotó tal recurso previo al ejercicio de la vía de amparo, indudablemente que inobservó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, lo que hace patente y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el invocado numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Cimienta al particular la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) consultable en la página 401, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Por otro lado los artículos 1349, 1350, 1351, 1353 y 1414 todos del Código de Comercio, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano" "ARTÍCULO 1350. Los incidentes se substanciarán por cuerda separada, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal" "ARTÍCULO 1351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos" "ARTÍCULO 1352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional" "ARTÍCULO 1353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten" "ARTÍCULO 1414. Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas." Por su parte, los preceptos legales 74 y 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango, de aplicación supletoria del Código de Comercio, señalan lo siguiente: "ARTICULO 74. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella" "ARTICULO 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del Título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio, sabedora a la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legítimamente hecha." De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales del procedimiento y la manera en que se deberá de combatir dichas actuaciones es a través del incidente de nulidad, que puede traer como consecuencia declarar precisamente la nulidad de la actuación o notificación que se controvierte. Pues bien, la peticionaria del amparo ******************** reclama del Actuario Ejecutor adscrito al Departamento de Actuaria de Ejecución (licenciado ********************) la diligencia que realizó el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés en el juicio ejecutivo mercantil ********************, en la que trabó embargo sobre bienes muebles que la quejosa aducen son de su propiedad. Sin embargo, contra esa diligencia de embargo procede el incidente de nulidad que prevé el invocado dispositivo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en tanto que la inconforme es demandada dentro del enjuiciamiento mercantil ********************. De manera que si la amparista está integrada al procedimiento mercantil de origen debió agotar esa incidencia previo al ejercicio de la acción constitucional, por tanto, es por demás claro que inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen la vía de amparo, lo que actualiza de manera patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Sirve de soporte a lo expuesto la jurisprudencia VI.2º.C. J/243, consultable en la página 1651, del Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo". Así como la tesis 884, que puede ser localizada en la página 607, del Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. PUEDE PROMOVERSE RESPECTO DE LAS PRACTICADAS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. Los incidentes de nulidad de actuaciones no pueden promoverse después de pronunciada sentencia que causó ejecutoria, cuando se impugnan las actuaciones anteriores a dicha sentencia, ya que, de esta manera, se destruiría la firmeza de la cosa juzgada, pero cuando la nulidad solicitada sólo afecta actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo, sí puede plantearse y resolverse el incidente de nulidad de estas últimas actuaciones". Además la jurisprudencia VI.3o. J/27, visible en la página 987, del Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "NULIDAD DE ACTUACIONES PROCEDENTE, DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si la quejosa estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emana el acto reclamado, el incidente de nulidad de actuaciones previsto por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado dicho acto, y si no agotó ese medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, por lo que procede sobreseer el juicio de garantías de conformidad con lo previsto por la fracción XIII del artículo 73 y 74 fracción III de la Ley de Amparo, no obstante de que se reclame la falta de notificación personal de un proveído pronunciado en ejecución de sentencia, pues al caso resulta igualmente procedente dicho incidente cuando sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo". Además, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 422, del Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. SU RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 107, fracción V, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 38/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO.", deriva que la resolución ilegal de un incidente de nulidad de la diligencia de embargo es materia del juicio de amparo indirecto, pues si bien en el segundo precepto se reputa como violación procesal susceptible de ser materia del juicio de amparo directo la resolución ilegal de un incidente de nulidad, dicha disposición debe entenderse en armonía con el primer precepto referido, conforme al cual, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; situación esta última que tiene lugar en el supuesto de un embargo de bienes, ya que a las actuaciones en que se ordena o ejecuta dicho embargo, en la jurisprudencia se les ha considerado actos de imposible reparación. De ahí que si contra dichas actuaciones se promueve un incidente de nulidad, la resolución respectiva es impugnable a través del juicio de amparo indirecto" En tales condiciones, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo de conformidad con lo que establece el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No se desconoce el contenido de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro digital 178705, y publicada en el Tomo XXI, Abril de 2005, página 344, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUICIO DE AMPARO. DILIGENCIA DE EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. NO PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO CUANDO ÉSTA CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. El Código de Comercio establece una serie de formalidades para el desahogo de la diligencia de embargo en un juicio ejecutivo mercantil como son: ésta debe ser conducida por el actuario, en cumplimiento de un auto dictado por el Juez, en el que se mande requerir de pago al deudor, a su representante o a la persona con la que se entienda la diligencia y, en caso de no efectuarlo, se le requiera para que señale bienes suficientes a fin de garantizar las prestaciones reclamadas y se emplace al demandado. La diligencia terminará con la designación por parte del ejecutante del depositario y con el levantamiento del acta respectiva. Por su parte, el artículo 1394 del mismo Código de Comercio establece que el emplazamiento al demandado debe hacerse con las formalidades que ordenan los códigos adjetivos locales. La diligencia de embargo en los juicios ejecutivos mercantiles debe observar las reglas establecidas en el Código de Comercio y en las leyes procesales locales, ya que de no cumplirse con estas formalidades, se deja en estado de indefensión a la parte demandada en esta clase de juicios. Por tales motivos, no puede tenerse como consentido el acto cuando se reclama la diligencia de embargo, ya que éste es precisamente el acto reclamado, pues no se está de acuerdo con la misma y no se puede tener la certeza de que a la persona o personas que se les practicó tuvieron conocimiento en fecha cierta de dicho acto, ya que si los quejosos alegan que la misma fue ilegal, es una cuestión que debe resolverse de fondo y el Juez en la audiencia constitucional debe allegarse de los medios de prueba ofrecidos para tal efecto. Sobreseer en el juicio con apoyo en la fracción XII, del artículo 73, de la ley de la materia por los motivos expuestos, va en contra de la técnica del juicio de amparo ya que dicha figura procesal impide el estudio del fondo del asunto. Cuando se cuestiona la validez de la diligencia de embargo en el juicio mercantil, esta circunstancia permite analizar el acta respectiva, lo que ya no trae como consecuencia sobreseer en el juicio de amparo, sino en su caso otorgarlo o negarlo, de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la quejosa al no poderse valorar las pruebas que ofreció para desvirtuar la legalidad del acta en el juicio de garantías, lo que resulta contrario a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional". Sin embargo, en la contradicción de tesis 117/2004 que dio origen al criterio transcrito dicha sala determinó que las diligencias de embargo y emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil son insuficientes por si mismas para tener acreditado que el quejoso tuvo conocimiento del juicio seguido en su contra y en consecuencia, sobreseer por este motivo en el juicio de amparo, cuando son precisamente los actos reclamados en el juicio constitucional, que deben ser analizados en el mismo, ya que no puede tomarse en cuenta la sola existencia de la diligencia de emplazamiento, para deducir la eficacia del mismo, cuando lo que se alega en el juicio constitucional es precisamente la invalidez del efectuado. Es decir, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que no se puede partir del propio emplazamiento y embargo reclamados, para deducir la extemporaneidad del juicio de amparo cuando precisamente se controvierte que no se efectuaron conforme a derecho. Por tanto, este criterio es aplicable en los casos en que la parte quejosa se ostente tercero extraño y además de la diligencia de embargo, controvierta su llamamiento al juicio natural. Hipótesis que no se actualiza en el presente caso por los motivos expuestos al principio de este considerando. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos que reclamó del Juez Primero de lo Mercantil de esta capital de Durango, del Actuario Ejecutor adscrito al Departamento de Actuaría de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango y otra, derivados del juicio ejecutivo mercantil ********************. Notifíquese. Así lo sentenció y firma electrónicamente Alma Adriana Villanueva Madrid, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, ante la licenciada Adriana del Carmen Lozano Vázquez, Secretaria de Juzgado que autoriza las actuaciones. Doy fe.

  2. Principal

    De la certificación que antecede se desprende que mediante la circular SGP/02/2023 emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, y la circular 28/2023 del Pleno del propio Consejo se declararon inhábiles los días del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; de igual manera, conforme a la indicada circular 28/2023, se declararon inhábiles de manera retroactiva los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre dos mil veintitrés, en el entendido de que subsistirá la validez de las actuaciones y diligencias ya celebradas. Asimismo, mediante aviso de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, suscrito por el Coordinador de Magistrados del Vigésimo Quinto Circuito y el Coordinador de las Personas Titulares de los Juzgados de Distrito y del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango, se desprende que se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, toda vez que continuaron las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Motivo por el cual hasta el día de hoy se provee respecto de la promoción que se da cuenta. I. Recurso de inconformidad. Agréguese el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de inconformidad en términos del numeral 80, 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, téngasele interponiendo recurso de inconformidad contra el auto en que determinó el cumplimiento a la sentencia en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 203 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, para la tramitación de la mencionada inconformidad y para que tenga a bien determinar lo que proceda en relación con el recurso que se provee. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales correspondientes. II. Vista con adscripción de titular. Finalmente, con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del seis de noviembre del presente año, la Jueza Alma Adriana Villanueva Madrid fungirá como titular de este órgano jurisdiccional en sustitución de la Jueza Ruth Haggi Huerta García, y mientras subsistan las condiciones, o hasta en tanto el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, lo cual fue informado a este Juzgado de Distrito mediante oficio SEADS/2429/2023, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  3. Incidental

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito presentado por la parte quejosa en el presente incidente de suspensión, mediante el cual exhibe billete de depósito número ***** del Banco del Bienestar, por la cantidad de cuatro mil pesos, para que surta efectos la suspensión definitiva concedida a ella misma; comuníquese tal otorgamiento a las responsables y guárdese en la caja de valores de este Tribunal el citado documento. Se hace del conocimiento de las partes que, en términos de los artículos 3, fracción XII, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, por lo que las constancias firmadas electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes no serán agregadas al expediente físico, el cual solo contendrá las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generan de la misma manera. Finalmente, con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de octubre del presente año, la licenciada Ma. Angélica Pérez Herrera, fungirá como Secretaria en Funciones de Jueza de Distrito de este órgano jurisdiccional, en sustitución de la Jueza Ruth Haggi Huerta García, y mientras subsistan las condiciones, o hasta en tanto el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/2373/2023, de once de octubre de dos mil veintitrés. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217.de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Notifíquese.

  4. Principal

    CITATORIO PARTE TERCERA INTERESADA. ACUERDO DE 28/09/2023. Agrega informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde: Juez Primero de lo Mercantil del Primer Distrito Judicial. Con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que serán tomadas en consideración al dictar la sentencia que en derecho proceda. De las constancias recibidas se desprende que tiene el carácter de tercero interesado *** en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le reconoce tal carácter en este juicio de amparo. Se ordena emplazamiento al tercero interesado. En virtud de lo anterior, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado a fin de que lleve a cabo el emplazamiento a juicio de *** por medio de sus endosatarios en procuración ***, en el domicilio ubicado en ***, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y del auto de admisión. Asimismo, requiera para en el término de tres días, proporcione domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Durango y le aperciba para que en caso de no hacerlo sin previo acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le practicarán por lista de estrados, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al tercero interesado ***.

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