Maria Guadalupe Silva Avila

Expediente 142/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
142/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Silva Avila

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de febrero del año en curso, que desechó la demanda de garantías promovida por ... sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Ahora bien, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, dado que se desechó la demanda de garantías: lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual -como se hizo constar en la cuenta secretarial- la autoridad precisada en supra líneas informa las gestiones realizadas a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo emitida en autos y remite la constancia que así lo acreditan. En atención a lo anterior, virtud a que la autoridad oficiante con data ocho de febrero anterior, ordenó requerir al quejoso por el término de tres días, a efecto de que proporcione la diversa documentación necesaria para elaborar el formato único de personal determinado en el laudo emitido en el expediente laboral de origen, requiérasele para que dentro del término de tres días legalmente computado, informe si el quejoso exhibió la documentación requerida, en su caso si se elaboró el formato único de personal en cita y de ser así, haga llegar la constancia que así lo acredite, apercibida que de ser omisa, se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los numerales 237, fracción I y 259 ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ---, por sí y en cuanto madre y tutora de la menor con iniciales ---., contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán; regístrese en el Libro de Gobierno con el número VII-142/2021-1. Del análisis realizado al libelo constitucional, se deprende que los actos reclamados en esta instancia se hacen consistir en: ".IV.- ACTO RECLAMADO: 1. EL ILEGAL AUTO DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, dictado dentro del Juicio Ordinario Familiar número ---donde la responsable Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Piedad, ordena DECRETAR LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, SIN PODER PRECISAR LO QUE ORDENA AL DECRETAR LA MEDIDA CAUTELAR [.] 2.- LA FALTA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO FAMILIAR NÚMERO DE EXPEDIENTE --- TRAMITADO ANTE LA RESPONSABLE [.]". El suscrito estima que procede desechar respecto de los actos reclamados antes citados por ser notoriamente improcedentes, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; ésto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda del documento que a ésta se anexen, y de la constancia secretarial de cuenta; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Ahora, el numeral 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquéllos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, se interpondrá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor. c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que ostente sabedor del mismo, actualizándose en el particular el segundo de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos; además de que el artículo 19 de la ley de la materia, señala claramente los días inhábiles para su presentación. Ahora bien, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó: ".que en el mes de enero del presente año, presente demanda de amparo sobre estos mismos hechos, tocando conocer al Juzgado Segundo de Distrito, el cual con fecha 14 de Enero del presente año conoció del Juicio de garantías que registro con el número de expediente ---, en el cual se me requirió para que cumpliera una prevención la cual se me notifico con fecha 4 de Febrero del presente año, sin que la suscrita pudiera haberla cumplido en tiempo y forma, y como se le apercibió que en caso de no cumplirla se procedería en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, se me tendría por no presentada la demanda de amparo, motivo por el cual presento de nueva cuenta."; asimismo, que al realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), respecto del juicio de amparo ---, se advierte que la misma fue presentada el doce de enero del año en curso, en el buzón judicial y turnada en esa misma data a este órgano jurisdiccional; posteriormente, en proveído de catorce de enero siguiente, se previno a la parte quejosa para los siguientes efectos: ".1. Precise el acto reclamado, toda vez que del capítulo respectivo, así como de los antecedentes, no se advierte con claridad cuál es el mismo y la afectación que éste le ocasiona; asimismo, deberá precisar de dónde deriva aquél, toda vez que cita los juicios ordinarios familiares ---, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán; de ser posible, la parte quejosa deberá exhibir copia del auto reclamado, o bien, efectuar la transcripción de su contenido, de manera íntegra e inalterada. Igualmente, deberá especificar la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. 2. Ahora bien, como de la naturaleza de los actos reclamados, se advierte que subyacen derechos de la menor ---, que pudieran ser vulnerados por la determinación destacada; en consecuencia, la quejosa deberá precisar si promueve el presente juicio de amparo únicamente por propio derecho o también en representación de su menor hija; de optar por el segundo supuesto, deberá acreditar a representación que tiene respecto de la menor exhibiendo el documento idóneo Asimismo, es menester que allegue el documento con el que acredita detentar la guarda y custodia de dicha menor. Precisiones que son necesarias a fin de delimitar la litis constitucional, para proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, incluso sobre los efectos de la suspensión de los actos reclamados. 3. Para que de su demanda y escrito aclaratorio, acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se necesita, una para cada autoridad responsable, y una para el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado.." Al no dar cumplimiento la parte quejosa, en proveído de dieciséis de febrero en curso, se tuvo por no presentada la demanda de garantías, lo que se corrobora con las impresiones realizadas del citado juicio de amparo, y que se agrega a los autos. En las relatadas condiciones, es inconcuso que si bien la parte quejosa manifestó que nunca se le ha notificado por parte de la autoridad responsable, como parte del juicio de origen, lo cierto es que desde la presentación de la diversa demanda de garantías ---de nuestro índice) ya tenía conocimiento del acto reclamado, máxime que en el capítulo de antecedentes adujo que el ocho de enero del año en curso, elementos de la Policía Michoacán, comisionada en el municipio de Penjamillo, acudieron al domicilio porque la autoridad responsable había ordenado la restitución de la menor para entregársela al señor ---; por tanto, tomando en consideración la fecha de presentación de la diversa demanda de garantías (doce de enero del dos mil veintiuno); tal hecho surtió efectos al día siguiente hábil, de ahí que, como se asentó en la certificación de cuenta, el término de quince días que prevé la ley de la materia, para promover demanda de amparo en su contra, empezó a computarse del catorce de enero al cuatro de febrero del año en curso; por tal motivo, es incuestionable que si bien compareció dentro de dicho término a solicitar la protección y amparo de la justicia de la unión desde aquella data, no dio cumplimiento a aquellas prevenciones formuladas; y, al presentar nuevamente demanda de garantía en la que se duele de los mismos actos y autoridad, por ende, procede desechar la presente demanda de garantías por resultar extemporánea, en virtud de haber excedido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que la misma se presentó hasta el veinticinco de febrero en curso, como se advierte del sello de recibido que obra en autos. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Igualmente, se cita la tesis publicada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 316, tomo X Octubre, que a la letra dice: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los Jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: "El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Se comprende, pues, que los motivos manifiestos e indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicas a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece, por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento al promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal del Poder Judicial de la Federación --- a efecto de que genere un nombre de usuario; hecho lo anterior, deberá proporcionar a este Juzgado ese dato, para que se pueda autorizar la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este Órgano Jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 Y 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de video conferencias de todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle -- en esta ciudad; y en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, al licenciado ---, toda vez que según constancia secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula Profesional en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales.

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