María Guadalupe Sierra Sierra

Expediente 725/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 27 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
725/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe Sierra Sierra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el proveído de dieciséis de febrero de la anualidad, en el que se declaró cumplido el fallo protector, por lo que queda firme dicho auto, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, de conformidad con el párrafo cuatro del ordinal 196 de la Ley de Amparo, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y archívese el presente expediente como asunto concluido. Se hace la acotación que el presente asunto, es susceptible de depuración a partir del veintinueve de marzo de dos mil veinticinco, en virtud de haberse concedido a la parte quejosa la protección constitucional y por encontrarse en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del capítulo octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia, dese el destino final a los cuadernos incidentales, sin que sea necesario ordenar su engrose al cuaderno principal. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, al haberse concedido, la medida provisional y definitiva solicitada. De igual forma, en cumplimiento al capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá destruirse, una vez que transcurran seis meses a partir de la fecha en que se remitió al archivo como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 15, del capítulo quinto del citado acuerdo, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el citado acuerdo. Luego, con fundamento en el párrafo antepenúltimo del artículo 18 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que en el término de noventa días naturales, para que comparezca a recibir el documento original exhibido como anexo a su escrito de demanda, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibida que en caso de no atender lo antes requerido, sin necesidad de emitir acuerdo ulterior, será destruido. En tal virtud, dependiendo de la conducta procesal que asuma la parte quejosa, hágasele saber que para acudir a este órgano jurisdiccional, deberá gestionar su cita a través del sistema "Agenda OJ", y tramitar el código QR respectivo, en términos de lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdos General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  2. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de seis de enero de dos mil veintidós, en el que se le dio vista para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto al cumplimiento de la ejecutoria informado por la Delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Por consiguiente, al haber transcurrido el plazo concedido, sin que la parte quejosa haya desahogado la vista otorgada, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Resolución que fue confirmada por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión 297/2021 de su índice, y mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos veintiuno, se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia - A efecto de cumplir con la sentencia, la Delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, informó haber quedado cubierto el pago realizado a la quejosa ***********, de las cantidades por concepto de seguro de enfermedades, no profesionales y de maternidad (servicio médico) y reserva técnica, y para tal efecto remite copia certificada del acuse de recibido de los cheques 0090767 y 0018423, por las cantidades de $3,831.07 y $957.77 pesos moneda nacional, respectivamente; de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Por tanto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; con lo que se cumple lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con ello se colman los lineamientos de la sentencia en la que se concedió la protección constitucional, motivo por el cual debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, seis de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo de cuenta enviados por la Delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que ha quedado cubierto el pago realizado a la quejosa María Guadalupe Sierra Sierra, de las cantidades por concepto de seguro de enfermedades, no profesionales y de maternidad (servicio médico) y reserva técnica, y para tal efecto remite copia certificada del acuse de recibido de los cheques ************ y ************, por las cantidades de $3,831.07 y $957.77 pesos moneda nacional, respectivamente; de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento de referencia, con el apercibimiento que de no hacerlo, así dentro de dicho término este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los demás aportados por las autoridades responsables. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese el oficio que remite la Secretaria del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del expediente 725/2020 del índice de este juzgado, así como copia certificada de la ejecutoria de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión administrativo 297/2021 de su índice, en la que se resolvió: "PRIMERO. Quedan firmes los sobreseimientos decretados en el resolutivo primero de la sentencia que se revisa, respecto de los actos señalados en el considerando cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de revisión, se confirma la resolución recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *************, contra los actos, la autoridad y para los efectos precisados en el considerando noveno de la sentencia sujeta a revisión". Acúsese el recibo correspondiente. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. -Apercibimiento de multa- Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo otorgado, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular, esto es, a la PERSONA FÍSICA que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa. Asimismo, una vez impuesta la multa respectiva, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público Federal, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo, haciéndole saber que el delito previsto en el último numeral mencionado, está sancionado con pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, y en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

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