María Guadalupe Serna Pastrana
Expediente 1951/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1951/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/02/2022
Partes del expediente
- María Guadalupe Serna Pastrana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Téngase por recibido el oficio y anexo consistente en el juicio de amparo *** procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual informa que se declaró firme el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por el cual se declaró sin materia el recurso de queja planteado por la parte quejosa contra el acuerdo que tuvo por no presentada su demanda de amparo; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Asimismo, se tiene al órgano colegiado remitiendo el original del juicio de amparo en que se actúa, intégrense las constancias originales que obren en el expedientillo de antecedentes y tal y como lo solicita el tribunal de alzada, acúsese de recibido del mismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otro lado, vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra el auto que desechó la demanda origen de este juicio; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y archívese este juicio como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d) de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción
- Principal
Téngase por recibido el oficio y anexo consistente en el juicio de amparo *** procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual informa que se declaró firme el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por el cual se declaró sin materia el recurso de queja planteado por la parte quejosa contra el acuerdo que tuvo por no presentada su demanda de amparo; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Asimismo, se tiene al órgano colegiado remitiendo el original del juicio de amparo en que se actúa, intégrense las constancias originales que obren en el expedientillo de antecedentes y tal y como lo solicita el tribunal de alzada, acúsese de recibido del mismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otro lado, vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra el auto que desechó la demanda origen de este juicio; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y archívese este juicio como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d) de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito de cuenta, mediante el cual la parte quejosa ***, da cumplimiento a la prevención formulada en auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno. Analizada la demanda de amparo y el escrito de desahogo, a fin de proveer lo que en derecho corresponda se tiene que el promovente señala como actos reclamados: La instrucción de dejar insubsistente el nombramiento expedido a favor de la quejosa, violatorio de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano Así, a criterio de quien aquí resuelve, se tiene que, resulta improcedente la tramitación del juicio de amparo respecto de los actos enunciados en los literales por las razones que a continuación de exponen. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesta" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso concreto, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como actos reclamados: De lo que se colige esencialmente que reclama: La orden de dejar sin efectos su nombramiento, y como posible consecuencia de ello, el inicio de un procedimiento administrativo, la falta de seguridad social ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la retención del pago de su salario. Derivado de lo anterior, debe desecharse la demanda de amparo, pues a las autoridades a las que se les reclamó los diversos actos, no son autoridad para los efectos del juicio de amparo. Es así, puesto que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de ahí que este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, puesto que no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo. A efecto de demostrar lo anterior, es necesario citar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas concretas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Luego, es necesario que el acto reclamado cumpla con las referidas cuatro notas distintivas para que pueda considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que en caso de que no se satisfaga alguna, el medio de control constitucional será improcedente. En ese orden de ideas, los actos señalados con anterioridad que se imputan a las autoridades conforme al cuadro antes inserto con el que la parte quejosa aclaró sus actos reclamados y las autoridades a quienes los atribuyó se tiene con tal carácter a: 1. Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno de Puebla 2. Directora de Servicio profesional Docente de la Secretaría de Educación del Gobierno de Puebla Al respecto, se colige que los mismos, son referentes a una relación laboral originada entre el quejoso (como trabajador) y las señaladas como responsables (patrón) que debe dirimirse ante la autoridad competente, en un plano de igualdad (coordinación.) En efecto, los actos reclamados derivan de una relación laboral trabajador-patrón, es decir, entre particulares y no en una relación de supra a subordinación; motivo por el cual, las mencionadas autoridades carece de facultades y atribuciones por las normas legales para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, pues únicamente actúan en calidad de patrón, esto es, en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones entre las mencionadas autoridades de dicha secretaría, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo por cuanto hace a todos los actos reclamados.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito de cuenta, mediante el cual la parte quejosa ***, da cumplimiento a la prevención formulada en auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno. Analizada la demanda de amparo y el escrito de desahogo, a fin de proveer lo que en derecho corresponda se tiene que el promovente señala como actos reclamados: La instrucción de dejar insubsistente el nombramiento expedido a favor de la quejosa, violatorio de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano Así, a criterio de quien aquí resuelve, se tiene que, resulta improcedente la tramitación del juicio de amparo respecto de los actos enunciados en los literales por las razones que a continuación de exponen. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesta" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso concreto, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como actos reclamados: De lo que se colige esencialmente que reclama: La orden de dejar sin efectos su nombramiento, y como posible consecuencia de ello, el inicio de un procedimiento administrativo, la falta de seguridad social ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la retención del pago de su salario. Derivado de lo anterior, debe desecharse la demanda de amparo, pues a las autoridades a las que se les reclamó los diversos actos, no son autoridad para los efectos del juicio de amparo. Es así, puesto que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de ahí que este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, puesto que no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo. A efecto de demostrar lo anterior, es necesario citar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas concretas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Luego, es necesario que el acto reclamado cumpla con las referidas cuatro notas distintivas para que pueda considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que en caso de que no se satisfaga alguna, el medio de control constitucional será improcedente. En ese orden de ideas, los actos señalados con anterioridad que se imputan a las autoridades conforme al cuadro antes inserto con el que la parte quejosa aclaró sus actos reclamados y las autoridades a quienes los atribuyó se tiene con tal carácter a: 1. Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno de Puebla 2. Directora de Servicio profesional Docente de la Secretaría de Educación del Gobierno de Puebla Al respecto, se colige que los mismos, son referentes a una relación laboral originada entre el quejoso (como trabajador) y las señaladas como responsables (patrón) que debe dirimirse ante la autoridad competente, en un plano de igualdad (coordinación.) En efecto, los actos reclamados derivan de una relación laboral trabajador-patrón, es decir, entre particulares y no en una relación de supra a subordinación; motivo por el cual, las mencionadas autoridades carece de facultades y atribuciones por las normas legales para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, pues únicamente actúan en calidad de patrón, esto es, en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones entre las mencionadas autoridades de dicha secretaría, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo por cuanto hace a todos los actos reclamados.
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