María Guadalupe Sauceda Mendoza

Expediente 1196/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1196/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
12/07/2021

Partes del expediente

  • María Guadalupe Sauceda Mendoza
  • Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia dictada el veintidós de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario realizar el cómputo de la notificación realizada a las autoridades responsables para que puedan inconformarse con la sentencia de mérito, pues dado el sentido de la misma es claro que en nada agravia a éstas, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Así, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, por conducto de su apoderado Raúl Arellano Guzmán, contra los actos que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad; por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de treinta de abril pasado, remite copia certificada de las constancias solicitadas en dicho auto; consecuentemente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada de acuerdo a su propia y especial naturaleza, la documental que remite como apoyo a su informe de ley; y dese vista a las partes con su contenido. Notifíquese.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, en específico, las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe de ley, se advierte que se encuentran incompletas, pues la diligencia en la que se desahogaron las pruebas no fue fotocopiada de manera íntegra; por tanto, de conformidad con lo previsto por el precepto 75 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 79 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su arábigo 2°, requiérase a la referida autoridad responsable a efecto de que dentro del término de tres días siguientes al recibo del oficio de notificación respectivo, se sirva remitir copia debidamente certificada de la constancias aludida, es decir, de la audiencia celebrada el veinticinco de febrero de dos mil veinte, en el contradictorio laboral de origen. o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello, toda vez que dicha documentación resulta relevante para la resolución del presente asunto. Lo anterior encuentra sustento, en la Tesis I.13º. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de trece de abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías." En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, para dar margen a que lo anterior se lleve a cabo, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se DIFIERE para las ONCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, en el entendido que la data de mérito obedece a las cargas de trabajo con que cuenta este juzgado. NOTIFÍQUESE.

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