María Guadalupe Santana García

Expediente 540/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
540/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
01/08/2018

Partes del expediente

  • María Guadalupe Santana García
  • Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado. Ahora, tomando en consideración que en cumplimiento a lo ordenado en auto de once de mayo del presente año, se obtuvo copia certificada de las constancias que remitió en alcance a su informe justificado la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, y con ellas se formó un tomo de pruebas; en consecuencia, remítase a la autoridad responsable el tomo de pruebas que se obtuvo, por resultar innecesaria su retención al haberse ordenado el archivo definitivo en el presente juicio.

  2. Principal

    En la ciudad de Ensenada, Baja California, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del trece de julio de dos mil dieciocho, en audiencia pública Miguel León Bio, Juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Akemi Gabriela Luján Martínez, secretaria con quien actúa, se procedió a la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 540/2017, promovido por María Guadalupe Santana García, por conducto de su apoderado Juan Manuel Ávila Silva, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, sin la comparecencia personal de las partes. A continuación, la secretaria hago relación de las constancias y doy cuenta al juez con la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Santana García, por conducto de su apoderado Juan Manuel Ávila Silva, con el auto admisorio de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 38 reverso) y el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable el cual obra agregado en autos. A lo que el juez acordó: Se tiene por efectuada la relación de constancias que antecede. Seguidamente, se abre la etapa probatoria, en la que la secretaria doy cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad las que obran en un tomo de pruebas por cuerda separada. A lo que el juez acordó: Se tiene por hecha la certificación anterior y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas mencionadas con anterioridad, en virtud de que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto, con lo que se cierra la etapa probatoria. Agotada la fase probatoria y sin pruebas pendientes por desahogar, se da apertura a la etapa de alegatos, en la que la secretaria hago constar, que las partes no realizaron manifestación alguna. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la certificación secretarial que antecede y por perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Con lo anterior se concluye la audiencia y se levanta acta para constancia, procediéndose a dictar la sentencia respectiva en los términos siguientes: S E N T E N C I A Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 540/2017, promovido por María Guadalupe Santana García, por conducto de su apoderado Juan Manuel Ávila Silva, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y turnado a este juzgado ese mismo día, María Guadalupe Santana García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad; a lo que recayó el auto de veintidós de noviembre de esa anualidad, en la que se previno a la promovente a fin de subsanara la demanda en los términos precisados en el proveído en comento. Por auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete y por los motivos expuestos en éste, se desechó la demanda de derechos fundamentales. Posteriormente, la parte promoverte recurrió dicho auto el cual correspondió conocer sobre el medio de impugnación al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, quien mediante resolución de once de abril de dos mil dieciocho resolvió que es fundado el recurso de quejda promovido. Seguidamente, el diecisiete de abril se admitió a trámite la demanda de derechos fundamentales, respecto de los actos reclamados que hizo consistir en lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS "1.- La omisión de la ordenadora de acordar mi petición realizada el día diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, en la que solicito se señale fecha para la continuación de audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución dentro del juicio especial laboral con número de expediente 01/2017. "2.- La omisión de la ordenadora de señalar dentro de los quince días siguientes para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución en virtud de que ha sido omisa en dar trámite al juicio especial laboral con número de expediente 01/2017." Autoridad Responsable Sentido de Informe Justificado Foja 1 Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad Niega los actos reclamados 47 Segundo. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda registrándose en el libro de juzgado respectivo, bajo el número 540/2017-II, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, y 107 fracción VII constitucionales, 1o, 33, fracción II, 35, 37, 107, fracción IV de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo indirecto en materia laboral, correspondiente a esta jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, al Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados, esencialmente: La omisión de la autoridad responsable de dar contestación a su petición de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. La omisión de dar continuación al procedimiento laboral, específicamente, la de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y reservadas en audiencia de cuatro de mayo de dos mil diecisiete. En primer término, debe destacarse que en las sentencias de amparo debe analizarse el acto reclamado, atendiendo a la fecha de la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, Octava Época, bajo el registro 1002199, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". De igual manera, debe precisarse que se atenderá el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto la forma de analizar los actos en que se alegue violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, para establecer si existe omisión o dilación al tramitarse un juicio laboral, se delimitará en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral de donde deriva, a fin de respetar los principios de congruencia y exhaustividad a que se refieren los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, sin abarcar omisiones o dilaciones subsecuentes a las que se precisaron en la presente sentencia. Apoya lo anterior, la tesis 2a. CV/2013, (10a.) sustentada por la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, Décima Época, registro 2005150, que copiada en su rubro y texto, dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." TERCERO. SE DESVIRTÚA NEGATIVA. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este contexto, la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó los actos reclamados; sin embargo, del contenido de las documentales que anexó a su informe justificado a las cuales se otorga valor probatorio pleno al tenor de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se pone de relieve la existencia de éstos, ya que se advierte a la fecha de la presentación de la demanda de derechos fundamentales (veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete), los actos reclamados si existían, debido a que aún no se había dado contestación al escrito presentado por la parte quejosa con acuse de recibo por parte de la responsable de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, registrado con folio 5330, ni se había acordado lo relativo a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen. De ahí, que proceda desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en comento, y deba tenerse por ciertos los actos reclamados por cuanto a dicha autoridad se refiere. Apoya lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, página 391, cuyo rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Asimismo, es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia 226 del Pleno del Alto Tribunal, Tomo VI, Materia Común, página 153.con el rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Una vez establecida la existencia de los actos reclamados en los términos referidos en el considerando que antecede, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio advierta este órgano de control constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia(s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a su petición de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, así como la omisión de dar continuación al procedimiento laboral, específicamente, de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral 01/2017, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ". XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Lo anterior es así, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, las cuales obran en un tomo de pruebas por cuerda separada, se advierte lo siguiente: 1.- El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución a que se refiere el artículo 895 Ley Federal del Trabajo, en la que en etapa de pruebas, se reservó al pronunciamiento respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, dentro del juicio laboral con número de expediente 01/2017 (fojas 163 a 165). 2.- La parte quejosa, el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, a través de su escrito registrado con folio 5330, solicitó se señalara hora y fecha para la continuación de la audiencia (se precisa que la continuación de la audiencia, no era el señalamiento de una nueva fecha, sino el pronunciamiento sobre la admisión o desechamiento de pruebas al haberse reservado en la audiencia respectiva); promoción a la que recayó el auto de quince de marzo de dos mil dieciocho en el que se proveyó sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, destacando en lo que interesa, la admisión de la pericial médica a cargo del galeno Eloy Pérez Sánchez, ofrecida por la aquí quejosa, así como la diversa ofrecida por la parte demandada a cargo del médico Esperanza del Carmen Sainz Mendoza (fojas 170 a 176). 3.- Finalmente, mediante comparecencias de veintitrés y veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la responsable señaló las trece horas del dos de julio y las doce horas del cinco de junio del presente año, respectivamente, para el desahogo de la pericial médica a cargo de Eloy Pérez Sánchez y la valoración del actor a cargo de Esperanza del Carmen Sainz Mendoza en el juicio especial laboral con número de expediente 01/2017 (fojas 181 y 182). Como se aprecia de las constancias relativas a los actos reclamados, a la fecha en que se resuelve el juicio de amparo en que se actúa (trece de julio de dos mil dieciocho), no subsisten los actos reclamados consistentes en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a su petición de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete y la omisión de dar continuación al procedimiento laboral, específicamente, la de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas y reservadas en audiencia de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 01/2017, como ya se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues a la fecha dejaron de existir los actos de que se duele el solicitante del amparo. A mayor abundamiento cabe señalar, que de acuerdo al texto del artículo antes invocado, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando la revoca o deroga; de ahí, que debe estimarse han cesado los efectos del acto reclamado cuando la autoridad de quien emana lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. En este sentido, conviene precisar que para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean inexistentes al momento de la resolución del amparo, apareciendo una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho vulnerado. De lo anterior se colige que al haberse proveído sobre el escrito diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, así como sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas y reservadas en la audiencia de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 01/2017; es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados en comento, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, visible a fojas 38que al rubro y texto expresa: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este asunto acorde a lo dispuesto por el diverso precepto 63, fracción V de la citada legislación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 74, 78, 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 540/2017, promovido por María Guadalupe Santana García, por conducto de su apoderado Juan Manuel Ávila Silva, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, consistentes en la omisión de dar contestación a su petición de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete y la omisión de proveer sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas y reservadas en la audiencia de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 01/2017. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, ante Akemi Gabriela Luján Martínez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U E L V E Se sobresee en el juicio de amparo 540/2017..

  4. Principal

    EN ATENCIÓN A QUE EL TITULAR DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL GOZA DE LICENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, FIJÁNDOSE PARA SU CELEBRACIÓN LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO...FINALMENTE, COMUNÍQUESE A LAS PARTES QUE MEDIANTE OFICIO NÚMERO SEADS/698/2018, REMITIDO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADVIERTE QUE POR SESIÓN ORDINARIA DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE DESIGNÓ A MIGUEL LEÓN BIO, COMO JUEZ NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A PARTIR DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO; LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

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