Maria Guadalupe Sánchez López
Expediente 1034/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 19 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 09/02/2018
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Sánchez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
POR RECIBIDO EL ACUSE DE RECIBO DE CUENTA, AGREGUESE PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA.
- Principal
POR RECIBIDO EL OFICIO DE CUENTA POR EL QUE SE DECLARO FUNDADO EL IMPEDIMENTO DE ESTE JUZGADOR, ARCHIVESE EL ASUNTO UNA VEZ QUE SEA RECIBIDO EL ACUSE DE RECIBO DE MERITO.
- Principal
POR RECIBIDO EL ACUSE DE RECIBO DE CUENTA, AGREGUESE PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA.
- Principal
Vistos; tomando en consideración que del escrito de demanda de amparo, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se desprende que la parte quejosa reclama en el presente juicio la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, así como su ejecución, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 308/2016 de la estadística del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado con sede en esta ciudad; en la especie se advierte la posible existencia de una causa de legal de impedimento para poder resolver conforme a derecho el juicio de amparo en que se actúa. Para demostrar lo anterior, es importante tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo que establece: Impedimentos, Excusas y Recusaciones "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: . IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; ." Del artículo anterior, se desprende que una de las causas por las cuales los jueces de distrito deben excusarse de conocer de un asunto determinado en materia de amparo, lo es cuando dicho juzgador haya emitido, ya sea en otra instancia o jurisdicción, el acto que se reclame en el juicio de garantías respectivo; ello, puesto que tal circunstancia podría influir en la parcialidad del juzgador constitucional al momento de dictar la sentencia que en derecho procediere. Ahora, de las constancias que obran en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, se desprende que en atención a la demanda instaurada por Rey David Vázquez Hernández en contra del Ayuntamiento municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas (aquí parte quejosa), en proveído de quince de agosto del dos mil dieciséis, el suscrito juzgador como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con sede en esta ciudad, una vez que admitió la demanda promovida, ordenó llevar a cabo el requerimiento de pago y emplazamiento a la parte demandada, lo cual se debía ejecutar a través del despacho que se giró al Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Bochil, Chiapas, en atención al domicilio del demandado. Posteriormente, una vez que el Juez de Primera Instancia, con sede en Bochil, Chiapas, llevó a cabo la diligencia encomendada, misma que fue realizada el dos de septiembre de dos mil dieciséis; mediante proveído de diecisiete de octubre del mismo año, el suscrito juzgador, como se dijo, en su calidad de Titular del aludido órgano jurisdiccional ahora señalado como responsable, tuvo por diligenciado el despacho antes mencionado para los efectos legales a que haya lugar (fojas 39 a la 57 del tomo de pruebas). Bajo ese tenor, si como quedó establecido en párrafos que anteceden, el acto reclamado en el presente juicio fue ordenado por el suscrito cuando fungía como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, y en el juicio de amparo en que se actúa se deberá analizar, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de aquella actuación (orden de requerimiento de pago y emplazamiento), así como su ejecución, este juzgador estima de manera objetiva que en la especie puede actualizarse la causa de impedimento a que se refiere la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo antes transcrito. Con la precisión de que se externa lo anterior con base en los principios de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la labor jurisdiccional y en observancia a lo dispuesto por el numeral 55 de la ley de la materia. Sobre el particular, resulta observable la jurisprudencia I.6o.C. J/44 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 1344 de rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable." En las relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos 54, fracción III, inciso c) y 55, párrafo segundo de la Ley de Amparo, y en atención a las consideraciones expuestas con anterioridad, comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva sobre el impedimento que se plantea, debiéndosele remitir el original del presente juicio de amparo y anexos enviados por la autoridad responsable en apoyo a su informe para los efectos a que haya lugar, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional que estaba señalada para las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 128)
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