María Guadalupe Salinas Guerrero
Expediente 1318/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1318/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Guadalupe Salinas Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto dictado en este juicio de amparo el doce de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En tal, virtud y toda vez de que por auto de doce de enero de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio TCAPRES/AMP/162/2023 por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad, con el que acusa recibo del diverso oficio 665/2023, y remite copia certificada de dicho oficio; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/4591/2022, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se le tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado; igualmente, se le tiene remitiendo como complemento a su informe de ley, copia certificada del expediente laboral número 534/2018, que adjunta; por tanto, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte, que la quejosa *****, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que la parte quejosa reclamó el acto siguiente: La omisión de emitir el laudo dentro del juicio ordinario laboral número 534/2018. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, de las constancias que obran en autos se desprende que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, al rendir su informe justificado, refirió que si bien es cierto no se ha emitido el laudo en el juicio de origen, también lo es, que mediante acuerdos dictados el veintinueve de noviembre y siete de diciembre, ambos de dos mil veintidós, se concedió a las partes el término legal para formular alegatos y consecutivamente se decretó el cierre del periodo de instrucción, ordenando poner los autos a la vista de la autoridad colegiada para efecto de emitir el laudo que conforme a derecho corresponda, es decir, para la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veinticinco de noviembre de dos mil veintidós-, se encontraba en trámite dicho juicio laboral, cerrándose instrucción el pasado siete de diciembre, ambos de dos mil veintidós. Ahora, se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I y 63, fracción IV de la Ley de Amparo. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ." "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."; y, De conformidad con el primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, además que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En concordancia con lo anterior, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé el sobreseimiento del juicio cuando se demuestre que no existe el acto reclamado. Así las cosas, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, adjuntó a su informe justificado, copia certificada del juicio laboral número 534/2018, en el que obra el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós (foja 28), en el que se dejaron los autos del juicio de origen a la vista de las partes para que dentro del términos de tres días formularan sus respectivos alegatos, es decir, por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la secretaria de acuerdos certificó la inexistencia de pruebas pendientes por desahogar, por lo cual, otorgó el término de tres días a las partes para que manifestaran, lo que a su interés legal convinieran. La anterior documental se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Así las cosas, es oportuno establecer que en este caso, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causa de sobreseimiento citada, ya que de la revisión de las constancias que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, remitió con su informe justificado, se advierte que no existe el acto reclamado a esa autoridad, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda, se encontraba en trámite dicho juicio laboral, es decir, por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la secretaria de acuerdos certificó la inexistencia de pruebas pendientes por desahogar, por lo cual, otorgó el término de tres días a las partes para que manifestaran, lo que a su interés legal convinieran, y si bien es cierto por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se cerró instrucción, en el controvertido natural; no menos cierto es, que para la fecha de presentación de demanda -veinticinco de noviembre de dos mil veintidós- no se había cerrado instrucción; de ahí que, resulte inconcuso que a la fecha que se presentó la demanda al no haber cerrado la instrucción en el juicio laboral, por ende, no se encontraba en posibilidad de emitir el laudo correspondiente. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6673, del tomo LXXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 324127, que dice: ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley. En consecuencia, es evidente que respecto del acto que por esta vía se reclama, se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de lo relatado en párrafos que anteceden, se pone de manifiesto que no existe el acto reclamado. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que sustenta, la tesis número XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del tomo IV, correspondiente al mes de agosto de 2019, Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito que obra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de doce de enero de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, doce de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/4591/2022, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se le tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado; igualmente, se le tiene remitiendo como complemento a su informe de ley, copia certificada del expediente laboral número 534/2018, que adjunta; por tanto, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte, que la quejosa *****, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que la parte quejosa reclamó el acto siguiente: La omisión de emitir el laudo dentro del juicio ordinario laboral número 534/2018. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, de las constancias que obran en autos se desprende que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, al rendir su informe justificado, refirió que si bien es cierto no se ha emitido el laudo en el juicio de origen, también lo es, que mediante acuerdos dictados el veintinueve de noviembre y siete de diciembre, ambos de dos mil veintidós, se concedió a las partes el término legal para formular alegatos y consecutivamente se decretó el cierre del periodo de instrucción, ordenando poner los autos a la vista de la autoridad colegiada para efecto de emitir el laudo que conforme a derecho corresponda, es decir, para la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veinticinco de noviembre de dos mil veintidós-, se encontraba en trámite dicho juicio laboral, cerrándose instrucción el pasado siete de diciembre, ambos de dos mil veintidós. Ahora, se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I y 63, fracción IV de la Ley de Amparo. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ." "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."; y, De conformidad con el primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, además que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En concordancia con lo anterior, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé el sobreseimiento del juicio cuando se demuestre que no existe el acto reclamado. Así las cosas, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, adjuntó a su informe justificado, copia certificada del juicio laboral número 534/2018, en el que obra el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós (foja 28), en el que se dejaron los autos del juicio de origen a la vista de las partes para que dentro del términos de tres días formularan sus respectivos alegatos, es decir, por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la secretaria de acuerdos certificó la inexistencia de pruebas pendientes por desahogar, por lo cual, otorgó el término de tres días a las partes para que manifestaran, lo que a su interés legal convinieran. La anterior documental se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Así las cosas, es oportuno establecer que en este caso, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causa de sobreseimiento citada, ya que de la revisión de las constancias que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, remitió con su informe justificado, se advierte que no existe el acto reclamado a esa autoridad, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda, se encontraba en trámite dicho juicio laboral, es decir, por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la secretaria de acuerdos certificó la inexistencia de pruebas pendientes por desahogar, por lo cual, otorgó el término de tres días a las partes para que manifestaran, lo que a su interés legal convinieran, y si bien es cierto por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se cerró instrucción, en el controvertido natural; no menos cierto es, que para la fecha de presentación de demanda -veinticinco de noviembre de dos mil veintidós- no se había cerrado instrucción; de ahí que, resulte inconcuso que a la fecha que se presentó la demanda al no haber cerrado la instrucción en el juicio laboral, por ende, no se encontraba en posibilidad de emitir el laudo correspondiente. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6673, del tomo LXXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 324127, que dice: ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley. En consecuencia, es evidente que respecto del acto que por esta vía se reclama, se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de lo relatado en párrafos que anteceden, se pone de manifiesto que no existe el acto reclamado. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que sustenta, la tesis número XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del tomo IV, correspondiente al mes de agosto de 2019, Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito que obra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
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